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Tribuna abierta

El primer poder

Por Javier Elzo - Sábado, 13 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:08h

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EL actual embrollo catalán tiene muchas aristas y actores. Aquí me limito, exclusivamente, a la dimensión judicial, especialmente al auto de los tres jueces del Tribunal Supremo, constituidos en Sala, denegando la libertad provisional a Oriol Junqueras. Su lectura me ha generado una seria preocupación por la deriva que está adoptando la democracia en España. Al final, en este caso, y no es el único con grandes consecuencias políticas, la decisión judicial resulta ser más relevante que lo que la población haya decidido después de unas elecciones del todo punto legales. Es el primer poder. Nadie tiene más poder en España que un juez, unos pocos jueces, en realidad. Recuérdese cómo una mayoría de 6 a 4 miembros del Tribunal Constitucional tumbó en 2010 una decisión sobre el Estatut, refrendada por el pueblo catalán cuatro años antes, sobre un texto aprobado en las Cortes españolas.

Algo similar puede suceder ahora en Catalunya en la próxima constitución del Parlament y del Govern. Unos ciudadanos que se presentaban, legalmente, a ocupar escaños en el Parlament de Catalunya, han sido elegidos. Aunque algunos no han podido defender convenientemente su candidatura: unos porque decidieron acogerse a la justicia belga, otros porque se encontraban encarcelados. Pero, pese a ser diputados electos, según el auto emitido ayer por el juez Pablo Llarena, algunos no podrán acceder al Parlament y algunos otros, Puigdemont entre ellos, si lo consiguen, inmediatamente serían detenidos.

Unas frases del SupremoMe centro y limito, por espacio, a las acusaciones de violencia y de propiciarla. Transcribo, con extensión, para contextualizarlas, unas frases del auto del Supremo: El día 1 de octubre, previsto para la celebración del referéndum, el recurrente (Oriol Junqueras) y los demás partícipes, con su actuación previa, concretamente el recurrente en declaraciones públicas efectuadas el día 21 de setiembre, impulsaron a intentar abrir o mantener abiertos los locales donde estaba previsto que se hallaran los colegios electorales, y a depositar su voto, a un número altísimo de personas, a pesar de que ya conocían los graves incidentes producidos, entre otros en los días 20 (oponerse a registros en la Consejería de Economía) y 21 de setiembre, y de que sabían que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, en cumplimiento de las leyes vigentes, tenían la obligación de impedirlo. En esa fecha, el recurrente sabía que si sus consignas relativas a la participación en el referéndum declarado inconstitucional y fuera de la ley por el Tribunal Constitucional, eran seguidas por sus partidarios, se produciría inevitablemente un enfrentamiento físico entre estos y el Estado de Derecho, representado por los agentes policiales que defendían el cumplimiento de la ley, esencial en un Estado de esa clase. Constituye una conducta de extraordinaria gravedad incitar a varios millones de ciudadanos a que acudan a votar ilegalmente a sabiendas de que se van a encontrar necesariamente con la oposición física de los agentes policiales que, en representación del Estado de Derecho, van a actuar con el único fin de asegurar el cumplimiento de sus normas más elementales y de las sentencias del Tribunal Constitucional que han ordenado su cumplimiento. No solo porque la referida conducta supone prescindir de las reglas democráticas para intentar imponer por la fuerza (¿qué fuerza?, me permito interrumpir. La única fuerza que se ha sustanciado es la del 20 de septiembre, y en este punto aplaudo la resolución judicial) las propias ideas, sino también por el desasosiego y la intranquilidad que causa en la ciudadanía, dentro y fuera de Cataluña, que confía en el imperio de la ley, y por el elevado riesgo real de que se produjeran resultados lesivos mucho más graves de los que efectivamente se produjeron, lo que afortunadamente no ocurrió”.

Tras la lectura de este texto, me quedo estupefacto. Resulta que los responsables de la increíble actuación de la policía el 1 de octubre, contra unos pacíficos ciudadanos que iban a manifestar sus opciones políticas sin hacer daño a nadie, son exclusivamente los responsables políticos que les incitaron a votar. ¿Por qué la policía actuó como actuó, sabiendo que la votación era inválida, legalmente hablando? ¿Qué ley es esa en la que, para hacer cumplir la ley, hay que agredir a ciudadanos indefensos y que, encima, los máximos guardianes de la ley, en su auto, no tengan ninguna consideración hacia las víctimas?

¿Cumplir la ley? TodasEn el argumentario del auto se subraya el incumplimiento de la ley por parte de los independentistas catalanes. No seré yo el que defienda el incumplimiento de las leyes legales y legítimas. Con dos considerandos. El primero, que hay que cumplir todas las leyes. Lo que no es el caso. En Euskadi nos basta con recordar el incumplimiento de las transferencias del Estatuto de Gernika, en más de un caso por la nula voluntad del gobierno de Madrid. Pero, además, el argumentario sobre la violencia en el auto de la Sala del Supremo se nos antoja un cuento de hadas cuando aquí hemos tenido que soportar que nos griten a la cara “ETA mátalos” durante tantos años antes de que la justicia moviera ficha.

El segundo, que la ley se aplique con proporcionalidad y contextualización, según el artículo 3º del vigente Código Civil, en el que se dice que “las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”. Sin embargo, ya habíamos leído que fuentes de la Sala consideraban “altamente improbable” la excarcelación de Junqueras (….) con las consecuencias políticas que eso conlleva y que los magistrados conocen, pero que “son ajenas a la estricta función jurisdiccional”. (El Periódico de Catalunya 01/01/18).

Discrepo radicalmente de este razonamiento. En las decisiones judiciales, si se quiere que sean actos de Justicia, más allá de exquisitas disquisiciones en torno a la letra de la ley, no se puede, ni debe, no tener en cuenta, la terrible tensión en la que vive Catalunya, ni lo que la soberanía popular ha decidido en unas elecciones democráticas. No se trata, como se apunta en el auto, correctamente, de que el hecho de haber sido elegido suponga impunidad alguna, pero si proporcionalidad, mesura, contextualización de las decisiones etc., etc. Y yo no he visto nada de esto en el auto de la Sala.

A fin de cuentas, lo que se pretende es que Catalunya no se independice. Pues eso, y no otra cosa, es el auténtico problema: el temor a que se desgaje de España. La cuestión es política. No legal.

No creo que Catalunya sea nunca un Estado soberano, pero, como no lo es, ya, España, aunque es algo más soberana que Catalunya. Pero España es cada vez menos España, cada vez menos ciudadanos con DNI español se dicen y sienten españoles y cada vez más rechazan decirse y sentirse españoles. ¡Vaya victoria la del nacionalismo español!

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