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Ajuste de cuentas

Por Jokin. Bildarratz Sorron - Viernes, 24 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:02h

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Columnista Jokin Bildarratz

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lAS cuentas de los partidos políticos suelen ser un motivo habitual de debate. Por una parte, se discute si deben de contar o no con financiación pública, con argumentos a veces inapropiados sobre qué otros destinos podrían tener esos recursos públicos. Por otra, se plantea si es preferible decantarnos por la financiación privada y cuáles han de ser sus límites, subrayando el riesgo de que los grandes lobbies traten de cobrarse a futuro los recursos que pudieran haber aportado a las diferentes formaciones. La disyuntiva evidencia, por lo tanto, que la solución es compleja; de lo que no cabe duda es que, de una u otra manera, las cuentas de los partidos políticos deben de ser siempre claras y estar sujetas a la máxima transparencia.

Esta reflexión cobra actualidad con motivo del anuncio realizado esta misma semana por el Partido Popular de activar su petición para crear en el Senado una comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos. Esta solicitud se registró hace dos semanas y pretende que se debata y vote en el Pleno de la Cámara Alta de los días 4 y 5 de abril. En nuestra opinión, se trata de una iniciativa que más allá de aclarar las cuentas de las distintas formaciones políticas, no pretende otra cosa que ajustar las cuentas con los partidos que han logrado que se haga lo propio en el Congreso, esto es, la Cámara en la que el PP no cuenta con mayoría y en la que, previsiblemente, se pondrá en tela de juicio su proceder.

Justificaba esta iniciativa el senador y portavoz popular, José Manuel Barreiro, ironizando sobre lo “archiconocidas” que son las cuentas de su partido, “que han sido publicadas del derecho y del revés”, mientras que no lo son en esta medida las del Partido Socialista, Ciudadanos o Podemos. El PP en el Senado se permite el lujo de mostrar arrogancia al saberse respaldado por su mayoría absoluta en el hemiciclo y, así, el portavoz del Grupo Popular ha añadido que espera obtener también el apoyo del resto de los partidos porque, como argumenta sibilinamente para tratar de extender el manto de la sospecha a todas las fuerzas políticas, “sería difícil de explicar que una formación tenga alguna razón para ocultar sus finanzas”.

En EAJ/PNV apoyaremos todas aquellas iniciativas cuyo objeto sea arrojar luz sobre este tipo de cuestiones, aunque mucho nos tememos que en este caso, lo que unos y otros tratan es únicamente de arrojarse los trastos a la cabeza mutuamente. No somos muy proclives a la apertura de este tipo de comisiones de investigación porque resulta evidente que el principal objetivo que persiguen es el desgaste político del resto de formaciones, tratando al mismo tiempo de salvar la propia. Son comisiones que nacen muy politizadas y el mejor ejemplo es que el PP no ha sustanciado esta iniciativa hasta conocer cómo se desarrollaba la del Congreso y si la podía controlar, algo que finalmente no ha conseguido.

Es evidente que la comisión en el Senado se ha creado, simplemente, como un mecanismo para tratar de ir equilibrando lo que vaya ocurriendo a su vez en la del Congreso. Así, si en el palacio de la Carrera de San Jerónimo va a comparecer alguna persona determinada con un perfil determinado, en el Senado harán comparecer a otra de un perfil similar pero del bando contrario; si en la Cámara Baja se convoca al presidente del PP, en la Alta se convocará a un rival con perfil similar.

Si el Partido Popular hubiera querido abrir una comisión de investigación con la utilidad que realmente se presupone a un órgano de este tipo, ha tenido tiempo y motivos suficientes para hacerlo en legislaturas pasadas. Basta comprobar que la anterior conformación de este organismo data de 1997, hace exactamente 20 años, y se creó para analizar las responsabilidades políticas derivadas de la actuación de los Grupos Antiterroristas de Liberación, GAL. Es decir, también entonces tuvo un componente político; una única reunión en la que se aprobó su plan de trabajo y una única sesión informativa en la que hubo tres comparecencias fueron suficientes entonces para, en el escaso mes y medio que tuvo de actividad, lograr el objetivo de obtener la inevitable difusión mediática que probablemente se buscaba; es decir, la llamada pena de telediario, debido al juicio paralelo que se realiza simultáneamente.

Nuestra posición ha sido siempre coherente y clara. Somos partidarios de que si hay cuestiones que no encajan con la legalidad vigente, se diluciden en el ámbito judicial, para eso están los jueces. No es bueno que los partidos políticos utilicemos las comisiones de investigación de las Cámaras como un pim-pam-pum; lo que sí merece la pena, y vamos a trabajar por ello, es constituir una comisión seria y reflexiva que aborde en profundidad y con rigor el modelo de financiación de los partidos dentro de la democracia española. Es necesario definir criterios y trabajar para alcanzar consensos amplios. Es necesario apoyar todas las modificaciones legislativas que permitan clarificar esta cuestión, porque no nos encontramos ante un problema de un partido u otro, sino ante una cuestión sustancial para el funcionamiento democrático y la credibilidad del conjunto de las formaciones políticas.

Más allá de investigar cómo están gastando o cómo se están financiando los partidos, hay que investigar sobre el papel que estos tienen que jugar dentro de la democracia y qué modelo de financiación es el más adecuado. En los últimos años se ha rebajado la financiación de los partidos en más de un 40%. ¿Es esto realmente sostenible? ¿Qué consecuencias puede acarrear? Hay que evaluar el papel a jugar por los partidos políticos y hacerlo con rigor y realismo, sin demagogias, al servicio de la democracia. Es imprescindible clarificar el tipo de financiación y regular el modelo que se entienda que es el más adecuado para nuestra cultura democrática.

Las futuras reformas deberán estar guiadas por los principios de transparencia, claridad y respeto a la sociedad. Solo de esa manera se evitará que aumente la desconfianza y el desinterés hacia el sistema político y hacia sus representantes. Lo importante y ejemplificador sería abordar esta cuestión con el debido rigor, tanto a la hora de financiar y gastar como a la hora de rendir cuentas públicas con transparencia. Lo importante es asumir en el funcionamiento de los partidos políticos la normativa que se está aplicando en la gestión de la administración y las instituciones públicas.

Vamos a participar en todas las comisiones que se creen, pero no podemos dejar de denunciar la superficialidad con la que se plantea el debate. Las Comisiones de Investigación en las Cámaras podrían tener su utilidad para controlar y desvelar las irregularidades cometidas, pero en lo que se incurre una y otra vez es en utilizarlas única y exclusivamente como arma política arrojadiza. No somos partidarios de convertir las Cortes Generales en un Tribunal de Cuentas y, menos aún, en una tribuna para el ajuste de cuentas.

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