Acción exterior contra la crisis

Bilbao

EN un contexto marcado por la crisis y por los retos que plantea el nuevo tiempo abierto tras el cese definitivo de ETA, los partidos que se presentan a la contienda del próximo día 21 han buscado movilizar a los votantes avisando de que la CAV se juega en las urnas el mantenimiento de los servicios sociales, el regreso a la senda del crecimiento económico, el modelo de encaje de Euskadi en el Estado, o los avances en la paz y la normalización. Sin embargo, dados los vaivenes que ha experimentado la política exterior vasca en la última legislatura, la presencia internacional de la CAV podría añadirse a esa lista de actuaciones susceptibles de cambiar sensiblemente en función del partido que ocupe Ajuria Enea. Una cuestión que podría influir en la superación de la crisis, si se tiene en cuenta que las delegaciones -elemento central de la política exterior- facilitan la relación con las autoridades políticas y empresariales del país donde se instalan, y contribuyen, así, a internacionalizar las empresas vascas.

La política exterior de Euskadi ha sido una de las áreas que más sentimientos contrapuestos ha suscitado tanto en el Estado como dentro del propio territorio vasco. El sistema, puesto en pie por los sucesivos gobiernos del PNV y asumido también en similares claves por ejecutivos como el de Catalunya, se topó en un primer momento con el veto del Gobierno español, que esgrimió argumentos competenciales para tratar de poner freno a la primera delegación, activada por el gabinete de José Antonio Ardanza y con sede en Bruselas.

El visto bueno del Tribunal Constitucional desbrozó el camino para que el lehendakari Ibarretxe cogiera el testigo, ampliara la red internacional de la CAV y proyectara nuevas oficinas para la presente legislatura -el Gobierno de López congeló los proyectos esgrimiendo las estrecheces de la crisis-, mientras la clase política más centralista lo consideraba un dispendio, o una muestra del supuesto adoctrinamiento del equipo del lehendakari. Los defensores de esa política han aludido al trampolín que supondría para la internacionalización de las empresas, o a las labores de cooperación.

En una economía como la vasca, con un peso notorio de la industria, la búsqueda de nuevos mercados y el impulso a las exportaciones se tornaría clave, y el anterior gobierno habría considerado ese factor al proponer la apertura de una sede en el Estado francés: según los datos del Eustat del pasado año, es el primer destinatario de las exportaciones vascas, con 4.125 millones de euros de volumen comercial. López canceló el proyecto.

los orígenes La presencia de la CAV en el mundo se remonta a la Guerra Civil, cuando el Gobierno del lehendakari Aguirre apostó por estrechar lazos con los países con una importante colectividad vasca, y cuando comenzó a abrir delegaciones en 1937. Tras el largo paréntesis de la dictadura, el Ejecutivo vasco volvió a considerar la puesta en marcha de una red internacional, máxime desde la incorporación del Estado español a la Comunidad Económica Europea en 1986.

A raíz de la firma del Estatuto de Gernika, Lakua se vio ante el reto de institucionalizar el autogobierno, articular la Administración y desarrollar las políticas públicas referidas a las competencias transferidas, por lo que Euskadi no podía perder detalle de las decisiones que tomara Europa en cuestiones que le afectaran, o de los fondos estructurales de los que pudiera beneficiarse la CAV. Desde esa óptica se entiende que la primera delegación exterior tuviera sede en Bruselas, la capital europea. Esa primera oficina se activó desde un Ejecutivo de coalición con el PSE, si bien los socialistas adoptaron una posición abiertamente beligerante contra el siguiente gabinete de Ibarretxe y su supuesto adoctrinamiento en política internacional.

El primer secretario de Acción Exterior en los tiempos del lehendakari Ardanza, el jeltzale Iñaki Goikoetxeta, llega a considerar que la delegación se reveló muy útil en el proceso de integración de Euskadi en la Unión Europea en unos tiempos convulsos marcados por la reconversión industrial y la modernización económica. "La delegación vasca estuvo entre las primeras delegaciones de regiones-estado o entes subestatales ante la Unión Europea y, desde el principio, su trabajo fue muy reconocido", avala en declaraciones a DEIA. Además, destaca el apoyo a los agentes económicos, culturales y sociales cuya apertura hacia Europa se consideraba una "tarea fundamental del autogobierno vasco".

Pero el recorrido hacia ese punto no estuvo exento de dificultades ni de pasos intermedios. En 1986, el Gobierno vasco únicamente contaba en Bruselas con la representación de la Sociedad para la Promoción y la Reconversión Industrial (Spri), y decidió dar el salto hacia una oficina más institucional en la capital belga. Se trataba no solo de apoyar el tejido económico y social de la CAV, sino también de que las instituciones vascas se encontraran representadas con una delegación formalmente establecida, "de que Euskadi tuviera una voz y una plataforma representativa y política en Bruselas", según explica Goikoetxeta.

Lakua aprobó un decreto a tal fin en 1988, pero se topó con el conflicto de competencias incoado por Joaquín Almunia, ministro de Administraciones Públicas del Ejecutivo de Felipe González, que no dudó en impugnar la creación de la delegación ante el Tribunal Constitucional. La judicialización puso en suspenso la apertura de la embajada vasca.

Goikoetxeta revive las tensiones que presidieron las conversaciones entre Gasteiz y Madrid. "El Gobierno español quería encerrar a Euskadi en el marco estatal, obstaculizando la apertura exterior de nuestro país. El proceso fue muy duro y no hubo acuerdo. La posición del Gobierno español fue de todo punto intransigente con la apertura de la delegación. Razonaba su oposición atendiendo a la competencia exclusiva del Estado sobre las relaciones internacionales. Sin embargo, admitía que una sociedad pública pudiera tener una antena u oficina en Bruselas. Lo que fundaba su negativa era que la delegación fuera del Gobierno, de una institución política", considera.

Mientras duró la suspensión y hasta que el Tribunal Constitucional emitió su fallo, Lakua optó por una solución transitoria, que pasaba por transformar esa sede en una sociedad pública mercantil -Interbask, S.A.- para que el Estado no pudiera clausurarla. La nueva figura, según precisa Goikoetxeta, asumió las competencias de relación y de seguimiento de las políticas comunitarias durante ese periodo. Paralelamente, el Ejecutivo tejió su entramado institucional destinado a la red internacional, con la conformación en 1991 de la Secretaría General de Acción Exterior, enmarcada en el Departamento de Lehendakaritza.

En 1994 llegaría la sentencia, que dio luz verde a la CAV y al resto de los territorios para que desplegaran sus delegaciones y pudieran ejercer actividades de proyección externa en las materias de su competencia. Dos años después, el 6 de febrero de 1996, el lehendakari Ardanza inauguraba oficialmente la sede de Bruselas.

Una vez despejado el escollo de la judicialización del proceso, Juan José Ibarretxe pudo continuar la tarea y abrir el foco de la acción exterior a América o al propio Estado, donde inauguró su sede de Madrid en enero de 2003. Ese mismo año, Lakua abriría su primera oficina en Latinoamérica, con el desembarco en México. La lista continuó ensanchándose con las sedes de Chile, Argentina, Estados Unidos y Colombia.

Además, el departamento del Gobierno destinado a la acción exterior siguió tomando cuerpo con la creación en 2002 de la Dirección de Relaciones Exteriores, que pasó a gestionar Mikel Burzako. En 2005, se aprobó la Estrategia de Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de Euskadi; se previó abrir nuevas delegaciones en Alemania, Gran Bretaña y Francia; y se apostó por estrechar lazos con Italia, los países nórdicos y los del Este. Al margen de la red de delegaciones, el Gobierno también cuidó a la diáspora vasca, agrupada en torno a las Euskal Etxeak, y destinataria de ayudas a cargo de los presupuestos vascos. En las cuentas de este año, sin embargo, el Ejecutivo de López ha mermado en un 11,8% los recursos destinados a las colectividades.

la última legislatura No fue el único cambio. Nada más llegar a Lakua, el socialismo reordenó a la baja la política exterior: borró del mapa la sede prevista para el Estado francés -a pesar de que los trámites del anterior Ejecutivo estuvieran en fase avanzada-, postergó la de Alemania, y fusionó las oficinas de Estados Unidos y México bajo un mismo delegado que aún no ha nombrado. Un técnico designado a tal efecto -pero sin los galones oficiales de la figura del delegado- se encarga de gestionar esa titánica y culturalmente dispar zona geográfica, además de Canadá. "La política ha sido quebrada por el actual Gobierno vasco, que no ha atendido un principio evidente: es preciso invertir en la acción exterior para que nuestra personalidad sea reconocida y oída y, asimismo, para que nuestra economía se internacionalice. Una pequeña inversión de futuro", sintetiza Goikoetxeta. El Gobierno vasco, por su parte, ha optado por promocionar el turismo de Euskadi bajo la marca España.

urchueguía Por otra parte, y aunque el PSE reivindicó la gestión técnica y volcada en los intereses económicos, la oposición puso sobre la mesa el perfil político de la mayoría de los delegados nombrados por el equipo de López, y las controversias en las que se vieron envueltos los emisarios de Latinoamérica. La red internacional se vio sacudida por los rifirrafes del delegado para Colombia, Venezuela y América central Iñaki Martínez, que fue nombrado persona non grata por la Euskal Etxea de Bogotá al considerar que ponía en práctica políticas "sectarias y excluyentes".

Poco después se levantó el castigo al delegado, pero otras polémicas, como las presuntas irregularidades de la delegada de Chile y Perú Ana Urchueguía en la concesión de ayudas al municipio nicaragüense de Somoto durante su época al frente del Ayuntamiento de Lasarte-Oria también han convulsionado la red de Lakua. La controversia estalló a raíz de que Urchueguía adquiriera en 2007 una de las mayores fincas de Nicaragua a la Asociación de Desarrollo Comunitario, una ONG cuya creación impulsó ella misma y que era destinataria de las ayudas de Lasarte-Oria.