ELA remite al fiscal el "fraude" de Lanbide

Bilbao. La Justicia ha declarado nulas varias contrataciones y nombramientos en Lanbide al detectar "arbitrariedad" en los procesos de selección. ELA confirmó ayer que los jueces le han dado la razón en ocho de los recursos que presentó el año pasado, como adelantó DEIA. Las sentencias van más allá de la adjudicación de las jefaturas. Afectan a concursos de movilidad interna y a contrataciones al margen de la bolsa de trabajo de la Administración, entre otras cuestiones. Todo ello supone, a juicio de ELA, un "fraude sistemático" en las contrataciones dentro de Lanbide y por ello lo pondrá en conocimiento de la Fiscalía.

El responsable de Servicios Públicos del sindicato vasco, Ramón Uriarte, explicó las líneas generales de los fallos que declaran nulas varias adjudicaciones de puestos. Las ocho sentencias afectan a 14 personas, pero ELA no precisó sus nombres porque considera que lo importante son las prácticas que han sido reprobadas por los tribunales. Además, hay informes de la Inspección de Trabajo que señalan que un centenar de trabajadores de Lanbide están contratados "irregularmente".

Uriarte sostuvo que esas cuestiones forman parte del "caos" que reina en la agencia de colocación del Gobierno vasco a punto de cumplirse sus dos primeros años de vida. Junto a la denuncia ante el fiscal, el responsable en el sector público de ELA exigió que se depuren responsabilidades políticas porque el actual Gobierno no se puede "ir de rositas" después de "ese desaguisado". Así, citó como responsables a Gemma Zabaleta, el director de Lanbide, Javier Ramos, el viceconsejero de Empleo, Javier Ruiz, y el viceconsejero de Función Pública, Juan Carlos Ramos, entre otros, con el "consentimiento de su jefe", en referencia a Patxi López.

Por encima de casos concretos están las prácticas "fraudulentas" y por ello ELA solo hizo públicas dos de las sentencias favorables a sus denuncias. Uno de los fallos hace referencia a una convocatoria impugnada por ELA que se estableció para la provisión de movilidad interna de nueve plazas en Servicios Centrales, una en la oficina de Irun y dos en la de Portugalete.

ELA denunciaba que esta convocatoria era "contraria a derecho" porque se ofertaba a todo el personal de Lanbide sin que se conozca si los puestos ofertados están destinados a ser ocupados por personal laboral o funcionarios con plaza.

Su denuncia incidía precisamente en que las funciones a desempeñar están reservadas al personal fijo y la resolución judicial avala esa posición. El juez condena a Lanbide a la retroacción del proceso selectivo al momento de la convocatoria y aprobación de sus bases. El concurso está anulado.

precariedad El otro fallo hecho público incide tangencialmente en una de las decisiones más controvertidas de Zabaleta, incluir la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos en Lanbide. ELA denunció la contratación de cuatro trabajadores temporales con contrato de obra hasta fin de servicio como orientadores laborales de beneficiarios de la RGI. El juez "advierte" del fraude contractual y "recomienda" a Lanbide la conversión en indefinidos de esos contratos por tratarse de una actividad ordinaria del servicio que no se extinguirá y que no responde a las características del contrato por obra.

Se trata este último de un tirón de orejas menor, pero que pone de manifiesto la irregularidad en las contrataciones dentro de la agencia de colocación. "Es absolutamente inadmisible que siendo Lanbide el organismo público responsable del empleo, sea un gran defraudador en las condiciones laborales de sus propios trabajadores", aseguró Uriarte.

El sindicato denunció una vez más el retraso en la elaboración de la relación de puestos de trabajo y afirmó que los problemas que lastran la actividad de Lanbide se derivan de la decisión de constituir Lanbide como ente público de derecho privado con la intención de "alejar el control público". Dentro del "caos" general en la actividad, ELA apunto a la existencia de varios denuncias por mobbing e incluso de un informe del servicio de prevención laboral del Gobierno vasco que advierte de que "las condiciones laborales inadecuadas" pueden poner en riesgo la salud de los trabajadores.

Uriarte denunció la intención del Gabinete de López de "blindar un espacio de impunidad para hacer y deshacer a su antojo en Lanbide". A su juicio, pretende implantar una cultura en la que "la arbitrariedad sea la norma" para "poner y quitar gente". Hay un "coctel completo" para que sea "posible cualquier cosa", incluso "la corrupción".