Acto multitudinario, responsabilidad pública

LA muerte de tres jóvenes de 18 años en una avalancha producida durante una macrofiesta de Halloween organizada por una empresa privada, Diviertt S. L., en el Madrid Arena, recinto propiedad del Ayuntamiento madrileño; se ha tratado de exponer ante la opinión pública como un desgraciado suceso fruto del desmán puntual de quien arrojó una bengala en uno de los túneles de acceso. El propio vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, ha señalado que la triple muerte -otras dos jóvenes, una menor de edad, se hallan en estado crítico- se produjo por "causas ajenas a la infraestructura, condiciones y seguridad del recinto". Sin embargo, aun no obviando la inconsciencia de quien provocó la explosión, la responsabilidad municipal va más allá del mantenimiento de una infraestructura, condiciones y seguridad de la misma por ser competente asimismo en los actos que en ella se desarrollan, no solo debido a la titularidad municipal sino también como institución pública encargada de velar por sus ciudadanos y de asegurarse del cumplimiento de las normas. En este sentido, las declaraciones de los asistentes a la macrofiesta y las imágenes de la misma desatan serias dudas sobre la veracidad de las cifras de asistencia -9.650 entradas vendidas de un aforo de 10.600, según la empresa- al igual que los testimonios de quienes se encontraban en el mismo túnel de acceso en el que sucedió la tragedia sitúan algo más que interrogantes sobre la accesibilidad a las salidas de emergencia y, en consecuencia, cuestionan seriamente el preceptivo e imprescindible control municipal incluso sin tener en cuenta que la misma existencia de bengalas o petardos en el interior ya discute la seguridad del evento. Más aún, el simple hecho de permitir una fiesta tan multitudinaria y de estas características en un recinto cerrado y además no concebido para este tipo de actos, la permisividad en la introducción, consumo y venta de alcohol dentro del mismo, la presencia de menores y la falta de exigencia en cuanto a la capacidad de la organización para responder a imprevistos que pudieran degenerar en situaciones de la gravedad de la que ha costado tres vidas son ya motivos más que suficientes para calificar la actitud de la administración de imprudente y exigir que se diriman las responsabilidades inherentes a la misma.