El CTB queda de nuevo en evidencia con barik

Bilbao. Los responsables del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) han vuelto a quedar en evidencia. El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC), una entidad fiscalizadora creada por el Gobierno vasco el pasado año, ha declarado nula la adjudicación realizada por el CTB de la campaña de información que se iba a llevar a cabo para la implantación de barik, el billete sin contacto que se puede utilizar desde la semana pasada en casi todos los transportes públicos de Bizkaia.

Es la última prueba de una gestión nefasta en torno a la implantación del nuevo título después de que se haya puesto en marcha con ocho meses de retraso según el plan previsto, que no llegue a todos los transportes (Renfe y Feve han quedado fuera), que se regalen más de 170.000 tarjetas barik a colectivos desfavorecidos, mayores y familias numerosas en pleno periodo electoral y que se envíen 140.000 cartas personales con un número de teléfono de información equivocado.

El dictamen redactado por el OARC el pasado día 10 de este mes no tiene recurso posible e implica de facto una ausencia total de comunicación a la sociedad de un cambio tan importante para los usuarios de metro, tranvía, Bizkaibus, Bilbobus o Euskotren. Un primer cálculo indica que más de medio millón de vizcainos podrán tener barik en sus carteras una vez se haya finalizado el proceso de migración del actual creditrans de cartón.

El nuevo revés para los responsables socialistas del CTB, con Iñaki Prego a la cabeza, se concreta en la aplicación errónea de una fórmula matemática propuesta por el propio CTB y que ha llevado al órgano fiscalizador a tumbar el fallo del concurso. Una licitación, además, que fue adjudicada a la empresa donostiarra Signos de Identidad, firma que tiene ya un contrato con el CTB desde la primavera pasada para gestionar la comunicación de la entidad. Esta labor también la ejerce desde hace casi dos años en Metro Bilbao, sociedad de la que también es consejero delegado, Iñaki Prego.

Concurso público Todo comenzó el 28 de abril pasado cuando el CTB sacó a concurso público el contrato de Consultoría para la elaboración de proceso de información pública para la implantación de la tarjeta barik. El objetivo era poner en marcha un plan de comunicación que permitiera dar a conocer a la sociedad el nuevo sistema con lo que ello implica de publicidad en los medios de comunicación (prensa, radio, televisión, internet), presencia en la calle, atención a los clientes, etc.

El CTB preveía gastar en este contrato 720.000 euros, IVA excluido. Al concurso se presentaron cuatro empresas. Además de la mencionada Signos de Identidad, entregaron sus ofertas las vascas Aurman y Gestión de Medios, y también la firma Negociación y Compra Advertising (N&C), radicada en Madrid y con sedes en Portugal e Italia.

El 3 de agosto el CTB resuelve adjudicar el contrato a Signos de Identidad, que había presentado una oferta económica algo más baja, 667.325 euros, sin IVA. La decisión se tomó en base a dos criterios, según concreta el pliego de cláusulas administrativas del concurso.

Por una parte, están los criterios cuantificables que recogen la oferta económica en base a una fórmula matemática y que, sobre 100, puede tener un valor máximo de 30 puntos. Los restantes 70 puntos se otorgan en base a criterios subjetivos, no cuantificables, como son el análisis detallado de las actuaciones a realizar, la metodología de los trabajos y la introducción de nuevos enfoques y mejoras.

Estos criterios fueron valorados por un comité de expertos compuesto por Vidal Martínez, mano derecha de Prego en el CTB; Nieves Pérez Miñana, directora jurídica de Metro Bilbao, y Susana Palomino, hasta hace un mes responsable de Marketing en el suburbano.

El comité valoró la oferta ganadora con 60 puntos, la de Aurman con 35, para N&C fueron 25, y Gestión de Medios, 20. En cuanto a los criterios cuantificables, Signos de Identidad obtuvo 10,61 puntos, Aurman 2,01, Gestión de Medios 4,03 y N&C, cero puntos.

La firma madrileña no estaba de acuerdo en cómo se habían aplicado estos criterios matemáticos, ni tampoco con las valoraciones efectuadas por el comité de expertos para descalificar su propuesta. Por ello presentó un recurso con alegaciones. Ello supuso que automáticamente, tal y como contempla la Ley de Contratos del Sector Público, se suspendiera el concurso y su adjudicación. También por ley, el CTB tuvo que enviar al Órgano Administrativo de Recursos Contractuales las alegaciones, algo que hizo efectivo el 27 de agosto. Con los razonamientos de N&C, el CTB también adjuntó ese mismo día la petición de que se levantara cautelarmente la suspensión.

En la argumentación a la que ha tenido acceso este periódico, además de no dar posibilidad alguna a N&C de ganar el concurso, el CTB indica que "no es entendible que un recurso se base exclusivamente en temas relacionados con valoraciones no cuantificables automáticamente, cuestionando las decisiones de un comité de expertos, y no basado en temas jurídicos o criterios objetivables".

Argumentos de ambas partes Con este panorama, los técnicos del órgano resolutorio estudiaron los razonamientos de ambas partes, pero curiosamente no se fijaron en los del apartado subjetivo que argüía el CTB sino que se dieron cuenta que la fórmula matemática tenía irregularidades. Tras petición de varias informaciones al Consorcio, el órgano fiscalizador dictaminó que el propio CTB no aplicaba correctamente la fórmula aportada por ellos en el pliego de cláusulas administrativas. Según la resolución enviada la semana pasada a las partes, y a la que ha tenido acceso DEIA, el órgano indica que el CTB ha introducido "a posteriori una fórmula nueva distinta a la que inicialmente aprobó y publicó". Por ello y en base a que "debe prevalecer el interés general", el OARC desestima la petición de levantar la suspensión solicitada por el Consorcio, una decisión contra "la que no cabe interponer recurso alguno", especifica.

De esta manera, por una irregularidad del CTB en la adjudicación del concurso, los vizcainos se han quedado sin una campaña de comunicación de entidad como requería la implantación de un dispositivo que van a utilizar cientos de miles de personas.

Sobre las alegaciones presentadas por N&C, el órgano fiscalizador indica que "se dilucidarán en la resolución del recurso especial en materia de contratación" que emitirá próximamente.