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Editorial

Del compromiso a la actuación

La lacra de la violencia machista demanda ya superar el nivel del discurso político para dar carácter de urgencia a la implementación de medidas concretas, requieran o no estas de reformas legislativas

Jueves, 28 de Diciembre de 2017 - Actualizado a las 06:09h

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LA lacra de la violencia machista que en el Estado español tiene contabilizados en la actualidad 51.640 casos de mujeres víctimas (4.519 en la CAV), el drama que suponen las 919 muertes (43 en Euskadi) desde 2003 y las 47 mujeres -cifra oficial- asesinadas este año, demanda mucho más que la exposición para su firma por comunidades autónomas y municipios del Pacto de Estado contra la Violencia Machista que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, realizó ayer en la Conferencia Sectorial de Igualdad. Exige, en primer lugar, la celeridad en la aplicación de medidas de que se ha carecido durante tres lustros en los que la lista de víctimas mortales se iba incrementando a una media superior al medio centenar cada año;exige una premura ausente incluso hoy, cuando tres meses menos un día después de que el pacto que se pretende implantar fuese aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados no ha superado aún el nivel del discurso político;cuando de las 213 medidas que dicho pacto contempla ni una sola se ha puesto aún en funcionamiento;cuando se anuncia que durante 2018 se implementarán... 26 (apenas el 12%) que no requieren reformas legislativas;cuando el mayor avance es, al parecer, el anuncio de que la financiación de 200 millones de euros no dependerá de la aprobación o la prórroga presupuestaria. La violencia machista, en cualquiera de sus múltiples formas, exige junto a esa celeridad de la que es que la actuación institucional y legislativa todavía carece, una educación en igualdad, toda vez que la educación es el único modo de corregir actitudes que se hallan en la raíz de la violencia contra la mujer y que se repiten incluso en las generaciones más jóvenes y en formas y a través de canales novedosos. Y exige una actuación decidida de la Justicia, en tantas ocasiones demasiado laxa con los delitos de violencia machista incluso después de la aprobación de la ley contra la violencia de género en 2004 y la reforma del Código Penal a final de 2015, quizá con la concreción de medidas preventivas, como se ha señalado desde algunos ámbitos jurídicos, ante los casos de amenaza más grave. La evidencia de la extensión del problema de la violencia machista exige, en definitiva y ya de modo urgente, convertir el compromiso político en actuación decidida.

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