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obstrucción a su labor

Los fiscales se rebelan ante obstrucciones y ‘chivatazos’

La postura de Moix, fiscal Anticorrupción, revoluciona al resto de fiscales por haber tratado de vetar el registro a una empresa de la trama madrileña Anticorrupción se redime barajando pedir cárcel para Ignacio González

Viernes, 21 de Abril de 2017 - Actualizado a las 06:03h

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El expresidente madrileño Ignacio González entra en su despacho acompañado de un miembro de la Guardia Civil.

El expresidente madrileño Ignacio González entra en su despacho acompañado de un miembro de la Guardia Civil. (Foto: Efe)

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Bilbao - La Fiscalía Anticorrupción podría pedir hoy el ingreso en prisión del expresidente madrileño Ignacio González, así como para su hombre de confianza, Edmundo Rodríguez Sobrino, por la trama que investiga el juez Eloy Velasco referente a irregularidades en el Canal de Isabel II. Según adelantaba ayer El País, la petición de Anticorrupción podría verse rebajada a libertad bajo fianza si González y Rodríguez Sobrino admiten sus delitos y colaboran en la investigación que lleva a cabo el magistrado. El juez Velasco acusa a ambos de blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho, malversación de caudales públicos y prevaricación.

Con esta petición de prisión, el fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, se redime de la polverada levantada por su actuación en esta Operación Lezo ordenada por el magistrado de la Audiencia Nacional. Moix maniobró en contra del criterio de los fiscales que llevan el caso, Carmen García Cerdá y Carlos Yañez, y se opuso a los registros relacionados con la compra de sociedades por parte de Inassa, filial colombiana del Canal de Isabel II que gestiona contratos de agua en el resto de países sudamericanos y en torno a la cual gira gran parte del caso. La actuación de Moix, que contó con el beneplácito del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, motivó que los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, reclamaran la comparecencia en la Cámara baja de los ministros de Justicia e Interior, Rafael Catalá y José Ignacio Zoido, respectivamente, y del propio José Manuel Maza.

A esta polémica por la actuación tanto del fiscal Anticorrupción como del fiscal general del Estado hay que sumar el hecho de que, según diversas informaciones, un miembro del Gobierno de Mariano Rajoy habría alertado a Ignacio González de su inminente detención por parte de la Guardia Civil.

Los hechos se sucedieron el pasado martes cuando los fiscales del caso solicitaron el registro de Inassa, algo a lo que se opuso el fiscal Anticorrupción. Ante la postura de Moix, García Cerdá y Yáñez invocaron el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en el que se señala que aquel fiscal que reciba una orden que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo, considere improcedente, se lo hará saber a su fiscal jefe, pudiendo llegar el caso hasta la Junta de Fiscales. Así ocurrió el pasado martes, y la Junta de Fiscales, tras oír las alegaciones de sus dos compañeros, se posicionó de forma mayoritaria a favor del criterio de los dos fiscales. Así, hubo 21 votos a favor de los fiscales, frente a 2 en contra (uno de ellos del propio Moix) y una abstención. Según fuentes fiscales, en la reunión Moix defendió que no se registrara Inassa y que en el resto de registros no se incautara la documentación relacionada con esta filial del Canal. Tras la decisión de la Junta de Fiscales, Manuel Moix reconsideró su orden.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado hizo público ayer un comunicado en el que sostenía que “es falso” que Moix “intentara obstaculizar la investigación” y solo admitía “puntuales discrepancias técnico-jurídicas” en el seno de la Fiscalía Anticorrupción que fueron resueltas “en una Junta de Fiscales”.

Además, según publicaba ayer La Vanguardia, el nombre de Manuel Moix aparece en una de las grabaciones realizadas por la Guardia Civil a Ignacio González. En una conversación entre el expresidente madrileño y el exministro y dirigente del PP Eduardo Zaplana, González se congratulaba ante la posibilidad de que Manuel Moix fuera nombrado fiscal general del Estado -al final el cargo recayó en José Manuel Maza-, ya que consideraba que es una persona próxima al PP, y con él en el cargo las cosas le irían mejor al partido.

Petición de comparecencia La actuación del fiscal Anticorrupción y su jefe jerárquico, el fiscal general del Estado, motivó que PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, reclamaran ayer la comparecencia en el Congreso de los ministros Rafael Catalá (Justicia) y Juan Ignacio Zoido (Interior), así como del fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

Los tres grupos calificaron como un “hecho gravísimo” que González pudiera haber sido advertido de su detención, así como las trabas que ha puesto a la investigación el fiscal Anticorrupción, Manuel Moix. - DEIA


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