El debate sobre los desahucios se aviva tras el intento de suicidio de otro hombre

BILBAO. Algo más de un centenar de personas se concentraron ayer ante la sede de la Subdelegación del Gobierno en Granada para exigir medidas que eviten los desahucios, en un acto de protesta celebrado tras el funeral del hombre de 53 años que se quitó el jueves la vida poco antes de ser desahuciado de su vivienda. Esta fue la respuesta popular ante un hecho desesperado que ayer estuvo a punto de consumarse de nuevo en Valencia. Un vecino de Burjassot que iba a ser desalojado de su casa intentó suicidarse tirándose por el balcón de su casa cuando llegó a ella la comisión judicial que iba a ejecutar el desahucio.

El hombre, de 50 años y desempleado, sobrevivió a la caída desde un segundo piso y fue hospitalizado, sin que su vida corra peligro. Al menos 350.000 familias han sido desahuciadas en los últimos cuatro años en Estado español, desde el inicio de la crisis económica, por no poder hacer frente al pago de las hipotecas.

La protesta vecinal en Granada no fue la única respuesta al drama de los desahucios. Instituciones como el Defensor del Pueblo Andaluz hasta plataformas ciudadanas como Stop Desahucios, pasando por el fiscal general del Estado o la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Margarita Robles, sumaron ayer sus voces en favor de medidas encaminadas a resolver este drama mediante un cambio urgente de la legislación. El Defensor del Pueblo Andaluz denunció "una vez más" la persistencia en España de una regulación de la deuda hipotecaria "que además de ser manifiestamente injusta y anacrónica está contribuyendo a agravar las consecuencias de la crisis" a muchas familias porque las aboca "a la marginalidad y la exclusión social", según un comunicado. Tras manifestar su "profundo pesar" por la "terrible decisión personal desesperada" ocurrida en Granada, esta institución cree "imprescindible" acometer "con la mayor urgencia" un cambio en la normativa que regula la ejecución por impago de deuda hipotecaria para "dotar de mayor equidad a estas ejecuciones, reforzando los derechos de los deudores frente a las entidades financieras y posibilitando que los jueces puedan intervenir en salvaguarda de los derechos de deudores de buena fe".

Su petición coincide con las conclusiones del informe de los seis magistrados del CGPJ que el gobierno de los jueces se negó siquiera a admitir a trámite este miércoles. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, mostró ayer su respeto por dicho informe y recordó que "la perspectiva de la ley es que esta se aplique siempre de acuerdo con la realidad social".

Por su parte, la vocal del CGPJ Margarita Robles lamentó que este órgano judicial "ha tenido poca sensibilidad" al no abordar el informe que proponía agilizar y abaratar los procesos de desahucio. Robles manifestó en Salamanca que pese a esa "poca sensibilidad" lo importante es que el "estudio existe y que demuestra el compromiso de los jueces" con determinados asuntos sociales. En el segundo trimestre de este año aumentaron los desahucios un 13,4% con respecto a 2011, y de los que creen que se puede abaratar su coste.