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la okupación fue denunciada en abril

Una familia okupa una casona cerca de la basílica de Begoña

Los propietarios han heredado la vivienda de una tía y deben abonar el impuesto de sucesiones a Hacienda

Un juez ordenó en junio el desalojo de los inquilinos y estos han recurrido

Sandra Atutxa - Jueves, 14 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:09h

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Juan Mari Gandiaga, uno de los propietarios de la casa, se apoya en el murete que separa el jardín, en claro estado de descuido. Foto: Oskar González

Juan Mari Gandiaga, uno de los propietarios de la casa, se apoya en el murete que separa el jardín, en claro estado de descuido. (Foto: Oskar González)

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Bilbao - A sus 72 años, Juan Mari Gandiaga pensaba que lo había visto todo, pero no. La realidad supera a la ficción. Desde el mes de abril, la casona que ha heredado de su tía está okupada por una familia que procedía del bilbaino barrio de Otxarkoaga. La vivienda, de más de 500 metros cuadrados, está situada en la zona conocida como Dolaretxe, muy cerca de la basílica de Begoña. “Cada vez que me acerco y veo cómo está la casa por fuera me pongo malo. No quiero ni pensar cómo estará por dentro”, confiesa con lástima.

La casa, con más de cien años de historia, tiene tres plantas, bodega -con botellas de vino de gran valor- y cuenta con ocho habitaciones, dos cuartos de baño, aseo y salón. Fue comprada por los abuelos de Juan Mari al alcalde de la época y con los años fueron decorándola a capricho, con maderas nobles, con buenos muebles, espejos, lámparas, cuadros traídos de diferentes puntos del mundo, relojes, juegos de plata, cuberterías, alfombras... “No sé cuánto quedará. En una de las habitaciones hay una cama traída de Inglaterra en la que han nacido todos mis tíos y en el salón hay seis sofás estilo Luis XV. Dentro hay mucho valor no solo material, sino también sentimental”, apunta.

Juan Mari cuenta haber seguido con atención la reciente noticia de otra okupación, la de la casa en La Rabuda de Muskiz, así como el desalojo de esa familia que fue ejecutada el pasado 6 de septiembre. “Los dueños se han encontrado todo destrozado. ¡Es terrible! A esta gente le da todo igual. No les importa nada. Nosotros vamos de legales, trabajamos, pero ellos piensan que las cosas llegan de la nada”, denuncia. Los propietarios de la casona en Dolaretxe denunciaron la okupación en abril y, tres meses después, el 5 de junio, el juez ordenaba el desalojo de las personas que residen en la casa. Sin embargo, la familia ha recurrido y continúa viviendo en la casa, mientras que los herederos aguardan con impotencia una nueva respuesta del Juzgado que les ayude a aliviar el mal trago por el que están pasando. “Te lo cuentan y no te lo crees, pero realmente estas cosas pasan. ¿Quién me iba a decir a mí que a estas alturas de la vida tenía que andar volviéndome loco con unos okupas?”, relata Gandiaga. “Lo estamos pasando mal”, se confiesa.

Su tía falleció en octubre del pasado año y decidió dejarle el 50% de la propiedad a Juan Mari, mientras que el resto será repartido entre otros familiares. En las próximas semanas, los propietarios deberán ejecutar la herencia y abonar el impuesto de sucesiones a Hacienda; en el caso de Juan Mari, la cantidad a pagar asciende a unos 35.000 euros, pero no pueden acceder a su propiedad, ni ponerla a la venta porque la casa está okupada. El edificio unifamiliar está valorado en algo más de medio millón de euros. “Nos sentimos totalmente desprotegidos. Tenemos las llaves de una casa que es nuestra y no podemos ni entrar, ni hacer nada más que pagar, esperar y desesperarnos”.

La sentencia dictada por el juez califica el hecho de “falta leve” y además de ordenar el desalojo de la familia impone al matrimonio la obligación de pagar tres euros diarios por el tiempo que llevan viviendo en la casa. “Es de risa”, apostilla. Y añade: “La multa es ridícula. Tres euros día por los seis meses que llevan... Nos deberían pagar 1.080 euros, pero si son, como dicen, insolventes y no tienen ayudas... ¿Qué van a pagar?”, reflexiona Juan Mari.

Lo cierto es que a pesar de la sentencia judicial, la familia -un matrimonio y un niño de corta edad- continúa viviendo en la casona, aparentemente sin ninguna intención de marcharse. “Viven tres de continuo, pero me han dicho que ella tiene tres hijos de otro matrimonio y él otros tres. Por las noches deben de montar unas fiestas de aúpa”, describe Juan Mari.

La mujer okupa, aunque inicialmente rehusó hacer declaraciones, finalmente aseguró a DEIA no tener ninguna notificación del Juzgado en la que les ordena el desalojo y reconoce que están okupando la casa: “Vimos que estaba vacía y hecha una mierda. La estamos limpiando”, confesó. Gandiaga todavía recuerda el día que se encontró la casa okupada. “Solía ir todos los días y en abril, el día del Aberri Eguna, voy a entrar a la casa y me encuentro al matrimonio allí. No entendía lo que estaba pasando”. “Fue increíble. Yo con las llaves de la casa y tener que marcharme de allí”.

Aunque asegura que intentó explicarles que la casa era de él, los okupas hicieron oídos sordos y se limitaron a cerrarle la puerta en su misma cara. Para acceder al interior de la vivienda rompieron la cerradura de la puerta trasera del jardín. “Puse la denuncia en la Ertzaintza y contraté un abogado. A partir de ahí hasta junio que ha salido el juicio no he podido más que desesperarme ante esta situación que nos parece totalmente surrealista”.

En este tiempo Juan Mari ha llamado a Iberdrola para dar de baja el servicio de electricidad, pero por un tiempo. Según explica, “debieron pincharlo de la línea general”. “En una semana consumieron 200 kilowatios de luz”, concreta. También se puso en contacto con el Consorcio de Aguas para cortar el suministro. “Me han dicho que por las noches se les ve con linternas y no sé si tienen agua. Lo que sé es que en verano han tenido montada una piscina enorme donde se bañaban”, apunta.

De momento, a los propietarios de esta casa no les queda otra que esperar a que el juez vuelva a pronunciarse a su favor, conscientes de que el haber heredado una propiedad les supone unas cargas económicas a las que tienen obligatoriamente que hacer frente. “A nosotros nadie nos va a perdonar nada”, concluye Gandiaga.

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