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Todo no es compatible

Por Adolfo Muñoz, ‘Txiki’ - Miércoles, 26 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:08h

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EL lehendakari, Iñigo Urkullu, plantea resolver la cuestión nacional de Catalunya y Euskal Herria conjugando dos principios, el democrático y el de legalidad. Lo que el lehendakari no explica es qué sucede cuando el principio de legalidad, la ley del Estado, impide desarrollar el principio democrático en Cataluña y Euskal Herria. Para el PP, el PSOE y C’s solo existe el principio de legalidad que establece un sujeto político: España.

Mariano Rajoy quiere impedir que prospere el proceso catalán; la posición política que con más nitidez ha puesto en crisis el pacto constitucional del nacionalismo español de 1978. Y amenaza: “Usaré todos los medios para hacer cumplir las leyes”.

El Estado nos ha tratado de manera similar a Catalunya y a la CAPV cuando hemos reivindicado ser un sujeto político. Cataluña elaboró el Estatut y la CAPV el Estatuto Político. Catalunya, tras los cepillados realizados por el Congreso y el Tribunal Constitucional, concluyó que no había recorrido alguno con el PP y el PSOE. Alfonso Guerra acuñó el término: “Nos hemos cepillado el Estatut”. La sociedad catalana reaccionó, se organizó y movilizó exigiendo a los partidos catalanes que dieran cauce democrático institucional a la reclamación de soberanía. Eran tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero y el Estado dijo no a todo, sin dejar otra vía que la confrontación democrática. Ahora estamos en el punto crítico de ese proceso. Vaya para Cataluña todo nuestro apoyo.

En la CAPV, ni siquiera se admitió a trámite en el Congreso el Estatuto Político y, en vez de cumplir la promesa de hacer una consulta, la dirección del PNV cambió de posición. Es legítimo... pero debe concluirse que cambió de posición. Decidió meter en un cajón esa referencia política. El PNV decidió que no se iniciaría ningún proceso sin acuerdo previo con las fuerzas políticas del Estado porque “las vías unilaterales fracturan la sociedad”. El PP y el PSOE negaron legitimidad al Estatuto presentado por Juan José Ibarretxe diciendo que “se había hecho sin ellos”. No era verdad: se aprobó democráticamente sin sus votos, no sin ellos.

Una década después Pasada más de una década desde entonces, quien expresa con claridad que no se abrirá ningún proceso “sin ellos” (sin el PP y el PSOE) es el propio lehendakari Urkullu. Con ese cambio de posición política, en nuestra opinión, no hay ni proceso soberanista ni siquiera un sano autogobierno. Hay involución política y social.

A sabiendas de las posiciones del PP y del PSOE, lo que el lehendakari defiende es darles capacidad de veto. El PNV y el Gobierno vasco mantienen hoy en día la referencia de una inexistente bilateralidad con el Estado. El propio Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno vasco, decía hace unos meses: “Las comunidades autónomas están quedando reducidas a estamentos administrativos, encaminados a ejecutar las políticas diseñadas por los poderes centrales del Estado”.

Entonces, ¿qué se está haciendo? Dejar que transcurra el tiempo y dormir el conflicto político. Pasan las legislaturas, se crean Comisiones Parlamentarias de Autogobierno para aparentar iniciativa política y, lo que es definitivo, se establecen alianzas estructurales que nada tienen que ver con la defensa del autogobierno vasco. Las últimas, para aplicar las políticas antisociales “patrióticas” que decide el PP. Sí, el propio PP define sus políticas como “patrióticas” porque “uniformizan” el Estado. No le falta razón. Los acuerdos entre PNV y PP se hacen porque comparten las políticas de ajuste y porque se necesitan para aplicarlas en Madrid y Gasteiz.

Las circunstancias políticas han querido que los acuerdos entre el PNV y el PP se den en el momento en que el PP se dispone a vetar el proceso democrático catalán encarcelando, si fuera preciso, a sus promotores. Es ahora cuando el PNV da estabilidad al PP, a uno de los partidos más corruptos de Europa, al partido que lidera una descomposición del Estado de Derecho en España que no ha tocado fondo, como se comprueba con las penas solicitadas para los detenidos de Altsasu.

El PNV y su Gobierno decidieron distanciarse del proceso catalán en el fondo y en la forma. En el fondo, porque la soberanía no es el objetivo y, en la forma, porque el propio lehendakari dejó clara la nula importancia que da a la participación social en el proceso de construcción nacional. Dijo recientemente: “Es alarmante que movimientos sociales sin ningún tipo de responsabilidad condicionen los proyectos comprometidos por los partidos ante la sociedad a la que rinden cuentas”. La ciudadanía solo debe refrendar los acuerdos que establezca una élite. Nada que ver con el valor que el soberanismo político catalán ha dado a ANC y Omniun Cultural.

Lo acuerdan todo Al proyecto neoestatutista del lehendakari le acompaña la aplicación de políticas neoliberales y el neoliberalismo destruye la soberanía. Con el PP se comparte todo: techo de gasto, límite de déficit, prioridad del pago de la deuda, política fiscal, presupuestos, recortes en la Renta de Garantía de Ingresos, privatización de Kutxabank, TAV… Lo acuerdan todo, en Madrid y en Gasteiz. Suman sus votos cuando son necesarios para aplicar políticas de ajuste y cuando no son necesarios aparentan desacuerdos. Incluso padecen una amnesia selectiva. Se les olvida, por ejemplo, que la estatalización de la negociación colectiva que empobrece a los y las trabajadoras vascos se aprobó con la abstención del PNV. ELA afirma con rotundidad que no hay autogobierno vasco sin derecho a la negociación colectiva, sin un Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social.

Todas estas decisiones políticas empobrecen a nuestra gente. Por eso les molesta que saquemos del anonimato a los autores de esas políticas. No quieren que ELA explique, proponga y exija cambios políticos. Ese espacio de exigencia debe quedar vacío. ¡Claro que hablamos de política! Sería una estupidez aceptar que ellos, que trabajan para el poder económico, puedan “políticamente” destruir nuestros derechos y tratar de anular al sindicalismo y que el sindicato limite su acción a elementos superficiales. ELA no lo va a hacer.

Decir que se defiende el autogobierno, reivindicar la existencia de bilateralidad con España, acusar al PP de neocentralismo, apoyar sus políticas “patrióticas” de ajuste, establecer alianzas con las fuerzas más reacias al ámbito vasco de decisión, entregarse a la visión patronal de la sociedad… Todo junto, simplemente no es compatible.

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