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Aplicando las medidas coercitivas

Por Joaquín Arriola - Lunes, 27 de Noviembre de 2017 - Actualizado a las 06:09h

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LA reciente decisión del Ministerio de Hacienda de poner al Ayuntamiento de Madrid bajo el control semanal de los hombres de negro del ministerio ha levantado cierta polémica, en general algo desorientada. Es cierto que los actuales gestores del ayuntamiento madrileño han recibido como herencia del PP el ayuntamiento español más endeudado y que en dos años de gestión han sido capaces de reducir significativamente la deuda municipal y gestionar un presupuesto con más ingresos que gastos no financieros. Algunos han criticado que el Ministerio haya puesto en el punto de mira al ayuntamiento y no a la Comunidad de Madrid, con el argumento de que mientras la nueva administración de aquél está reduciendo el nivel de endeudamiento en más de 2.000 millones de euros desde junio de 2015 a junio de 2017, la de ésta lo ha aumentado desde las últimas elecciones en cerca de 5.500 millones. Pero esto no impide que mientras que el Ayuntamiento de Madrid sigue siendo el más endeudado de España, la Comunidad de Madrid es la que tiene el menor nivel de deuda en relación a su dimensión económica, un 15,1% del PIB en junio de 2017. La siguiente comunidad por menor nivel de endeudamiento es precisamente Euskadi, con un 15,3% en las mismas fechas.

Esta buena gestión del actual consistorio no evita que la ciudad de Madrid mantenga todavía una deuda de 3.500 millones de euros, lo que representa el 45% de la deuda de las trece ciudades de más de 300.000 habitantes y el 14% de la deuda de todos los municipios de España, el doble de lo que le corresponde por el peso de su población en el total. Por lo tanto, un nivel de endeudamiento que aún está muy lejos de los parámetros de sostenibilidad que ya tienen el resto de ciudades grandes, cuya deuda fluctúa entre los 990 millones de Zaragoza y 800 de Barcelona, y los 88 millones de Alicante o los 0,5 de Bilbao.

Lo cierto es que desde que la Unión Europea diseñó su programa de ajuste permanente en junio de 2011, el llamado Pacto por el Euro, y en particular desde que este se comenzó a aplicar en España en abril de 2012 con la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones públicas, hasta junio de 2017 las únicas administraciones que han reducido la carga y el volumen de la deuda han sido las locales, que tenían una deuda equivalente al 4,4% del PIB, y la han reducido hasta el 2,8% del PIB. En el mismo periodo, la deuda de las comunidades autónomas ha crecido desde el 16,4% al 25% del PIB y la de la administración central, incluida la Seguridad Social, desde el 66,2% al 89%.

En 2017 las comunidades autónomas van a destinar 5.400 millones de euros al pago de intereses y otros 27.200 millones a amortizar deuda, para lo cual se van a pedir de nuevo 31.700 millones de euros de crédito, con lo cual la deuda de las comunidades solo se va a reducir en algo menos de 900 millones. Incluso en Euskadi, con unos niveles de endeudamiento comparativamente moderados, este año habrá que destinar el 5,4% del presupuesto de las instituciones vascas al pago de 328 millones de euros de intereses y 1.100 millones a amortizar deuda, y se prevé endeudarse en 273 millones de euros por encima de esas cifras. No se puede decir que el ajuste fiscal esté siendo demasiado drástico cuando se está pidiendo prestado casi lo mismo que hay que pagar por la deuda acumulada, habida cuenta del roto que podría provocar en los presupuestos un potencial incremento de la carga de la deuda porque un cambio en la política monetaria del BCE dispare la factura de los intereses.

Pero la situación es aún más límite en lo que se refiere a la administración central, que tendrá que abonar este año 32.300 millones de euros de intereses, y amortizar 88.000 millones de deuda y con todo va a pedir 63.000 millones de euros de deuda más de los que va a amortizar para hacer frente al conjunto de gastos previstos.

La ley orgánica establece que el 60% de deuda sobre el PIB que la UE ha indicado como límite máximo de un parámetro normal de endeudamiento, se tiene que distribuir de tal forma que la administración central tiene que generar el 44%, la autonómica el 13% y la local el 3% A día de hoy, esto implica que la administración central debería reducir su endeudamiento en medio billón de euros y las comunidades autónomas en 150.000 millones (de estos, a Euskadi le toca reducir su deuda en algo más de 9.000 millones de euros). Pero las entidades locales podrían aumentar ahora mismo su deuda en 35.000 millones de euros sin sobrepasar el límite reglamentariamente establecido.

Por eso llama la atención que el ministro de Hacienda, ante el evidente fracaso de su ley en materia de ajuste fiscal, en lugar de dimitir y ceder el testigo a otro más eficiente, se dedique a sacar el palo de las medidas coercitivas prevista en el articulado de la ley de estabilidad y saneamiento, para aplicárselas al ayuntamiento capitalino, olvidando que si hay alguna administración que está incumpliendo flagrantemente los objetivos de reducción del déficit es precisamente la de su propio ministerio.

Con todo, el mayor problema con esta ley no es su evidente ineficacia para lograr la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas, sino precisamente el otro pilar de la misma, el vinculado con la “estabilidad presupuestaria”. Parece que no todos los responsables políticos ni los ciudadanos han comprendido que con las reglas de gasto establecidas en la UE y transcritas en la ley de marras, ninguna administración pública podrá gastar más de lo que ingresa, porque el déficit conjunto admitido se limita al 0,4% del PIB, aproximadamente unos 4.000 millones de euros, y se prohíbe así mismo una política económica que se oriente por ejemplo a elevar la presión fiscal para aumentar el gasto, porque la ley establece que este no podrá crecer más de lo que aumenta el PIB a medio plazo (y de paso, le da poderes al ministro de Economía para fijar cuánto se estima que va a crecer el PIB, es decir, cuánto va a crecer el gasto de todas las administraciones del Estado). Por tanto, la UE ha decidido congelar en el nivel actual -muy diferente entre unos países y otros- el peso que puede tener el sector público para suministrar servicios públicos y redistribuir rentas mediante los impuestos y las transferencias.

Es por tanto ilusoria la pretensión de algunos partidos de aumentar el gasto social hasta equipararlo al nivel propio de un país altamente desarrollado, porque la ley no lo permite. Tampoco tienen cabida en el actual marco de políticas aspirar a disponer de más y mejores servicios públicos, o pretender sustituir con inversión pública la raquítica inversión privada, que está deteriorando las infraestructuras y la innovación en Europa frente a otros competidores globales, porque si se quiere aumentar las inversiones, como dijo el ministro Montoro respecto al presupuesto municipal madrileño pero con validez universal para cualquier administración sometida al régimen, el pacto por el euro y la ley orgánica que lo desarrolla en nuestro país: si se quiere aumentar el gasto por un lado, hay que reducirlo por otro. La ley no permite que se financie un aumento simultáneo de las inversiones públicas, el gasto social y los servicios públicos mediante una mayor presión fiscal, porque todo euro que se ingrese por encima del nivel de gasto autorizado tiene que dedicarse exclusivamente a reducir deuda. ¿Y si la deuda se encuentra dentro de los márgenes admitidos? Pues tampoco, porque el gasto no puede aumentar, en ningún caso, por encima del crecimiento previsto del PIB.

Se trata de una legislación perversa, que impide cualquier margen de maniobra de la política fiscal para modificar el comportamiento coyuntural de la economía vinculado al ciclo económico, y mucho menos intervenir para orientar el cambio estructural a favor de los servicios públicos frente al suministro de servicios por el mercado. El círculo se ha cerrado: al pensamiento único se le ha adjudicado la política única. Por decreto, se ha estipulado que todo lo demás es ilegal, es inmoral, o engorda… Curzio Malaparte ya lo decía: el totalitarismo es un sistema en el que todo lo que no es obligatorio, está prohibido. Pues eso.

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