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De legalidad y democracia

Por Joseba Santesteban - Miércoles, 13 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:09h

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NO anda muy resuelto en democracia el muy y muy mucho democrático presidente del Gobierno español cuando se atreve a elevar una afirmación del calibre tal como: “Lo que no es legal no es democrático”. Quizás, hasta el momento, la mayor salida de tono de este hombre, con el qué tiene que ser muy divertido irse de cañas.

La cita, que no es el final de ninguna otra, viene como consecuencia de la decisión democrática para el referéndum catalán de primero de octubre, surgida del sistema representativo que utiliza muy bien el personaje barbado en escala de grises, y que tan de cabeza trae a estas gentes doctas en política y demócratas de toda la vida. Una cita que, como de costumbre, contiene elementos desafortunados con los que concibe la materia de la pléyade política de un amplio espectro, una democracia.

No vendría mal recordar leyes tan cercanas y despocráticas como la denominada de Seguridad Ciudadana y popularmente conocida como mordaza, las distintas reformas laborales, la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución española o la también democrática Ley de Amnistía Fiscal, entre otras. Todas ellas muy legales, amparadas algunas en las mayorías absolutas del gobierno de Mariano Rajoy y otras bajo los pactos de las mayorías minoritarias, y que contienen en sí mismas un déficit democrático absoluto. Leyes que convergen en el elemento común del sometimiento social, no solo al Estado, también a los poderes fácticos que maman de él: la redención del evasor de capital como contribución a la causa del Estado; la explotación de las personas y de los recursos como mal menor favoreciendo el crecimiento económico; anteponer deuda frente a necesidades básicas sin reparar en las responsabilidades político-económicas; castigo a la disidencia; transgresión de la seguridad jurídica; violación de la intimidad y libertad individual; atropellos a la libertad de expresión… ¡Un dato! Las multas por enfrentamientos de ciudadanos, no tienen por qué ser violentos, con las fuerzas de seguridad superan los 13,5 millones de euros.

El debate serio no debiera tratar de encuadrar democracia y ley, puesto que como hemos visto e incluso comprobado, la ley puede ser democrática o no serlo

La ley del más fuerte no es muy democrática. Las dictaduras, acuérdense del periodo 1936/1975, o 1923/1930 ambas envueltas en el fascismo y la monarquía, establecen sus legislaciones evitando procesos de consulta y bajo la más estricta imposición como forma de sometimiento. Las mayorías absolutas o los pactos entre mayorías amparados en la pseudodemocracia basada en el sistema representativo, también evitan la consulta y participación directa en las decisiones de calado. Por lo tanto y aunque la visión de lo expuesto siempre tiene matices en los que argumentar las bonanzas para el bien común, ambos sistemas coercen un desarrollo del ejercicio democrático.

Como forma de organización social, la democracia, en cuya definición Aristóteles y Platón son bastantes cercanos al definir uno como el gobierno “de la multitud” y “de los más” el otro, supone eso, una forma de gobierno mediante la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación. Por ello el debate serio no debiera tratar de encuadrar democracia y ley, puesto que como hemos visto e incluso comprobado, la ley puede ser democrática o no serlo, además ambas, incluso la propia sociedad, están secuestradas por intereses espurios, constituyen mercadería especuladora y por tanto sujetas a tensiones privativas, donde su máximo exponente podemos encontrarlo en tratados como el CETA, el TTIP o los desahucios sin ir más lejos.

El proces ha reabierto varios espacios de debate en torno a distintos conceptos, de los cuales estas líneas tratan de encuadrar la evidencia despótica de una falta de voluntad de aproximación y diálogo institucional, así como una autoritaria falta de respeto por las decisiones tomadas bajo el sistema democrático del Parlament. El mismo, exactamente igual que el defendido desde las posiciones centralistas estatales. La unidad de España por encima de todo, incluso del propio diálogo para su salvaguarda; viejo, prepotente y rancio discurso del sentimiento patrio, respaldado por leyes coercitivas y puesto en evidencia en los trabajos de investigación sociológica de los aparatos del Estado.

La calidad y cualidad democrática solo puede establecerse desde el ejercicio participativo de la sociedad. La participativa con herramientas y mecanismos consultivos y por supuesto la democracia directa, cuyos instrumentos de consulta son vinculantes, constituyen hoy por hoy el modelo democrático a instaurar. La ruta mediante la cual una sociedad del siglo XXI, formada e informada, es capaz de construir y dotarse de normas colectivas de entendimiento y respeto en la diversidad. Normas competentes y contemporáneas, con la necesaria flexibilidad vinculada a los intereses comunes.

No. Lo legal no es necesariamente democrático, y aun admitiendo a la democracia como el sistema menos malo, no es posible aceptar el sometimiento legal bajo el aura déspota del juego distorsionador de las mayorías minoritarias.

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