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Neure kabuz

Más allá de informes amigables; hacia reformas imprescindibles en la economía española

Por Jon. Azua - Domingo, 19 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:03h

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EL ambiente relativamente informal, de compadreo y palmaditas en la espalda del secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, y el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en la presentación del Informe 2017 sobre la Economía Española no ha hecho sino confundir a la audiencia y generar falsas expectativas y valoraciones sobre la economía española.

La supuesta campechanía reinante, seguida de la primera fase del informe (“La recuperación está en marcha, pero sigue siendo difícil conseguir un crecimiento más inclusivo”) llevaría a pensar que el estado de las cosas funciona y que el gobierno español recibe un espaldarazo de su socio (y perceptor de cuentas importantes, también de funcionarios de lujo tipo Wert y su mujer, que coincidían en Madrid por la presentación del retrato del ex ministro y hoy embajador de España ante la OCDE). Nada más lejos de la realidad.

Pese al cuidadoso lenguaje diplomático y no beligerante del informe, resulta evidente la insistencia en los aspectos negativos así como en las tareas pendientes, que años atrás ya anunciaron años un claro escenario de riesgo para una España que, además, ha de afrontar enormes retos no mencionados en el documento del citado organismo. Afirmar que ha de reconocerse que España ha iniciado un camino de crecimiento no es sino una constatación estadística, máxime tras un periodo recesivo. Señalar, a continuación, que el crecimiento no ha ayudado no ya a resolver sino ni siquiera a mitigar el estado de inequidad, la pobreza relativa, el desempleo (no solo un 18,8% oficial en términos de paro registrado, sino de empleo de pésima calidad por el tipo de contrato, las condiciones salariales, la cualificación y la bajísima productividad, alejado de cualquier atisbo de innovación esperable en un país con aspiraciones relevantes de futuro), o el abandono de las políticas sociales exigibles para contrarrestar los resultados observables, necesitado de reformas, reformas y más reformas… es a los ojos de cualquier lector objetivo, una destacada descalificación y no una felicitación entre colegas.

¿Qué dice y qué no dice el Informe? El informe no viene a decir nada nuevo que no hubiera sido señalado desde el inicio de la reciente crisis a partir de 2008. Salvo el porcentaje de crecimiento del PIB, la consecuente recuperación de exportaciones y poco más a situar en el apartado positivo, destaca la dualidad de un empleo insuficiente e inadecuado para un desarrollo inclusivo absolutamente imprescindible en toda economía (una tasa de desempleo que duplica la media europea, un desempleo no cualificado, pésimos, ineficientes e inadecuados servicios públicos de empleo, acompañados de un elevado fracaso escolar, con una escasa alineación del empleo-formación a las necesidades de las empresas y de la nueva economía, poniendo de manifiesto una baja cualificación generalizada y un empobrecimiento creciente de la mano de una devaluación salarial que se ha extendido en estos años); también recuerda que si bien se ha hecho un esfuerzo en la reducción del número de agencias y empresas públicas, no se ha profundizado en la imprescindible reforma de la administración y función públicas. Eso sí, evita entrar en detalle sobre las mismas, pasa de puntillas sobre el verdadero dualismo existente: quienes tienen empleo seguro de por vida en el entorno público y quienes han de buscarlo día a día, a lo largo de toda su vida en “los mercados”. Asimismo, evita valorar en términos de contenido y funciones o de cualificación de quienes hacen las veces de orientadores y formadores para el empleo y la necesaria transformación radical de los “nuevos INEM” transferidos a las Comunidades Autónomas con nulos o deficientes resultados (y los mismos funcionarios preexistentes en un mercado laboral distinto) y pide, como reforma, “aumentar la dotación de empleados -funcionarios- y de los recursos con que trabajan”. Aboga además por la “unidad de mercado” en línea con su conocida “visión global” de la economía y el mundo, superada ya por una realidad que ha demostrado sus ineficiencias y desigualdades además de ignorar (aquí y a lo largo de todo el informe) la existencia de un Estado autonómico que, mejor o peor, configura el actual Estado español: no dedica un solo párrafo a señalar la diferencia territorial, las políticas y estrategias diferenciales, el desgobierno existente a lo largo de casi dos años. Y, por si fuera poco, la corrupción no existe y, sin embargo, parecería que se exige una reforma fiscal (apuntando al incremento del IVA y a aquello que, de forma genérica, aporta mayor recaudación), acompañada de la supresión o limitación de ayudas públicas (que no de su control) y de los colegios profesionales (en especial los de ingenieros, arquitectos, contables y abogados, cuyos colegiados se califican de escasamente productivos atendiendo a sus tarifas horarias medias). Eso sí, incide en “mejorar” la FP (precisamente, Montserrat Gomendio, pareja de Wert y exsecretaria de Estado de Educación en el Gobierno español, fue la flamante contratación de la OCDE para dirigir sus políticas educativas coincidiendo con el nombramiento del ex ministro en su actual cargo de representante ante la OCDE) y, por supuesto (conforme a la lógica de sus informes), se centra en políticas macro o buenas palabras con recomendaciones genéricas.

La realidad exige Sin duda, leer el informe desde esta otra óptica de asignaturas pendientes nos acerca más a una mala fotografía que, desgraciadamente, refleja mejor la realidad.

La realidad de la economía española exige reformas radicales:

-En su modelo territorial y de diferenciado autogobierno regionalizado según sus propios tejidos económicos distintos, de sus diferentes grados de voluntad de autogobierno y confortabilidad o no con el modo de relación entre ellas en y con el Estado según las legítimas aspiraciones de cada una.

-Afrontar de forma radical el conjunto de la función pública y el empleo asociable (político y funcionarial), lo que exige cambios en profundidad que no solamente aprovechen la obligada renovación generacional y la adaptación a lo que se espera de todo gobierno en sus diferentes niveles institucionales ante las megatendencias, cambios observables y a la eficiencia-coste de su administración, sino a la necesidad de romper con la dualidad en la empleabilidad, terminando con la privilegiada diferenciación en términos de acceso, seguridad, tipología de contrato, retribución (directa y complementaria) y permanencia.

-Nueva gobernanza, nuevas modalidades de selección, contratación, promoción, salida de las personas al servicio de nuevas administraciones, con objetivos y funciones muy diferentes a las demandadas en el pasado con roles distintos a los desempeñados por muchas de ellas. Es momento de hacer coincidir el discurso que desde la política y los gobiernos (universidades públicas incluidas) se emite a la sociedad (“necesitamos profesionales con claros perfiles de internacionalización, pluricompetencia, flexibilidad ocupacional, emprendedores, digitalizados, alfabetizados en nuevos espacios tecnológicos y acostumbrados a cambiar de empleo y profesión de manera permanente, con un elevado sentido y propensión a la movilidad…”) con las nuevas administraciones y empleados públicos que exige el cambio deseable.

-Si consideramos un desempleo intolerable que no encuentra en inservibles servicios de empleo las herramientas necesarias para formar, informar y facilitar el ingreso o reincorporación a empleos dignos, parecería razonable demandar una reforma de estos radical, máxime cuando, parche tras parche, se fosilizan los instrumentos del pasado sin haber ofrecido resultados dignos de consideración.

-Y es momento, sin duda alguna, de transitar en el espacio de las políticas sociales, revisables en torno a conceptos de renta universal, salud y bienestar. Ni qué decir de un renovado sistema educativo a lo largo de toda la vida, una nueva (de verdad) universidad al servicio del futuro y no de la endogamia heredada y una política fiscal y tributaria acorde con los cambios y realidades observables y no la farsa demagógica que termina con el tranquilizante mensaje de que paguemos otros (se supone que quienes más ingresan, ahorran o invierten).

-De esta forma, con una reforma radical previa de los Tribunales Supremo y Constitucional se entendería, también, la obligación de la administración central, Congreso y Senado, de cumplir con las obligaciones legales vigentes (por ejemplo, con los Estatutos de Autonomía).

Sin duda es una agenda inmensurable. Pero es el recetario que la realidad impone.

No ver más allá de Madrid Sin embargo, lejos de reclamar con autoridad y vehemencia las verdaderas reformas radicales que sugieren, las más de las veces, de manera tímida y discreta, el mencionado informe pone de relieve (sin escribirlo, por supuesto) que mientras los funcionarios de estos organismos internacionales sean nombrados por cuotas graciables a repartir entre los partidos “de Estado” y sus gobiernos centrales, los informes no verán otra España que vaya más allá de Madrid (Barrio de Salamanca y Castellana-Ministerios). Sería oportuno sugerir una pequeña recomendación general: conocer la configuración política, económica, social y territorial de España y su distribución competencial y acudir a fuentes algo más significativas y representativas de la realidad. Sería el punto de partida imprescindible para analizar “el estado del arte de la economía española”. Quizás de esta manera encontraríamos razonables, aplicables y aceptables las recomendaciones de organismos como la OCDE. Seguramente no habría demasiadas palmaditas en las ruedas de prensa, pero se avanzaría hacia un futuro deseable y posible y se pondrían en valor las muchas aportaciones que también conllevan.

Desgraciadamente, el mencionado informe no permite ni afirmar una verdadera y positiva salida de la crisis, ni confiar en que estos años de enormes dificultades hayan servido para abordar las verdaderas transformaciones radicales que la profunda crisis ha señalado. España, como Europa, han desaprovechado un período de cambios imprescindibles. Ni han fijado una visión o aspiración de futuro que haga atractivo el compromiso de sus ciudadanos y agentes económicos y sociales; ni han sentado las bases para las reformas esenciales (gobernanza, modelo de crecimiento y desarrollo, viabilidad del ansiado Estado de Bienestar, competitividad y productividad…); ni han culminado su revisión del sistema financiero, de la administración pública; ni la reformulación del Estado y las naciones y regiones que hoy lo componen; ni han ejercitado la necesaria devolución competencial y de recursos que tanto las realidades y demandas económicas como políticas (y legales) aconsejan.

Confiemos en que la inevitabilidad diplomática y de consenso que impera en los organismos internacionales no oculte la esencia de sus análisis y permita profundizar en las dificultades y asignaturas pendientes. No se trata de flagelarnos ante la adversidad, sino de apostar, desde el realismo, por hacer de los problemas las fuentes de las soluciones. Se trata de un enorme desafío que no permite alocadas improvisaciones, ni mesiánicas promesas. Por el contrario, exige mucha dedicación, responsabilidad, compromiso y riesgo.

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