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Hay una guerra contra Catalunya

Por José Ramón Blázquez - Martes, 8 de Agosto de 2017 - Actualizado a las 06:08h

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Columnista J.R. Blazquez

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CATALUNYA siempre anduvo diez pasos por delante. El dinamismo de su economía, su apertura intelectual y las prioridades de su clase dirigente, junto con su masa crítica territorial, han conferido a aquella nación mediterránea una proyección superior a la que España le proponía, hoy igual que siempre, lastrándola y sometiéndola a una unidad ficticia y empobrecedora. Antes la obligaron por la fuerza y ahora también, al modo teatral como se hacen hoy las cosas en la política del Estado. Sí, hay una guerra contra Catalunya, con el objetivo de humillarla y mantener a toda costa el triste canon democrático que se fijó en la Transición, tributario del franquismo.

La decidida voluntad de una amplia mayoría de catalanes de iniciar un futuro por su cuenta y riesgo se enfrenta, en desigual batalla, a todos los poderes imaginables, desde el poder judicial a las fuerzas policiales (y también las militares, más sutilmente), el control y extorsión sobre su economía, pasando por el oprobioso poder de la propaganda que ejercen los medios públicos y privados, desde donde los siervos del Estado disparan sus insultos, mentiras y tergiversaciones para repudiar y desprestigiar las aspiraciones legítimas de un pueblo que solo tiene razones democráticas. El espectáculo de España cargando contra Catalunya su arsenal de amenazas y vejaciones es digno de ser analizado. Nos esperan muchas jornadas de deshonra y coerción que se prolongarán hasta el mismo 1 de octubre y aún después. El otoño catalán será el preludio del invierno ético español con la plena exhibición de sus bajezas y sus ilegítimos orígenes, sea cual sea el resultado del heroico empeño del proyecto liderado por el president Puigdemont.

España está en campaña de humillación de Catalunya. Es tan débil su posición política que ni siquiera ha tenido el atrevimiento de usar la norma más canalla de su Constitución, el artículo 155, que faculta al Estado la ocupación institucional de una comunidad autónoma y la privación de sus derechos. La renuncia del uso de esta solución es táctica. Los estrategas han pensado en algo más cruel, desatando un procedimiento que tiene cinco áreas: la judicial, la económica, la policial y la opinión pública, además de la internacional. Cada una de ellas está actuando de forma autónoma, pero coordinada con las otras operaciones de sometimiento y extorsión en su formato más burdo. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dirige el gabinete de la guerra de Catalunya -de momento incruenta- del que forman parte la cúpula de Interior, los tribunales Constitucional y Supremo, los servicios de inteligencia y algunos expertos en comunicación social, junto con los altos poderes económicos del Estado y asesores sobre asuntos catalanes. De nuevo España, se va a la guerra, la guerra sucia. Ya lo hizo en Euskadi. Ahora cae sobre Catalunya.

La ley del más fuerte La humillación que se cierne sobre Catalunya pretende ganar la primera batalla, quizás la menos importante, pero más valorada por los dirigentes: la propaganda. El objetivo específico es que la derrota del proyecto independentista no salpique a la totalidad de la ciudadanía catalana y se concrete sobre la clase política nacionalista. El argumento de comunicación es el valor supremo de la ley sobre la voluntad del pueblo. Con esta cantinela nos vienen machacando desde hace meses: que lo legal es más que lo legítimo, que lo formal y lo limitado son más que el fondo y la libertad. No sé si están logrando ganar la batalla de la opinión pública más allá del amplio sector conservador de la sociedad española, heredero de la ignorancia y el vasallaje franquistas y que constituye hoy el electorado del PP y Ciudadanos, pero nadie que conozca el sentido de la historia y el imparable poder de los cambios sociales puede aceptar una razón tan insuficiente y mezquina. De hecho, quienes reclaman el acatamiento de la legalidad son los que, amparando la corrupción, despreciando el autogobierno vasco durante treinta años y negando la separación de los poderes, menos cumplen su propia legalidad. La ley es solo su pretexto arbitrario.

No es el valor de la ley lo que se invoca contra Catalunya: es la ley del más fuerte. Hay una escenificación de la fuerza que se transforma en judicialización de la política: España ha lanzado su arsenal judicial contra los que reclaman poder votar el 1 de octubre. Los tribunales, que en mayor o menor medida (como hemos visto en la bochornosa declaración de Rajoy en la Audiencia Nacional, protegido por el juez desde el estrado) están bajo control del gobierno central y, además, disponen casi a su antojo del manejo de los tiempos y un indiscutible poder de intervención sobre los parlamentos y los gobiernos, como ya conocimos en Euskadi con la inhabilitación de Atutxa, Knörr y Bilbao, víctimas del asalto político de los jueces a sueldo del Estado. Ahora se ha reeditado en Catalunya, aumentado y no corregido.

Inhabilitar es humillar La humillación consiste en amenazar a los cargos institucionales y los empleos de los funcionarios colaboradores del referéndum, a quienes se acusaría de sedición, como en los mejores tiempos de la purga franquista tras el golpe de 1936. De momento, ya han depurado a Artur Mas, a las exconsejeras Irene Rigau y a Joana Ortega, además de al congresista Francesc Homs. Camino de igual muerte civil van el exsenador de ERC, Santiago Vidal; el director general de Comunicación de la Generalitat, Jaume Clotet; el excoordinador del comité ejecutivo del Pacto Nacional por el Referéndum, Joan Ignasi Elena; el secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, y el director general de Atención Ciudadana, Jordi Graells. Pueden ser decenas, cientos, miles, los catalanes ajusticiados por inhabilitación antes y después del 1-O. Ejecutados, en definitiva, porque la inhabilitación por causas democráticas aniquila a los condenados. Catalunya no necesita mártires para tener razón, porque suya es toda la libertad. Se supone que los represaliados asumirán con honor su sacrificio.

La Guardia Civil tiene un papel relevante en este conflicto, aún sin sangre y fuego. Hace unos días, sin ninguna excusa judicial, varios agentes verdes penetraron en el Parlament y en dependencias de la Generalitat para requerir información documental sobre los casos de presunta corrupción de la antigua CiU. Esta abrupta irrupción es de una gravedad extrema y muestra hasta qué punto el Estado estaría dispuesto a usar cualquier pretexto para configurar una nueva versión de Tejero, otro 23-F, que derribara al suelo a los representantes de la sociedad catalana.

Catalunya también tiene contra sí su propia Quinta Columna. La patronal ha hecho causa con el Estado. También la división de las fuerzas partidarias del derecho a decidir debilita la razón del 1 de octubre. La cobardía ha provocado dimisiones tácticas. La mayoría de los medios de comunicación infunden miedo al futuro y denigran el proceso. Y mucha gente se quiebra, víctima de sus vacilaciones. España es una máquina de disparar amenazas y ofensas contra funcionarios, empresas, pensionistas, trabajadores, ciudadanos. Es otra forma de terror. El bombardeo es insistente con la sinrazón de una legalidad que es preciso superar y vencer. España hace trampas y violenta la democracia. No tiene legitimidad alguna para machacar a Catalunya.

La lección catalana es que la estructura del Estado y el entramado político y jurídico que la sostiene han caducado. Demuestra que España miente bellacamente cuando afirma que todo es posible en democracia. Y como España no quiere cambiar, hay que forzar su estrecha y dudosa legalidad. Con la fuerza de la política. La historia está llena de ejemplos de heroicas rupturas que cambiaron y mejoraron las naciones. Sea lo que sea que vaya a ocurrir, Catalunya ya ha ganado esta guerra. Nunca hubo más razón para la sedición, gran virtud liberadora.

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