Informe sobre la Universidad

EL Informe sobre la Universidad, encargado por el Ministerio de Educación a un grupo de prestigiosos académicos españoles, ha levantado algunas polémicas. No podía ser de otra forma. La Universidad está, al igual que otras instituciones en España, muy tensionada. El debate alrededor de su presente y futuro necesita de otros contextos: más tranquilidad, el clima social y político donde la discusión puede ser razonada con vistas a crear consenso sobre los medios y los fines de la institución, los objetivos a perseguir y las medidas a tomar, además del régimen de confianza entre la institución que lo demanda -en este caso, el Ministerio--, el entramado universitario y la comisión que elaboró este Informe.

El Informe nace en un contexto difícil y eso provoca que algunos de los resultados estén al margen de los contenidos. El documento analiza la realidad de la Universidad, propone reformas, traslada los análisis y opiniones al organismo que lo ha encargado y lo pone en conocimiento de la comunidad universitaria que debe sostenerlo. El Informe no es un texto de ley, decreto o documento legal alguno. Es el resultado del análisis razonado y del cuadro analítico plagado de argumentos y proposiciones.

No tiene, en consecuencia, mucho sentido trasladarle recargos legales o supuestos que nada tienen que ver con las propuestas recogidas. Eso sí, cabe disentir. Se debe, incluso, someter a criterio público para que sirva en la discusión en profundidad sobre la situación -el presente y el futuro- de la Universidad. De igual forma cabe esperar que otros órganos -Universidades, Conferencia de Rectores, sindicatos, profesores, investigadores, personal de administración y servicios, estudiantes…- acudan a ese debate con otros informes y otras posiciones. Lo que no me parece indicado es la negación de los argumentos que contiene emitiendo un cuadro de sospechas sobre los redactores o los argumentos que expone.

Dicho esto, la impresión es que los contenidos se encuentran con barreras que no tienen que ver directamente con él, aunque lo condicionan y limitan. El Informe aconseja, por ejemplo, invertir en la Universidad y aproximar la financiación de esta institución a la media europea, recomienda tomarse en serio la investigación, trasladando a esa actividad la actitud inversora más dinámica y superior a la actual. Propone, también, revisar el sistema de elección y representación de los órganos de gobierno. Apunta hacia la creación de un marco competitivo interuniversitario. Razona sobre la conveniencia de la modificación de la estructura de reclutamiento de profesores e investigadores de la universidad. Cree que la iniciativa privada debe tener un papel más significativo en la Universidad (invirtiendo en ella, por ejemplo). Cuestiona y propone la supresión de la ANECA. Hace alusión a la relación entre el éxito universitario y el éxito en el sistema educativo en general…

Obviamente, no hay por qué estar de acuerdo con todos o con algunos de los aspectos que propone, pero lo que no se debe hacer es desecharlo porque hay aspectos que no gustan. Insisto, los informes son documentos de trabajo, listos para ser razonados, criticados o superados. Me da la impresión que los pies de barro del Informe no están en sus contenidos, sino en el contexto que lo rodea. Probablemente, su ambición va más allá de lo que la sociedad española puede asumir en este momento, el Ministerio y el ministro liderar, las Universidades conceder y los agentes universitarios asumir.

La Universidad está sometida al proceso de desinversión y desatención por la mayor parte de los poderes públicos (ministerios y comunidades autónomas). Los más de 300 empleados despedidos de la Universidad Politécnica de Madrid son un síntoma de este hecho. Lo son, también, las rebajas salariales o la subida de tasas académicas a través de decretos. Y lo es la actitud ministerial que dialoga poco o nada y el hecho de que nadie o casi nadie sabe cuál es su pensamiento sobre la Universidad, porque las declaraciones que emite son, casi siempre, sinuosas y poco claras. Es el de Educación un ministerio que se alimenta, en demasía, del conflicto con las comunidades que administra y que ha demostrado poca o nula capacidad para convertir el diálogo y la mano tendida en los ejes de la actividad política: cuando se reúne con las partes implicadas es para comunicar las decisiones que ya ha tomado.

El resumen de la actividad política y de la percepción que tienen los administrados de la misma es de distancia política, desinversión y caída de la financiación. El resultado entre los agentes y las agencias del servicio universitario es de desconfianza de todo lo que procede de las autoridades políticas. La paradoja es clara: mientras el Informe reclama el incremento de la financiación, siguiendo las pautas al uso en Europa, el Ministerio y la mayoría de las comunidades autónomas rebajan las asignaciones públicas a la Universidad. Sabemos, el informe es claro a este respecto, que sin financiación suficiente la posibilidad de incrementar cambios y mejoras en el sistema universitario es un brindis al sol.

Lo mismo ocurre con otro de los grandes capítulos: la investigación. Hay en este apartado varios debates pendientes: la organización de la estructura institucional del I+D+i es uno de ellos, también lo son el reparto de fondos, la provisión de tareas, la evaluación del sistema o dar a los campos de conocimiento el tratamiento singular que merecen. Pero hay un tema fundamental del que no debe escapar ni huir: la investigación no puede crecer, ni desarrollarse, si los fondos destinados a sufragar la actividad no solo están mal repartidos o peor evaluados, sino si decrecen año tras año, si programas claves en el crecimiento de la ciencia básica y aplicada desaparecen, si la inversión en relación con el PIB decrece y si la distancia con los países que más invierten se hace cada vez mayor. Las fórmulas adecuadas, en materia de financiación de la investigación, son el producto del desarrollo y del crecimiento de los productos de la ciencia, pero también son el resultado de ganarse la confianza de los investigadores, incrementar la seguridad en los recursos, tener continuidad en las inversiones, no precipitar soluciones, en ocasiones poco pensadas y escasamente evaluadas, ni salidas de tono...

La Universidad en España ha crecido mucho en las dos últimas décadas. El salto es exponencial, sobre todo, en relación con los recursos invertidos. Muchos grupos de investigación -en diversos campos de conocimiento- están en línea ascendente y producen resultados que resisten cualquier comparación con países que invierten dos y tres veces más que los fondos públicos y la inversión privada procedentes del sistema español. Pero es verdad que a la institución Universidad, los cambios y las innovaciones le cuestan mucho. Progresivamente, se ha hecho más compleja lo que provoca que sea menos dinámica y con menor capacidad para liderar la transformación de sus estructuras. Ha querido enfrentarse a la transición desde la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento con un equipaje escaso, confiando en la progresiva burocratización de sus estructuras y en la tecnología aplicada a la organización interna, no reparando que la respuesta al cambio no está en esas medidas -en todo caso, necesarias- sino en la capacidad para flexibilizar el funcionamiento interno y dar confianza y seguridad a las personas que en ella trabajan. El resultado es que el mayor enemigo no es, como a veces se dice, la privatización de sus estructuras, sino la desmotivación de sus investigadores, profesores y personal de administración y servicios y la negación del pensamiento estratégico entre sus líderes.

No sé si el Informe conseguirá mover voluntades entre los universitarios -hay muchas dificultades objetivas y mucha desconfianza acumulada con los gestores actuales del sistema-, pero conviene volver a poner a la Universidad en el centro del debate social y político, aunque el momento no sea el mejor y la cultura del ensimismamiento pueda jugar malas pasadas.