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caso kutxabank

Condenan a medio año de cárcel a Mario Fernández y a Alkorta, y a un año a Cabieces por pagos irregulares en Kutxabank

La sentencia les considera culpables de apropiación indebida, pero les absuelve del delito de falsedad

EP - Lunes, 20 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 12:57h

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El ex delegado del Gobierno en el País Vasco Mikel Cabieces, el abogado Rafael Alcorta y expresidente de Kutxabank Mario Fernández.

El ex delegado del Gobierno en el País Vasco Mikel Cabieces, el abogado Rafael Alcorta y expresidente de Kutxabank Mario Fernández. (EFE)

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El expresidente de Kutxabank Mario Fernández y el abogado Rafael  Alcorta han sido condenados cada uno a medio año de prisión y al pago  de 4.500 euros de multa por un delito de apropiación indebida,  mientras que al exdelegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel  Cabieces, se le ha impuesto un año de cárcel y el pago de 9.000 euros  por cooperación necesaria en la comisión de pagos irregulares que el  banco habría realizado a éste último tras haber cesado en su cargo.

BILBAO. A Fernández se le ha aplicado la atenuante de reparación del daño  causado, al pagar los 243.592 euros en los que se cifró el perjuicio,  y el Tribunal ha tenido en cuenta "la prontitud" con la que abonó  esta cantidad, y que lo hiciera a pesar de que él no se había  "enriquecido".

Los tres condenados fueron juzgados en la Audiencia Provincial de  Buzkaia entre el 14 y 17 del pasado mes de febrero por los supuestos  pagos irregulares por importe de 243.592 euros del banco vasco a  Cabieces, cuando Mario Fernández estaba al frente de la entidad.  Estos se realizaron a través del bufete de abogados de Alcorta.

La sentencia les condena por apropiación indebida, pero les  absuelve del delito de falsedad en documento mercantil del que  también se les acusaba.

La Fiscalía solicitó para cada uno de los procesados dos años de  cárcel y el pago de 6.000 euros, mientras que la acusación popular  reclamó tres años y medio de prisión para el exdelegado del Gobierno  y Rafael Alcorta, y tres dos años y tres meses para Mario Fernández.  A Fernández le solicitó el pago de 27.000 euros, mientras que a  Alcorta y Cabieces les reclamó 36.000 euros.

La Sección Sexta de la Audiencia vizcaína considera probado que  los hechos sucedieron cuando Fernández era presidente de Kutxabank  --había sido nombrado el 2 de enero de 2012-- y el despacho Rafael  Alcorta y Abogados prestaba servicios jurídicos --labor que  desarrolló desde el 2 de enero de ese año--.

En la misma fecha en la que Kutxabank comenzó su andadura, tras la  fusión de las cajas vascas, Mikel Cabieces había cesado recientemente  en su cargo de delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del  País Vasco.

UNA SALIDA LABORAL PARA CABIECES

La resolución judicial señala que, por esas fechas, en el mes de  enero o febrero, el entonces presidente de Kutxabank recibió "una  comunicación procedente de una personalidad relevante del mundo  político solicitando su colaboración para proporcionar" a Cabieces  "una salida u ocupación laboral en el ámbito privado".

Además, apunta que, "atendiendo a este requerimiento, siendo  consciente y aceptando el perjuicio económico que iba a suponer para  la entidad de la que era presidente", Mario Fernández "dio orden" al  director de Recursos Humanos de la entidad para que, "con ánimo de  procurarle un beneficio económico", se hiciera entrega al exdelegado  del Gobierno de la cantidad mensual de 5.783 euros durante un período  de tres años, con cargo a las cuentas de Kutxabank, así como de la  cantidad de 900 euros en concepto de gastos de viaje.

La sentencia manifiesta que, entre las instrucciones transmitidas  al Director de Recursos Humanos, se encontraba también la de dar  "cobertura formal" a las entregas mensuales de dinero.

De esta forma, se puso en contacto a Mikel Cabieces con el  despacho del acusado Rafael Alcorta, con el objetivo de que, "bajo su  tutela y supervisión, y sin incorporarse a su despacho, durante ese  plazo de tres años", el exdelegado del Gobierno "adquiriera los  conocimientos y la experiencia necesarios para el ejercicio de la  profesión de abogado laboralista".

El Tribunal indica que el encargo de Fernández se materializó a  partir del mes de marzo de 2012. Ese mes Mikel Cabieces se dio de  alta en el Censo de Empresarios y Profesionales, y concertó un  contrato de arrendamiento de un despacho en el que desarrollar su  actividad.

A partir de entonces y hasta el mes de octubre de 2014, Rafael  Alcorta y Abogados emitió, en nombre de Kutxabank, facturas  mensuales, en las que se adicionó, al importe mensual de los  servicios prestados por el despacho en virtud del contrato  mencionado, la cantidad de 5.783 euros.

El director de Recursos Humanos del banco archivó todas estas  facturas. A su vez, Alcorta extendió mensualmente un cheque  nominativo correlativo por el importe de 5.783 euros que cobraba  Cabieces, y presentó al cobro a la sociedad de Rafael Alcorta otras  tantas facturas mensuales por el concepto "prestación de servicios  profesionales de colaboración y asesoramiento y en materia,  prioritariamente, jurídico-laboral".

La resolución judicial destaca que, durante todo este periodo, el  exdelegado del Gobierno permaneció en contacto habitual con el  abogado, "acudiendo esporádicamente a su despacho, sin que conste la  frecuencia, volumen e intensidad de la actuación desarrollada  conjuntamente con él".

SIN TRABAJAR PARA KUTXABANK

En este sentido, explica que Mikel Cabieces cobró mensualmente las  cantidades, ingresando en su cuenta los cheques que le entregaba  Rafael Alcorta, "sabiendo que procedían de Kutxabank, a pesar de no  haber suscrito ningún acuerdo o compromiso con dicha entidad y a  pesar de no trabajar para ésta".

La Audiencia Provincial de Bizkaia subraya que "de todo esto era  conocedor" el letrado, que participó en el pago de las cantidades  procedentes del banco, y asegura que estos dos acusados sabían que  estos pagos "se debían a una decisión personal" de Mario Fernández.

FACTURA DE 24.000 EUROS

Con fecha 10 de noviembre de 2014, Rafael Alcorta y Abogados  emitió, para pago por Kutxabank, siéndole abonado su importe, una  factura por importe total de 24.032 euros más IVA, que se justificaba  en "la minuta de honorarios correspondiente a las actividades de  asesoramiento" relativas al proceso de negociación sobre la  transacción judicial de una sentencia de la Audiencia Nacional ante  la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

La factura se emitió en estos términos, de común acuerdo con el  Director de Recursos Humanos de Kutxabank, y el destino del dinero  abonado por esta factura era el de pago a favor de Cabieces de las  cuatro mensualidades que restaban para completar el periodo de tres  años de retribuciones previsto, más la cantidad fija de 900 euros  igualmente prevista en concepto de gastos para viajes.

Rafael Alkorta extendió un nuevo cheque a favor del exdelegado del  Gobierno por esa cantidad. La sentencia añade que "no ha quedado  acreditado" que esta factura, de fecha 10 de noviembre de 2014,  hubiese sido redactada y emitida por el acusado Alkorta, "en  connivencia o de común acuerdo" con Mario Fernández y Mikel Cabieces  "con la intención de alterar la realidad del destino de la cantidad  que en ella figuraba".

El Tribunal indica que el 13 de enero de 2015, después de haber  cesado en su cargo de presidente, Fernández fue informado por la  nueva dirección del banco "de la constancia de toda la documentación  relativa" a los pagos a Cabieces.

Entonces, el expresidente de la entidad bancaria extendió un  cheque a favor de Kutxabank por el importe de 243.592,02 euros,  cantidad en la que la entidad estimó el perjuicio que se le había  causado. El banco no reclamó cantidad alguna en el procedimiento. La  sentencia ha tenido en cuenta que en el acusado concurre la  circunstancia atenuante de reparación del daño causado.

La Audiencia vizcaina hace hincapié en "la prontitud" con la que  devolvió el dinero el expresidente del banco, y destaca que procedió  al pago de la cantidad indicada "a pesar de no haberse enriquecido  con el importe de las cantidades procedentes de Kutxabank". "En un  supuesto de delito patrimonial, se trata de una circunstancia  relevante, pues revela con nitidez la voluntad de reparación",  concluye. La resolución podrá ser recurrida en casación en cinco días 

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