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Legalidad, pacto constitucional y legitimidad

Por Antoni. Segura i Mas - Lunes, 25 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:09h

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eL pasado miércoles tuvo lugar en Cataluña la primera escena del anunciado choque de trenes entre legalidad y legitimidad. Desde primeras horas de la mañana, la Guardia Civil, siguiendo las indicaciones del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, realizó 41 registros en Consellerias de la Generalitat (Gobernación, Presidencia, Economía, Exteriores y Asuntos Sociales), en diversas instituciones oficiales y en naves y almacenes industriales para recabar indicios relacionados con el referéndum previsto para el 1 de octubre (1-0). El resultado de los registros fue la incautación de millones de papeletas y la detención de 14 altos cargos del Govern de la veintena de investigados por desobediencia, prevaricación y malversación. También hubo un intento, en este caso de la Policía Nacional, de entrar en la sede de la CUP (Candidatura de Unidad Popular) que, finalmente, no se llevó a cabo por carecer de la correspondiente autorización judicial. La nueva actuación policial se suma al malestar y la indignación causados por la intervención y el control de la economía y las cuentas de la Generalitat y por los más de setecientos alcaldes investigados que han sido citados a declarar por la Fiscalía por haber apoyado la celebración del referéndum del 1-O. La consecuencia, el mismo miércoles miles de ciudadanos tomaron las calles (ofreciendo claveles a los guardias civiles) en torno a los locales registrados para protestar pacíficamente y reafirmarse en su voluntad de votar.

No se ha producido, todavía, formalmente, la aplicación del artículo 155 de la Constitución que supondría la supresión temporal del régimen autonómico en Cataluña, aunque, de facto, la utilización por parte del Gobierno de Rajoy de la ley y de las instituciones del Estado, a veces de forma retorcida, forzada y desproporcionada, se ha traducido en una mayor crispación social y política en Cataluña y en el resto de España y en un menoscabo de algunos derechos civiles fundamentales como la libertad de expresión con la prohibición de actos y debates sobre el derecho a decidir incluso fuera de Cataluña.

Sin duda, el referéndum previsto por el Govern catalán para el 1-O ha quedado tocado y no podrá realizarse en las condiciones de libertad, normalidad, transparencia, seguridad y garantías deseadas. Sin embargo, esta supuesta victoria del gobierno de Rajoy se produce a costa de traspasar algunas “líneas rojas” del Estado de derecho y democrático según han denunciado incluso algunos dirigentes socialistas. El precio pagado ha sido muy alto ya que la sustitución de la política por la fiscalía o por los tribunales solo contribuye a ahondar la fractura social y a posponer el necesario diálogo para encontrar una solución a la situación creada.

Sin duda, el Govern de la Generalitat y el Parlament de Cataluña han cometido errores en la gestión del conflicto político, como se ha quejado la oposición por la forma en que se desarrolló el pleno del Parlament de los pasados 6 y 7 de septiembre cuando se aprobaron las leyes del referéndum -y su convocatoria- y de transitoriedad forzando la normativa de la Cámara; no más, sin embargo, de lo que la forzaron en el Congreso de los diputados el PP y el PSOE en setiembre de 2011 para reformar el artículo 135 de la Constitución para introducir en la Carta Magna el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit; y no más de lo que contemplan las normativas de otra docena de parlamentos autonómicos. Pero es cierto que el hecho de que en otros contextos y espacios temporales se hiciera mal no es excusa para caer en los mismos errores.

En la confrontación del relato se justifican las medidas adoptadas por el gobierno de Rajoy apelando a la ruptura del pacto constitucional por parte de los partidos independentistas. La lectura que se hace por gran parte de ciudadanos de Cataluña es que el pacto constitucional lo rompió el PP con la presentación del recurso contra el Estatut de 2006 ante un Tribunal Constitucional (TC) bajo sospecha (miembros recusados, miembros que habían acabado su mandato o habían fallecido y que no fueron sustituidos), la recogida de firmas contra el Estatut y una campaña con claros tintes de anti catalanismo. Se considera que la Constitución establecía dos vías de acceso a la autonomía, la del artículo 151 o vía rápida, previsto, inicialmente, para aquellas comunidades consideradas “nacionalidades históricas” (Cataluña, Euskadi y Galicia) y que ya habían contado con un Estatuto de Autonomía durante la Segunda República; y la del artículo 143 o de vía lenta. En el caso del artículo 151, el trámite estatutario se inicia en los respetivos parlamentos con la discusión y aprobación del texto del Estatuto, su posterior tramitación y aprobación en el Congreso de los Diputados y, finalmente, su aprobación en referéndum por los ciudadanos de las respectivas comunidades que, en definitiva, dejaba la capacidad de decisión a la ciudadanía. Este proceso se dio con el Estatut de 2006, aunque el texto salido del Parlament de Cataluña en septiembre de 2005 fue modificado primero por el pacto Artur Mas-José Luis Rodríguez Zapatero y posteriormente por el Congreso de los Diputados. Nada que objetar (más allá de algún exabrupto del presidente de la Comisión Constitucional), hasta aquí se siguieron los pasos marcados por la Constitución. Lo que rompe definitivamente, según la visión de muchos ciudadanos catalanes, el pacto constitucional es la sentencia del TC de junio de 2010 cuando el Estatut ya había sido refrendado por los ciudadanos de Cataluña.

En suma, lo que se está produciendo estos días en Cataluña es la confrontación entre la legalidad, aplicada a rajatabla y de forma desproporcionada para impedir el referéndum del 1-O, y la legitimidad que ampara al Govern y a los ciudadanos catalanes hoy movilizados contra las medidas del Gobierno de Rajoy; legitimidad que es fruto de siete años de inmovilismo y falta de diálogo por parte del Gobierno español para dar una salida a las aspiraciones de una gran parte de esos ciudadanos.

Todo apunta, pues, a que estamos en un callejón de difícil salida y a que cada día que pasa se hace más difícil establecer puentes de diálogo y puntos de encuentro. El problema hoy ya no es si el 1-O habrá o no referéndum o si este tendrá las garantías suficientes, el problema es -y seguirá siendo después del 1-O- encontrar una salida a las reivindicaciones de gran parte de los ciudadanos de Cataluña que aspiran a decidir democrática, libre y pacíficamente su futuro político y que se sienten imbuidos de legitimidad para reclamarlo. Una situación que ha desbordado ya el marco de los dirigentes políticos y que se ha instalado en forma de reivindicación en las calles tomadas por multitud de ciudadanos que siguen exigiendo la celebración del referéndum. En conclusión, solo el abandono de la vía de judicialización de la política y el regreso a la Política (con mayúsculas) puede aportar alguna luz y esperanza a una situación que amenaza con desbordarse irremediablemente.

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