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Una DUI para la Conferencia Episcopal

Por Aitor Castañeda Zumeta - Lunes, 13 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:09h

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SE cumplen aproximadamente 330 años desde que el filósofo británico John Locke escribiera suCarta sobre la tolerancia, en la que asentaba como una de las bases de su estado liberal la tolerancia religiosa y la separación Iglesia-Estado, precepto que ha estado más o menos presente en todas las constituciones de corte liberal en el mundo. En España, tras centurias de catolicismo en maridaje con el Estado, la Constitución de 1978 pone fin al matrimonio político-religioso a través de su artículo 16, que especifica que “ninguna religión tendrá carácter estatal”, si bien es evidente que las instituciones públicas mantienen un vínculo de colaboración preferente con la Iglesia católica.

Así las cosas, merece la atención que tras la DUI de Catalunya el 27 de octubre la Conferencia Episcopal (CE), con el exobispo de Bilbao Ricardo Blázquez a la cabeza, emitiera un comunicado en el que apelaban al orden constitucional y lamentaban los acontecimientos. Podría parecer una nueva convergencia entre la Iglesia y el Estado, si bien hasta ese mismo momento este último, dirigido por el PP, había relegado a la Iglesia a no hacer ninguna mediación en el conflicto Catalunya-Estado. Si nos remitimos a las declaraciones de la CE de finales de septiembre, en las que los obispos exhortaban a los dirigentes políticos a que evitaran “situaciones irreversibles” para España y Catalunya, el exalcalde de Gasteiz, Javier Maroto, respondía pidiendo a la Iglesia que se encargase solamente de la “ética y la moral”. ¡Como si la moral y la ética no tuviesen que ver con la política! También respondía así Rivera, pidiendo a ésta que se ocupara “de sus fieles”. ¡Como si esos fieles no votasen!

Aún es más clara la controvertida Declaración de la Comisión Permanente ante la Situación en Cataluña, sita en la web de la CE y tildada en algún caso de españolista, pero que si se lee con atención no es más que un guiño a la instrucción pastoral de la octogésima octava Asamblea Plenaria del 2006, Orientaciones morales ante la situación actual de España. En su epígrafe “Los nacionalismos y sus exigencias morales” (III.B.b.6), los obispos situaban la acción política bajo el principio de unidad en la diversidad, apelando al cambio de las leyes si fuese necesario para obtener el acomodo de los pueblos que conforman el Estado, y apelando al principio de subsidiariedad presente en la Doctrina Social de la Iglesia, y de la que también beben hoy partidos nacionalistas de corte democristiano. ¿De dónde se sustrae, si no, la legislación foral, sino en ese principio en la que el Estado no se entromete en la vida de la provincia, ni esta en la del municipio?

Fieles pues a estos principios expuestos, la CE, presidida ahora por un cardenal que conoció bien Bizkaia, gure lurra, sabe bien que no ha de proponer -ni propone- una salida a un conflicto político de complejísima resolución, aunque evidentemente pida que nada sea hecho fuera de la ley, que guste o no es ahora la Constitución. Más si cabe habida cuenta de que, siendo tildada de no querer la democracia, la CE publicase en 1986 la instrucción Los católicos en la vida pública (Ávila, Signum Christi, 1986), donde los obispos reafirmaban su respeto a “la legítima autonomía de la vida política” (p.12), distanciándose así del Estado y comprometiéndose a cumplir toda ley que emanase de la voluntad popular.

Con todo, y con sus posibles errores en comunicación, veo loable la actitud de la CE y su imparcialidad y labor de arbitraje en este conflicto en el que, mientras algunos pretenden ganar votos a través de la demonización del adversario, otros se esfuerzan por la salvaguarda del bien común y la libertad de personas y pueblos, que no es otra cosa que política en su definición más pura.

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