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La ‘cláusula Molière’, que obliga a que los albañiles hablen en francés en las obras, siembra la discordia en Francia

Un reportaje de Ángel Calvo - Jueves, 16 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:02h

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Un albañil trabaja en un edificio en construcción en Euskadi.

Un albañil trabaja en un edificio en construcción en Euskadi. (Foto: Oskar Martínez)

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Una regla que obliga a que los albañiles hablen francés en las obras, bautizada como cláusula Molière, ha sembrado la discordia en Francia con los sindicatos y la patronal, además de añadir presión a la renegociación de la directiva europea sobre trabajadores desplazados.

La polémica por esta regla, que se aplica en varias regiones y municipios franceses, se ha hinchado en las últimas semanas al calor del clima electoral que se vive en Francia ante las elecciones presidenciales de abril y mayo. En el debate han entrado la principal organización patronal, Medef, y los grandes sindicatos, que cada uno por su parte han criticado la deriva que perciben detrás de la cláusula a la que da nombre uno de los dramaturgos más famosos en lengua francesa. El presidente del Movimiento de Empresas de Francia (Medef), Pierre Gattaz, advirtió ayer de que su uso entraña una deriva “nacionalista” que encubre el repliegue de Francia, cuando para construir Europa “hay que estar abiertos”.

Gattaz, que admite la necesidad de regular la directiva de los trabajadores desplazados para reducir los fraudes, ha prevenido: se empieza con esta obligación del francés y “luego se cierran las fronteras francesas y se acaba por salir del euro”, alusión directa al programa de la candidata ultraderechista, Marine Le Pen. También está Le Pen en la mente del secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Philippe Martínez, que ha denunciado una idea “populista” que sigue “las trazas del Frente Nacional”. A su juicio, lo que hay que hacer es establecer “reglas comunes sobre protección social” a escala europea para evitar el “dumping” social.

En Angulema La cláusula Molière nació el pasado mayo cuando el Ayuntamiento de Angulema (suroeste de Francia) la introdujo con el objetivo declarado de “luchar contra las empresas que revientan los precios” con trabajadores desplazados que “no cotizan a la Seguridad Social” francesa, sino a la de su país de origen. Desde entonces, con el argumento de que obligar a que todos los obreros entiendan y hablen francés es una condición para que se cumplan las reglas de seguridad en las obras, le han copiado algunos departamentos y varias regiones.

En la lista hay, sobre todo, regiones en manos de la derecha, como Ile-de-France, Hauts de France, Auvernia Ródano Alpes o Normandía, pero también Centro-Valle del Loira, gobernada por el Partido Socialista. Las empresas que pretendan ganar sus licitaciones tienen que garantizar que sus trabajadores hablan francés, lo que limita el recurso a los desplazados de otros países de la UE.

El Gobierno francés, asociado a Alemania y con el apoyo de la Comisión Europea, pretende modificar la directiva europea de trabajadores desplazados por considerar que ha dado pie a fraudes muy extendidos y pone en dificultades a sus empresas, que tienen que asumir costos laborales superiores. En Francia, según cifras oficiales, en 2015 hubo 286.025 trabajadores acogidos a ese estatuto, lo que significó alrededor del 1% de los asalariados del país, y su número creció un 25% respecto al ejercicio precedente (habían sido 37.924 en 2006). Por nacionalidades, los más numerosos fueron los polacos (46.816), los portugueses (44.456) y los españoles (35.231).

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