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Los pobres, en entredicho

Por Josu Montalbán - Lunes, 20 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:03h

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Columnista Josu Montalban

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LOS pobres están en entredicho. Cobran muy poco, apenas unas migajas que caen de las mesas de los epulones, que son los ricos y acomodados, pero los periódicos se llenan de noticias que cuestionan sus comportamientos y les tachan de tramposos, de hacer fraude a las arcas públicas, en resumen, de ser ladrones. A mí me surge una primera conclusión: para ser ladrones, da la impresión de que los pobres no lo son demasiado o, en todo caso, se conforman con muy poco. Cualquier rico ladrón se embolsa fraudulentamente, mediante el famoso fraude fiscal, mucho más que lo que pillan los pobres con sus picardías u omisiones de datos.

Cualquier disculpa o circunstancia sirve para cuestionar e intentar desacreditar a quienes perciben ayudas económicas para mitigar sus carencias y hacer que sean un poco menos pobres, que no ricos. Por si fuera poco, en los corrillos de gente en los que se habla de forma divertida e intrascendente, se repiten hasta la saciedad los comentarios hirientes hacia todos los que perciben las ayudas, solo porque se hayan podido descubrir comportamientos engañosos y fraudulentos de quienes tienen la poca decencia, y ninguna vergüenza, de robar metiendo la mano en la bolsa destinada a los parias de la Tierra.

Hace muy poco tiempo, apareció este titular en un diario vasco de gran tirada: La trama pakistaní cobró al menos 469.000 euros de la RGI (Renta de Garantía de Ingresos) con pasaportes falsificados. Y, claro, durante ese día y siguientes, las calles, los parques y las barras de los bares se llenaron de comentarios sin que la mayoría de ellos se pararan a comprobar que se trataba de una estafa que, como todas las estafas de cualquier género, se había servido de artimañas y engaños, de falsificaciones (al menos trece identidades distintas soportadas en documentos falsos) y demás artilugios burladores de la ley. A muy pocos comentaristas de esos se les ha ocurrido pensar que aquella estafa ha formado parte de la excepción y no de la regla. Desde la derecha conservadora (y algo cavernícola), se han prodigado en descalificaciones del sistema, extendiendo la irresponsable idea de que las ayudas sociales son un coladero de cobros irregulares e indebidos que, llevado al último extremo, permite a los más necios e interesados divulgar la noticia de que hay quien pasa de pobre a rico mediante el cobro de estas ayudas.

Cada vez que surge una noticia extraña en este sentido, como la ya aludida de la trama paquistaní, afloran las explicaciones pertinentes (e impertinentes): la derecha se empeña en criminalizar a todos los que cobran las ayudas y a desacreditar las leyes, condiciones y reglamentos que las regulan, y la izquierda recurre a otros fraudes mucho más abultados (como el fiscal, por ejemplo) como contrapeso, generando un debate absurdo en el que tirios y troyanos manotean los unos contra los otros, aunque sin dejar ni un solo espacio a la reflexión desapasionada, que siempre resulta más útil y razonable. Esa reflexión se deja para quienes tienen el deber y la obligación de hacer las leyes y controlar su cumplimiento, es decir, los gobernantes e instituciones públicas a las que les corresponde apagar las fogatas que prenden los estafadores clandestinos y los ricos que buscan hacer creer a todos que sus fortunas son tan lógicas como conseguidas en base a esfuerzos ejemplares.

Ved, queridos lectores, los titulares que provocó la noticia sobre la trama paquistaní. El fraude de la RGI se limita al 0,3% de las ayudas tras haber efectuado 135.000 revisiones, ha informado Lanbide, al tiempo que ha salido al paso de las críticas anunciando una revisión y posible reforma del sistema. Por su parte, una parlamentaria vasca del PP se ha permitido afirmar que “llevamos mucho tiempo conociendo situaciones de irregularidades, abusos y fraudes en la percepción de ayudas sociales”, como si tal hecho hubiera colmado su paciencia. Y para profundizar en su preocupación impostada, añadió casos de “tramas que falsifican pasaportes, perceptores acusados de tráfico de drogas o yihadistas”. Esta actitud solo puede responder al atrevimiento desmedido. Por eso, la respuesta de la consejera de Empleo ha sido atinada: “Lanbide no pregunta al que pide la RGI si tiene intención de atentar o si ha atentado ya… De eso se encarga la Policía”. La diplomacia parlamentaria, tal vez, le impidió recordar otros casos en que los estafadores del dinero público no pasaron a presentar ninguna documentación que justificara sus acciones, léase Granados, Rato, Blesa, Matas, Soria, Camps…, lo cual les ha llevado a la cárcel o a los tribunales de Justicia.

Con excesiva frecuencia se recurre a la necesidad de intensificar el control de las ayudas sociales. Como si los ardides de Rinconete y Cortadillo o las habilidades del Lazarillo de Tormes -que comía las uvas que les regalaban de tres en tres mientras su jefe las comía de dos en dos- fueran tan graves como las apropiaciones y vidas holgadas de sus patrones. El Gobierno vasco ya ha anunciado una reforma inminente para atajar el fraude en la RGI. (“Las ayudas de la RGI están bien concedidas, pero quizá hay que mejorar el control”, ha precisado el lehendakari en un intento de templar gaitas con los inconformistas del PP). Lo cierto es que este debate constituye una perversión más del sistema económico y social en que vivimos, que nos somete con una beligerancia creciente a vivir con riesgos más evidentes de llegar a convertirnos en pobres. Las crecientes carencias son, además de fuentes de diversos tipos de sufrimiento, el prolegómeno de un aterrizaje forzado y muy doloroso en la pobreza.

El lehendakari hizo una aseveración importante: “Por treinta casos de fraude no se puede estigmatizar a los 64.000 perceptores de las ayudas sociales”. Frente a las gratuitas aportaciones de los concejales del PP de Bilbao, que ven un más que posible estafador o defraudador en cada perceptor de la RGI, deseo culminar con dos frases del concejal (y amigo) Iñigo Pombo, al que le avalan bastantes años de lucha y compromiso social: “El fraude fiscal de los ricos es mucho más voluminoso que el de los pobres en la RGI”; y esta otra, “nuestro objetivo es que nadie que necesite una ayuda económica se quede sin ella”.

Cuando, allá por 1989, se implantó en Euskadi el Plan Integral de Lucha contra la Pobreza (que fue el preámbulo del actual sistema de RGI y otras ayudas sociales), los vascos estábamos asumiendo un compromiso con los más pobres y necesitados, en un tiempo de crisis y carencias que parecía pasajero, pero la evolución y el tiempo han convertido aquello en algo ya estructural por más que los ricos, los populares y los insolidarios se empeñen en desacreditarlo, dando a entender que se trata de un refugio atiborrado de “ilegales”. A la RGI actual se la llamó entonces Ingreso Mínimo de Inserción que, vistos los acontecimientos, me parece un nombre más acertado que el actual, porque lo que la RGI aporta es mucho más “mínimo” que “garantizador” o suficiente para casi nada, aunque constituya el hálito de la supervivencia de los pobres.

Habría que pedir a quien pone el grito en el cielo por el exiguo fraude de la RGI que recurra a su propia humanidad, a la solidaridad inherente a ella, o a la caridad si es cristiano, para evitar culpabilizar a los pobres de su pobreza, pues no en vano la existencia de pobres denota la existencia de ricos, aunque existan en mucha menor cantidad… Ricos que, por lo general, son mucho más insolidarios.

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