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Neure kabuz

La ridícula pérdida de los papeles, a la búsqueda de papeletas

Por Jon Azua - Domingo, 1 de Octubre de 2017 - Actualizado a las 06:08h

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EL pasado 11 de diciembre, una marea pacífica y entusiasta de ciudadanos catalanes volvió a decir sí a su derecho a decidir y a elegir un determinado modelo de relación, de autogobierno y de organización de su administración política y pública. En esta ocasión, como viene haciendo año tras año, reclamando el diálogo necesario para acordar una nueva y deseada confortabilidad en el espacio político-administrativo en el que haya de desarrollar su futuro.

En 2006, Catalunya también dijo sí, con referéndum preceptivo, a un nuevo Estatuto de Autonomía aprobado mayoritariamente por su parlamento, atendiendo al procedimiento constitucional establecido. Sin embargo, tras cuatro años de recursos y recortes, el mismo Tribunal Constitucional y partidos políticos que esgrimen las bondades y purezas del “punto de encuentro de todos”, se encargaron de cepillar el Estatuto para dejarlo en el actual Estatuto vigente. Un Estatuto para Catalunya que no quieren los catalanes.

Y con este marco normativo-político, a la espera de los próximos acontecimientos con la doble cita álgida de hoy (referéndum 1-O y su consecuente proclamación o no de la independencia y devenir de acciones en cadena), se han venido sucediendo las acciones de los aparatos del Estado para impedir una consulta y recuperar de forma unilateral -como viene siendo habitual desde el momento cero de la llamada Transición- las competencias y poderes otorgados a Catalunya en sus distintos Estatutos; los posicionamientos mediáticos, mayoritariamente unionistas, en la carrera para el logro de sus objetivos; la dirección de la Fiscalía, Policía y Guardia Civil, de jueces amigos, bajo el amparo de sus tribunales de Justicia y Constitucional o de Cuentas, en actuaciones sumarísimas y con sentencias prediseñadas de carácter previo a la evidencia, que obvian el derecho a la defensa, sabedores de que su propio control de procesos, tiempos y decisiones, de producirse, no llegará hasta muchos años más tarde, cuando hayan desaparecido del mapa político los incómodos jugadores que no mantienen el adecuado alineamiento con sus deseos e intenciones.

La ‘democracia orgánica’ de Rajoy Atrás está la palabra solemne y rotunda (teatral a la luz de los acontecimientos) de Mariano Rajoy en 2006, como jefe de la oposición en el Congreso de los Diputados, reclamando, al entonces presidente Rodríguez Zapatero, “el ejercicio democrático de la consulta, exigiéndole la celebración de un Referéndum demandado por el pueblo catalán, destacando su llamamiento a la responsabilidad de Estado, exigiendo alejarse de regímenes populistas y la necesidad de demostrar la existencia de democracia en España”.

Por lo visto, el presidente califica el actual estatus propio de una democracia orgánica, de baja calidad e intensidad y que actúa de espaldas al pueblo. Tras la Diada, lejos de propiciar medidas de diálogo, se han apresurado a impedir cualquier iniciativa o pensamiento proconsulta con la amenaza de llenar las cárceles con al menos mil presos políticos inhabilitados en una intervención nunca vista en la democracia europea de postguerra, deteniendo a los alcaldes que mostraban su voluntad de facilitar la celebración de la consulta. Más tarde, el desembarco de la Guardia Civil, la sustracción de competencias y responsabilidades de la seguridad y la imposición de zares o virreyes de la metrópoli en colonias , suponen un camino sin retorno (por cierto, ante la pasividad del jefe del Estado).

Y siendo lo anterior de extraordinaria gravedad, es en este contexto en el que merece la pena llamar la atención sobre otro aspecto relevante, que parece aceptarse con normalidad o con relativa justificación con el silencio cómplice de múltiples actores y de la oposición de apoyo de PSOE-Ciudadanos y que va mucho más allá de este 1 de octubre.

Se trata de la irrupción arbitraria e ilegal del Gobierno español en el mundo económico-financiero y empresarial en un claro chantaje atemorizador que pretende, una vez más, saltar de la política al barro, sacando ventaja puntual de su posición dominante. Así, desde la vicepresidencia del gobierno, desde sus reprobados ministerios (Hacienda, Justicia e Interior), iniciaron una cruzada dirigiéndose a empresas de servicios profesionales y tecnologías de la información para “advertirles” que no podían realizar dictamen, informe o proyecto alguno para las administraciones catalanas con la excusa de que “todo ello iría encaminado a la secesión” y serían presa de la ley y, sobre todo, de la marginación del gobierno.

Creen haber ganado. Más bien, todo parece indicar que el movimiento en marcha no tiene vuelta atrás. El 1-O no es, en ningún caso, un punto final. Un larguísimo camino nos espera y no solo en Catalunya

Intromisión de mala fe Así, el mismo día en que se celebraba la Diada, el diario económico Expansión publicaba, en una sección de coyuntura, El desafío secesionista, lo que ya era sobradamente conocido en el ámbito empresarial: “El Ministerio de Hacienda exige a las empresas tecnológicas y de consultoría y servicios profesionales toda información de los últimos ocho meses sobre contactos, proyectos, trabajos y contratos relacionados con las Administraciones Públicas Catalanas, su sector público empresarial y entidades colaboradoras”. No hay constancia alguna, sin embargo, de que hayan hecho algo similar con otras administraciones públicas (incluida la propia Administración General del Estado) al amparo, supuesto, de la normativa oficial en materia de estabilidad y sostenibilidad financiera. Así, con simplemente acudir al portal público www.adjudicacionestic.com, verían cómo tan solo en los últimos cinco meses se han adjudicado más de 500 proyectos en el ámbito de las tecnologías de la Información, destacando la Xunta de Galicia y diferentes comunidades autónomas dirigidas por militantes del PP y PSOE, con la nada sorprendente relevancia de la adjudicación, en más de un 70% de lo contratado a Telefónica e Indra. No se trata de información, sino de presión y miedo.

En este punto, convendría recordar un par de cuestiones clave: el rol de los gobiernos y sus competencias y funciones y la importancia de las TIC y, con ellas, de las tecnologías y proyectos asociados con la gestión, modernización, transformación de la economía y tantas actividades esenciales al servicio del bienestar de los ciudadanos.

Pero, además, ante la gravedad de esta intromisión gubernativa de mala fe, es conveniente recordar que la financiación autonómica en España está debidamente regulada (Constitución, Estatutos, leyes orgánicas…) tanto para las comunidades sujetas al Régimen Común (Catalunya incluida), como al Régimen Foral y las situaciones especiales de Canarias (región europea ultra periférica) y Ceuta y Melilla (con fiscalidad indirecta por su singular regulación estatutaria). Todos ellos protegidos por principios de autonomía financiera extendibles al resto de recursos que éstas entidades disponen más allá de la financiación estatal.

Por si esto no fuera suficiente, merece la pena insistir en que Catalunya (mientras no se implemente, en su caso, su independencia) tiene en vigor su Estatut (por muy recortado y no deseado que sea) en el que se recogen sus competencias. Así, en su título VI, De la financiación de la Generalitat, su artículo 202.2 establece cómo “la Generalitat dispone de plena autonomía de gasto para poder aplicar sus recursos de acuerdo con las directrices políticas y sociales determinadas por sus instituciones de autogobierno”. Por no añadir la amplia definición de sus recursos, de su propia Hacienda (no para después del 1 de octubre y su desconexión, sino ahora), sus competencias financieras; mecanismos de gestión y control, así como la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat que canaliza toda relación.

¿Para qué sirve un gobierno? Pero, al margen de normas, cabe preguntarse cuál es el papel de un gobierno. ¿No es exigible a cualquier gobierno que se ocupe de la mejor administración de servicios y recursos al servicio del bienestar de sus ciudadanos? ¿No debe preocuparse en mejorar su gestión? ¿No ha de explotar su capacidad de fomento y apoyo al mejor desarrollo económico y social de sus ciudadanos? ¿No parece razonable la mejora permanente de las plataformas tecnológicas, servicios avanzados, aplicación de las TIC, no solo a las comunicaciones y a la revolución 4.0, o a la sanidad, educación, administración de justicia, transportes y sus infraestructuras, medios audiovisuales y su propia modernización de la gestión pública? Sin duda, de la misma manera que es exigible a la Administración General del Estado o a cualquier gobierno de Comunidad Autónoma o Ayuntamiento la mejor actuación, eficiencia y gestión de su financiación, deberíamos saber que la Generalitat de Catalunya puede y debe actuar en esta línea. Y más aún, cumplir con el mandato presupuestario de su Parlamento.

El miedo pretende extenderse más allá de la realidad y la lógica (también empresarial). En estos últimos días conocemos las cifras de la inversión extranjera en España. En los años del procés, Catalunya ha atraído 46.000 millones de euros en inversión extranjera directa (Alemania, Francia, Japón, Suiza, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Portugal, Luxemburgo…). No parecen asustados más allá de la obligada ocupación ante la incertidumbre. De la misma manera que las empresas multinacionales españolas invierten en otros países entre los que destacan muchos con realidades complejas (guerras, violencia, delincuencia, corrupción, tasas de cambio, monedas débiles y variadas ideologías y gobiernos…) mitigando riesgos, gestionando contingencias y conviviendo con la normalidad de la complejidad. Catalunya cerró 2016 con la mejor cifra de inversión extranjera de sus últimos 16 años (5.000 millones de euros), haciendo valer algunos de sus hechos diferenciales como el tejido económico, capital humano, apertura exterior y su nada despreciable 21% del PIB del Estado.

En fin, la actuación del gobierno español, en este caso, no solamente se traduce en un “pleito competencial”, “una tutela autoconcedida” o una intromisión prepotente y antidemocrática, sino también en un chantaje y presión inadmisible al mundo profesional, empresarial y ciudadano.

Hoy, con la excusa del procés y la búsqueda de urnas, documentos y papeletas, pone de manifiesto su fiebre centralizadora creyéndose el mando absoluto de un Estado que, les guste o no, dejó de ser único e indivisible a partir de la transición posfranquista que sus antecesores no apoyaron. Creen haber ganado. Más bien, todo parece indicar que el movimiento en marcha no tiene vuelta atrás. El 1 de octubre no es, en ningún caso, un punto final. Un larguísimo camino nos espera y no solo en Catalunya. Recorrerlo desde la ilegitimidad y nula credibilidad resultará tortuoso. Las malas artes se han puesto sobre la mesa y se han perdido los papeles a cambio de unas papeletas que, sin embargo, tarde o temprano volverán a las mesas, garantizando el ejercicio pacífico y democrático del derecho a elegir un futuro propio.

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