La Fiscalía no imputa al ex director general de la Policía en el 'caso Faisán'

bilbao. La Fiscalía de la Audiencia Nacional no aprecia delito contra el ex director general de la Policía Nacional, Víctor García Hidalgo, por la delación que, el 4 de mayo de 2006, alertó a ETA de una operación que se iba a realizar contra su aparato de extorsión, un asunto conocido como el caso Faisán. Sin embargo, sí considera que hay pruebas contra los otros dos investigados por el supuesto chivatazo en el bar de Irun que da nombre al caso. Son el exjefe superior del cuerpo policial en Euskadi, Enrique Pamiés, y el exjefe de la Brigada de Información en Araba, José María Ballesteros.

Así se desprende del informe previo al cierre de la instrucción que fue entregado ayer al juez Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, y en el que la Fiscalía no entró a valorar los delitos presuntamente imputados a los tres responsables policiales. De no apreciarse presunta colaboración con la organización armada por parte del magistrado, la causa debería ser remitida a los juzgados de Irún.

El fiscal Carlos Bautista ha corroborado "la verosimilitud de la imputación de Pamiés y Ballesteros, así como la consistencia incriminatoria de los indicios existentes contra ellos". En el caso de García Hidalgo, por contra, no se ha aportado "diligencia alguna, concreta y específica" que pueda demostrar su implicación en el caso Faisán que tanta controversia generó en el ámbito policial y político.

aparente ilegalidad El sucesor de uno de los encausados en el caso Faisán -Pamiés- en la cúpula de la Policía Nacional en la CAV, Fernando Amo, ha sido cesado cautelarmente por un juez de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, entre otros motivos, por no contar con la titulación requerida para el puesto que desempeña desde enero. Su cargo está asimilado al de subdirector general, puesto para al que sólo se puede acceder con licenciatura universitaria.

El recurso contra el nombramiento de Amo fue interpuesto por un inspector. La Delegación del Gobierno en el País vasco ya ha adelantado que recurrirá la suspensión cautelar dictada por el tribunal.