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Heziberri 2020

El tablero del pacto educativo

Los principales agentes educativos de Euskadi muestran sus cartas en la partida abierta esta semana por el Gobierno vasco para alcanzar un gran acuerdo escolar antes de final de curso

Idoia Alonso - Sábado, 30 de Septiembre de 2017 - Actualizado a las 06:08h

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Imagen de la reunión de la consejera de Educación, Cristina Uriarte, y su equipo con todos los agentes educativos y sociales.

Imagen de la reunión de la consejera de Educación, Cristina Uriarte, y su equipo con todos los agentes educativos y sociales. (Irekia)

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  • Imagen de la reunión de la consejera de Educación, Cristina Uriarte, y su equipo con todos los agentes educativos y sociales.

Bilbao- Esta semana ha arrancado el proceso de reflexión para alcanzar un pacto escolar en Euskadi que establezca el “suelo común” como paso previo de una nueva Ley Vasca de Educación, la estación de término de Heziberri 2020. Para la consejera de Educación, Cristina Uriarte, el reto más importante del presente curso es impulsar un acuerdo entre toda la comunidad educativa que permita asentar las bases del sistema vasco las próximas décadas.

De este modo, se cumple la tercera y última fase de Heziberri 2020, dar pasos hacia una ley con el objetivo de “estructurar y reforzar la estabilidad y la calidad de la educación vasca, avanzando hacia la excelencia”. Así se recoge en el acuerdo de gobierno suscrito entre el PNV y el PSE. Además el documento señala expresamente que el pacto debe reconocer “el papel esencial de la escuela pública y su carácter laico” y establecer “las bases regulatorias para la financiación del conjunto del sistema educativo”. El lunes la consejera Uriarte se reunió en Gasteiz con una treintena de agentes educativos y sociales a los que trasladó la metodología y el calendario que marcarán el ritmo de esta trascendental negociación a fin de contar con un documento de consenso en junio.

La hoja de ruta contempla la creación de cinco grupos de trabajo formados por especialistas designados por los propios agentes que abordarán cinco cuestiones: convivencia, lenguas, evaluación, modernización de la educación y autonomía de los centros. Cada grupo tendrá tres meses para presentar al Departamento un texto con las cuestiones acordadas en cada uno de los ámbitos acotados por Educación. Tras ello se convocará a los agentes a una reunión plenaria para trasladarles el trabajo realizado y abrir un periodo de aportaciones que servirán para enriquecer el documento que Educación traslade en enero al Consejo Escolar de Euskadi. El parlamento de la escuela vasca tendrá entonces vía libre para ampliar o modificar lo que estime oportuno del documento que regresará a manos del Gobierno vasco y de ahí al Parlamento de Gasteiz.

De cumplirse el calendario, lo más probable es que la propuesta de pacto llegue a la Cámara Vasca en primavera. A la vista del historial de desencuentros políticos en materia educativa protagonizados en el pasado por las formaciones vascas, esta fase es sin duda la más temida por la mayoría de los actores consultados. En la serie de entrevistas realizadas esta semana por DEIA a los agentes clave del sector, la presidenta del Consejo Escolar de Euskadi, Nélida Zaitegi, declaró que ella no se siente “árbitro” dentro en esta compleja partida pero consideró que lo que decida el Consejo “debería tener mucha autoridad antes de que llegue al Parlamento Vasco ya que en el Consejo está representada toda la comunidad educativa” para añadir que “habrá que ver qué postura adopta cada partido y si anteponen el coste electoral o son valientes. Todo esto puede ser una rémora y entonces la pregunta sería... ¿Qué costo tiene no tener un pacto?”.

Evidentemente, el Gabinete Uriarte busca la foto de unidad y consenso por lo ha intentado allanar el camino excluyendo de los grupos de trabajo originales dos cuestiones medulares en la futura ley: la financiación y la vertebración del sistema ligada al polémico reconocimiento del servicio público de los colegios concertados. O lo que es lo mismo, dar cobertura legal y económica a la red concertada con la creación de una especie de sistema público unificado independientemente de la titularidad de los centros, superando así la dialéctica público-privado que se consagró junto al reparto equilibrado de estudiantes entre ambas redes en el Pacto Educativo de 1992.

Segregación Muchas voces sostienen que el statu quogenerado por aquel pacto está en el origen de la segregación del alumnado más desfavorecido en la red pública, tal y como vienen advirtiendo desde 2007 organismos como el Ararteko, Save The Children o el Consejo Escolar de Euskadi. Incluso la propia Uriarte reconoció el año pasado en sede parlamentaria la existencia de esa segregación y que “no es un tema baladí”. Por tanto, la exclusión de la definición del modelo educativo en el que se deberían estructurar los cinco ámbitos que se someten a debate ha generado dudas entre familias y los directores de la red pública y sindicatos como ELA.

“¿Un pacto para qué?”, se preguntaba Josu Etxaburu, presidente de la Asociación de Directores de Institutos de Secundaria (BIHE) y la Asociación de la Escuela Pública Vasca (Heize). ¿Un pacto para qué?, también se preguntaba Lurdes Imaz, coordinadora de la Confederación de Padres y Madres de la Escuela Pública Vasca (Ehige), que ha decidido abrir un debate interno sobre la hoja de ruta presentada por la consejera antes de decidir si participa o no en el proceso abierto. A las familias les produce “inquietud y alarma” que no aparezca la segregación entre los principales temas a tratar, no solo por “las tensiones que está generando en nuestro sistema”, sino porque es un elemento que está directamente relacionado con la equidad y con el modelo educativo que debe regular la ley.

Antes de la reunión del lunes en Lakua la coordinadora de Ehige decía a este periódico: “Hablemos claro, el interés de aprobar una nueva ley es de la privada. Lo que pasa es que tomamos como normal algo anormal, porque no es normal tener un sistema educativo con solo un 50% de escuela pública. Y si realmente lo que se quiere es hacer un pacto para darle un marchamo de normalidad a algo que no lo es, nosotros no estaremos ahí”. Y dos días antes Etxaburu hacía esta reflexión acerca de las prioridades que, a su entender, se deberían abordar. “La escuela pública vasca necesita tener una radiografía exacta de qué es lo que nos está pasando. Cuando se dice que hay que financiar porque dan un servicio público, yo digo que hay que financiar a los centros públicos porque hay edificios que no están en condiciones, porque tenemos a estudiantes en barracones, porque hay centros con más alumnos y menos profesores. Necesitamos saber qué es lo que tenemos para comenzar a hablar de pacto”.

La concertada espera La ausencia del tema de la financiación y del modelo educativo (el cambio del concepto de lo público) en esta fase del pacto tampoco ha pasado inadvertida a los pesos pesados de la red concertada si bien, como principales interesados en que la nueva ley salga adelante, tanto Kristau Eskola como las ikastolas salieron de la reunión con la consejera satisfechos y presentándose como agentes proactivos. A priori pudiera parecer una actitud contradictoria ya que ambas patronales llevan años reivindicando el reconocimiento del servicio público que prestan sus centros unido a un incremento en la financiación.

Las palabras expresadas por presidente de Ikastolen Elkartea, Koldo Tellitu, tras la reunión apuntan a que se optimismo obedece a que ambas tienen la “certeza” de que avanzado el proceso estas dos cuestiones tendrán cabida en el debate. En DEIA Tellitu explicaba que un punto importante de la ley es que regule el conjunto del sistema. La idea -dijo- “es cambiar el concepto de que lo público esté unido a la titularidad. Creemos que esta es una apuesta de país, igual que la normalización del euskera y Curriculum Vasco. Lo importante es el concepto. La mejora de la financiación no es la prioridad para las ikastolas sino el cambio de paradigma. No planteamos que nos den más dinero a nosotros para quitárselo a la pública. ¿Cuál sería la situación ideal? Que nuestro país mejore la recaudación y haya más dinero para mejorar las situaciones que reivindican los sindicatos en la pública y para mejorar la situación de la concertada”.

En este sentido, el director general de Kristau Eskola, Mikel Ormazabal ponía de manifiesto que “la prioridad del pacto es que reconozca que todos los centros ofrecemos un servicio a la sociedad por encima de su titularidad. La sociedad vasca nos está diciendo año tras año su apuesta por un sistema dividido mitad y mitad entre concertada y pública. Hagamos posible que la ley contemple esa realidad que emana desde la sociedad. Queremos que sea una educación equitativa, justa, de calidad, gratuita... hagamos que eso sea financieramente posible”. Según sus cálculos el Gobierno vasco debería incrementar un 25% el dinero de los conciertos para ajustarlos al servicio educativo que prestan estos centros y que complementan con la financiación privadas de las familias. El 26% de los ingresos de la privada provienen de las cuotas, un factor que indudablemente actúa como un filtro social invisible. Ormazabal avanzó en DEIA que Kristau Eskola dejaría de cobrar cuotas si Lakua asumiera ese incremento de la financiación y a cambio se someterían a una auditoría externa.

Presentado así, problema resuelto. Problema resuelto para estos centros, para las familias de la concertada y para la Administración educativa porque la publificación de todo el sistema sería económicamente inasumible para el Gobierno vasco. Problema resuelto. ¿O no? Porque la libertad de enseñanza que reconoce la Constitución no concibe la obligación de la Administración de concertar la iniciativa privada como un derecho universal de las familias sino dentro de las disponibilidades presupuestarias. E históricamente en Euskadi esa financiación ha sido y sigue siendo casi, casi universal y un 40% superior a la media del Estado. Bueno, este es el tablero y estas las piezas del juego. Habrá que ver cómo se desarrolla esta endiablada partida.

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