Un ahorro de alto precio

DEL mismo modo que la crisis económica está siendo esgrimida como ultima ratio para promover la recentralización política española, también sirve a algunos para socavar la legitimidad de la arquitectura institucional vasca. Y, sin embargo, los argumentos que relacionan con la crisis económica una hipotética necesidad de modificar esa arquitectura son endebles.

La estructura político-administrativa vasca tiene la virtud del equilibrio. Al distribuir las responsabilidades entre diferentes agentes, se genera un sistema de contrapesos que minimiza el riesgo de que una única opción imponga su política al conjunto de la comunidad. Hasta hoy, todas las grandes opciones políticas han ejercido el poder en alguna de las diputaciones forales, y han sido varios los partidos que se han alternado en los departamentos del Gobierno vasco. Todo ello ha permitido que el país no se haya dirigido de acuerdo con una única orientación ideológica.

Por otro lado, nuestra estructura administrativa permite que las decisiones que afectan más directamente a los ciudadanos se tomen lo más cerca posible de ellos. De hecho, sería bueno que más políticas públicas dependieran de las instituciones más cercanas, que son los ayuntamientos y las diputaciones forales. La Comunidad Autónoma Vasca disfruta de mejor salud económica que las del resto del Estado, y sus ciudadanos contamos, en general, con mejores servicios públicos. Pues bien, parte del mérito ha de ser atribuido a nuestra arquitectura institucional.

Por otro lado, cuando se plantea la necesidad de acabar con las duplicidades de funciones que al parecer se dan, está implícita la idea de que son las instituciones territoriales las que deben sufrir la correspondiente poda. Sin embargo, puestos a eliminar duplicidades, me pregunto por qué, en primer lugar, no se consideran aquellas en las que interviene la Administración central del Estado. Y si de las administraciones forales y autonómica se trata, me permito recordar que siendo Ramón Rabanera diputado general de Álava, encargó un estudio a tres profesores universitarios, quienes llegaron a la conclusión de que en las duplicidades era, sobre todo, la administración general de la CAV la que asumía competencias que no le correspondían.

Analicemos, por último, si este entramado resulta, de verdad, tan caro como dicen. Y para ello, el mejor indicador del coste de la arquitectura institucional de un país o territorio es la cantidad de empleos públicos que mantienen sus administraciones. En la CAV hay 52 empleos públicos por cada mil habitantes. Pues bien, resulta que, por ejemplo, en Navarra hay 54, 59 en Andalucía, 66 en Madrid, y 85 en Extremadura. Solo en Cataluña (41) y en la Comunidad Valenciana (45), hay menos empleos públicos que en Euskadi. No parece, por lo tanto, que la arquitectura institucional vasca resulte, al menos en términos comparativos, tan cara.

EH Bildu y PSE se han manifestado partidarios de modificar nuestro entramado institucional para dar más competencias al gobierno y parlamento vascos, y quitárselas a las diputaciones y juntas generales. No es poco lo que en estas decisiones está en juego, porque corremos el riesgo de que, en aras de un ahorro más que incierto, acabemos pagando un alto precio.