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Salarios bajo sospecha

Por Joaquín Arriola - Martes, 26 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:09h

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columnista Joaquin Arriola

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DESDE hace tiempo en los países desarrollados y en particular en Eurolandia la participación de los asalariados en el valor añadido sigue una curva descendente paralela a la pérdida de influencia del entramado orgánico -es decir institucional, cultural y político- de las organizaciones obreras y socialistas en sentido amplio.

El virtual abandono de las tradicionales reivindicaciones del mundo del trabajo -trabajar menos, ganar más- a favor de programas distributivos del valor ya producido según el modelo de “renta para todos”, expresa en cierto sentido la impotencia para revertir esta tendencia, que es la contrapartida de la ecuación básica de la creciente desigualdad social y concentración de la riqueza puesta de relieve por Thomas Piketty: una tasa de rentabilidad del capital mayor que la tasa de crecimiento económico, que se obtiene limitando el aumento de los salarios por debajo de la tasa de crecimiento.

Actualmente, en España, unos 17 millones de asalariados y falsos autónomos reciben el 55% del valor que producen. En los países más desarrollados de la UE, las rentas del trabajo representan en torno al 56% del PIB (en Francia supera el 58%, pero ya tienen a Macron para resolver tamaña anomalía).

Si hacemos un pequeño cálculo de un mes promedio, la cosa en 2016 fue más o menos así: los empresarios contrataron a unos 10 millones de asalariados y entre uno y dos millones de falsos autónomos; les pusieron a trabajar y lo que produjeron lo vendieron por un precio medio mensual de unos 160.000 millones de euros. Con el dinero obtenido hicieron cuatro montones: uno, para reponer el capital y los bienes gastados en la producción (unos 83.000 millones de euros; estos no se cuentan en el cálculo del PIB); otro para pagar a los empleados (remuneración de asalariados: 40.000 millones de euros); otro para pagar impuestos sobre la producción (9.000 millones) y el resto, 28.000 millones, para su consumo personal y ahorro (16.000 millones) y para nuevas inversiones, a las que destinan otros 12.000 millones al mes.

Otros tres millones y medio de asalariados son contratados por el Estado: trabajan produciendo bienes y servicios que se suministran mediante reglas de distribución acordadas más o menos democrática o autocráticamente. El valor de lo que producen es de unos 22.000 millones de euros mensuales, y se pagan con impuestos y tasas, que se distribuyen principalmente en unos 12.000 millones de euros de rentas salariales, 6.000 millones de gastos en compras para la producción de los servicios públicos y 3.000 de rentas del capital, fundamentalmente de las empresas subcontratistas que, como los colegios concertados, no venden sus productos en el mercado sino que estos son distribuidos por el propio Estado. El acceso a estos bienes y servicios, al no venderse en el mercado, no depende de la distribución de la renta y de la consiguiente capacidad de pago de unos u otros ciudadanos.

Si tenemos en cuenta que los empresarios que se dedican a organizar la producción no superan los dos millones, es evidente que sus rentas, incluso descontadas las inversiones que llevan a cabo, son sustancialmente mayores que las de los 15 millones de asalariados. Y el trozo que obtienen crece año a año más rápido que la propia tarta de la producción.

Este resultado se suele achacar a las reformas laborales que han debilitado la capacidad negociadora de los trabajadores. En realidad, son el resultado de un largo proceso de reforma cultural, en marcha desde hace por lo menos tres décadas, por la cual los trabajadores como tales han dejado de ser un sujeto político relevante, siendo sustituidos por movimientos y reivindicaciones identitarias de una densidad espacial y organizativa mucho menor que las tradicionales organizaciones de los trabajadores.

Quizá la mayor transformación estructural implementada por los gobiernos del PP ha sido precisamente el cambio en el régimen salarial asociado a esta reforma cultural. Durante la expansión de los años 60 y la crisis de los 70 estuvo vigente un régimen salarial en el que los salarios reales tendían a crecer más que la variación en el empleo. Pero desde 1996 la participación de los asalariados en la renta, crezca más o menos el producto, se mantiene estabilizada, de modo que la parte de los salarios solo varía en el mejor de los casos, en la misma proporción en que lo hace el empleo.

De acuerdo con esta evolución, desde que finalizó oficialmente la crisis en 2015 y hasta junio de 2017, la remuneración por asalariado en estos dos años y medio -hasta junio de 2017- está estancada con tan solo un 0,3% de aumento en dos años y medio cuando el PIB aumentó en ese periodo más de un 0,7%: la diferencia ha ido a incrementar la parte de los beneficios.

Las consecuencias de este cambio son muy profundas, a pesar de que no exista una conciencia muy clara de las mismas. El nuevo régimen implica que las políticas de crecimiento se basen en una extensión de la base de empleo, pero acompañada con un estancamiento en los salarios reales. En consecuencia, los salarios diferidos de los trabajadores, en particular las pensiones, se ven sometidas a fuertes tensiones y finalmente a reducciones periódicas. Si los nuevos trabajadores ganan menos que los antiguos, la carga de las pensiones puede resultar excesiva, ya que en el sistema español se financian con parte de la renta salarial. Los argumentos de la financiación vía impuestos o los planes privados como alternativa no son en este caso sino cortinas de humo para ocultar el problema de un sistema de financiación que es el más eficiente a largo plazo, se pongan como se pongan los señores banqueros y sus corifeos mediáticos y académicos.

Por otro lado, la represión salarial facilita la obtención de beneficios con poco esfuerzo inversor. Se trata de un régimen que desincentiva la inversión en tecnología y en el aumento de la productividad del trabajo facilitando la supervivencia de chiringuitos empresariales de todo tipo. En un escenario como este, es pura retórica el emplazamiento a desarrollar la economía de la inteligencia, la innovación y la eficiencia.

Cierto, la precariedad salarial como objetivo de la política económica ha sido todo un éxito. Pero, para ser sinceros, sus promotores deberían reconocer que la precariedad laboral y empresarial, y a medio plazo la precariedad de las pensiones, son consecuencias necesaria de ese éxito.

Solo una política de aumento del salario mínimo y de crecimiento de las rentas salariales generaría incentivos para la innovación tecnológica y las ganancias de productividad. El argumento de que en ese caso el ritmo de creación de empleo se frenaría responde a una interpretación errónea de la relación entre salarios y empleos y del bienestar relativo de la población: la gente no vive mejor por trabajar más, sino por obtener un mayor rendimiento por su esfuerzo. Incluso si al aumentar los salarios se perdieran los empleos de los chiringuitos obligados a cerrar por falta de ganancias, el bienestar de los trabajadores en su conjunto aumentaría, si los incrementos salariales compensan las rentas bajas perdidas en los empleos precarios desaparecidos. Una política diferente que, por lo que se oye por ahí, no forma parte por ahora del debate político ni español, ni comunitario, ni vasco.

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