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nuevas sentencias

La justicia, ‘descolocada’ por el cultivo y consumo compartido de cannabis

La práctica totalidad de las asociaciones cannábicas de Euskadi sufre algún tipo de “pena de banquillo”

Un reportaje de Iñaki Kerejeta - Domingo, 24 de Julio de 2016 - Actualizado a las 06:05h

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El abogado Aitor Brion.

El abogado Aitor Brion. (Foto: Iñaki Kerejeta)

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dos sentencias seguidas del Tribunal Supremo, favorables a las asociaciones de consumidores de cannabis, desestiman la automatización de la justicia condenatoria, que pretendían implantar las fiscalías y un sector de los jueces, contra el cultivo y el reparto de marihuana aunque fuera en el marco del consumo compartido y autorregulado de las asociaciones. Las nuevas sentencias reconfirman la ausencia de culpabilidad en los imputados, aplicando un error de prohibición invencible, esto considerando que las asociaciones estaban inscritas en el registro público y por tanto, sometidos al control de legalidad sus estatutos, donde establecían claramente cuáles iban a ser sus actividades.

El año pasado otros magistrados del Tribunal Supremo pronunciaron sentencias condenatorias contra las asociaciones, contemplando la “alteridad” y el peligro abstracto que representaría el cultivo y la distribución de marihuana, lo que insufló aire a la persecución, rompiendo con la doctrina del “consumo compartido” que se había creado años atrás. Los fiscales empezaron a agravar sus calificaciones penales, acusando a las asociaciones hasta de organización criminal, lo que amenazaba con multiplicar los casos que llegarían al Tribunal Supremo por vía de recurso.

Las penas de banquillo La práctica totalidad de las asociaciones fundadoras de la federación de Euskadi sufren actualmente algún tipo de “pena de banquillo”, según explica el abogado Aitor Brion. La asociación Pannaga de Bizkaia, primero fue exculpada por la Audiencia Provincial por la inexistencia del delito, observado por los magistrados el autocosumo compartido, pero recurrida la sentencia al Tribunal Supremo, fue una de las asociaciones que acabó siendo condenadas el año pasado y actualmente está disuelta. Las personas condenadas en calidad de “socias distribuidoras” han elevado el caso al Tribunal Constitucional por vía del recurso de amparo.

Otra asociación, ACEE-AU de Urretxu, fue condenada en los juzgados de lo penal. Según el abogado, “la juez no tuvo reparo para aplicar penas privativas de libertad, haciendo corta-pega de los fundamentos jurídicos de las sentencias del TS del 2015, aunque se tratara de supuestos distintos, y pese a que el Tribunal Supremo renunció a crear jurisprudencia en aquellas sentencias. Subraya que hay que ir a los hechos concretos, al caso por caso”. La segunda instancia será en la Audiencia Provincial, aunque la vista no se celebrará antes de otoño del 2017.

La asociación Greenfarm de Eibar fue sometida a una instrucción judicial que duró 3 años, y después del juicio y la sentencia absolutoria, le abrieron una nueva instrucción, hasta que ahora, por sorpresa, el juez ha ordenado el sobreseimiento y archivo del caso por petición del fiscal. En Donostia, Maritxu fue juzgada en primavera y Ganjazz va camino de una primera instancia en la Audiencia Provincial. Es “la guerra de las galaxias que tenemos planteada ahora”, dice el abogado Aitor Brion, “porque el juez de instrucción haciendo dejación de sus responsabilidades envía a la audiencia provincial todo lo que mete el fiscal, lo que incluye la organización criminal, el tráfico de drogas y el contrabando”.

Hasta ahora las asociaciones se defienden en los juicios alegando la falta de pruebas, pero van a recurrir también al error de prohibición invencible. “El tribunal supremo nos lo está sirviendo en bandeja”, dice Aitor Brion, porque “en Euskadi las asociaciones y sus estatutos no solo están inscritos en el registro público y pagan impuestos por sus actividades, sino que tienen además la protección de las ordenanzas municipales de Donostia y del Art.83 de la Ley de Dependencias del parlamento vasco. Muchas de ellas tienen además sentencias previas absolutorias que les están diciendo que es legal el cultivo. ¿O acaso han de saber más que los jueces?”, pregunta el abogado.

Las asociaciones corroboran que existe un control de legalidad en el registro público. Los funcionarios les ponen trabas cuando incluyen estatutos como la declaración jurada de los socios, para la previsión del consumo, la mayoría de edad cualificada de 21 años u otras condiciones que los funcionarios a menudo tachan de abusos potenciales contra el derecho a la asociación.

Las espadas en alto Mientras el sector progresista del TS se encara a la tentación del fiscal de hacer tabla rasa y perseguir a todas las asociaciones, en el terreno político, las espadas están en alto desde que el gobierno central anunció el día de San Fermín que recurriría ante el Tribunal Constitucional el Art.83 de la Ley de Dependencias, dejando así en suspenso el avance que se había logrado en el Parlamento Vasco, con el apoyo de todos los partidos salvo el Partido Popular, para incluir en el proyecto de ley un reconocimiento hacia las asociaciones de consumidores de cannabis y el establecimiento de un mandato dirigido al Gobierno vasco para que elabore un reglamento sobre sus derechos y obligaciones.

El clima electoral intermitente y el nuevo aviso de recurso del Gobierno central, como irritado por las sentencias del Tribunal Supremo, impiden el desarrollo del mandato de regulación. La federación de las asociaciones ha anunciado su intención de hacer contactos con todos los partidos políticos en tiempo de preparación de los programas para pedirles que si llegan al gobierno impulsen la regulación.

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