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pensión mínima en 1.080 euros

Piden usar la recaudación fiscal extra para pagar las pensiones

Los pensionistas vascos denuncian que el poder de compra seguirá bajando hasta 2022

Domingo, 28 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:00h

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Movilización en Bilbao contra los recortes en pensiones.

Movilización en Bilbao contra los recortes en pensiones. (Oskar Gonzalez)

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  • Movilización en Bilbao contra los recortes en pensiones.

bilbao- Las Plataformas de Pensionistas de País Vasco y Navarra reclamaron ayer que los buenos resultados de ingresos obtenidos por las haciendas forales en 2017 contribuyan a mejorar las pensiones. En pleno debate sobre la viabilidad de la Seguridad Social, las plataformas vascas proponen abrir la vía de los impuestos para poder recuperar “el poder adquisitivo perdido”, que supera el 6% desde 2011, y establecer la pensión mínima en 1.080 euros.

Esta semana se ha conocido que las haciendas forales de la CAV han ingresado en 2017 en torno a 1.000 millones más de lo previsto en un principio. Ha sido un año de récord para la recaudación fiscal en Euskadi, con un total de casi 14.500 millones de euros, resultado de la buena marcha de la economía y sobre todo de la mejoría del empleo. Aunque las restricciones europeas obligan al Ejecutivo vasco a destinar buena parte de esos ingresos extra a amortizar deuda, lo cierto es que habrá más dinero para gastar y para acometer nuevas inversiones.

Por ello, las Plataformas de Pensionistas de la CAV y Navarra reclamaron ayer que esos ingresos se destinen a tapar el agujero de las pensiones y anunciaron que iniciarán movilizaciones para presionar tanto al Gobierno español como a los ejecutivos vasco y navarro.

pérdida del 6,5%En ese sentido, las asociaciones de pensionistas denunciaron que han sufrido una pérdida del poder adquisitivo del 6,5% desde que comenzaron los ajustes en 2011, y criticaron que además han tenido una pérdida del 13,5% en los complementos de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) para las pensiones bajas.

“Para el futuro, la perspectiva es que seguiremos perdiendo poder adquisitivo al menos hasta 2022 puesto que la subida anual de la pensión será de un 0,25%, según lo establecido por el Gobierno de Rajoy”, recordaron las plataformas en referencia a la fórmula de revalorización de las prestaciones que ha entrado en vigor en la última reforma.

El nuevo sistema fija la subida de cada año en función de la previsión de ingresos y gastos de la Seguridad Social, lo que aboca a las pensiones a la revalorización mínima del 0,25% para los próximos años. Esa mejoría mínima augura, salvo excepciones, importantes retrocesos en la capacidad de gasto ante el aumento anual de los precios.

“No puede ser ignorado de nuevo el deseo de tener una vida digna ganada tras muchos años de cotizaciones y trabajo”, reclamaron los pensionistas, y pidieron la retirada de las últimas reformas.

“Reclamamos la recuperación del IPC como referencia del cálculo de revalorización anual, romper el 0,25% de crecimiento impuesto por el Gobierno de Rajoy y el establecimiento de unas pensiones mínimas de 1.080 euros que es la recomendación de la Carta Social Europea como ingresos mínimos de dignidad”, pidieron.

En enero la pensión media de la CAV creció un 2% en relación al inicio de 2017, situándose como la más alta del Estado con 1.155 euros. Hay que recordar que muchas prestaciones, sobre todo de viudedad, están muy por debajo de esta media. Por otro lado, el volumen de pensionistas vascos sigue creciendo y roza los 550.000.

El debate sobre el futuro de las pensiones enfrenta a quienes son partidarios de atajar el gasto y quienes demandan explorar nuevas vías para aportar ingresos. Entre estos últimos comienza a abrirse camino la idea de trasladar parte de los ingresos por impuestos a las pensiones para complementar las cotizaciones sociales.

Los buenos resultados de recaudación fiscal en la CAV y Nafarroa -la Comunidad Foral recaudó el año pasado casi 200 millones más de lo previsto- han alimentado esta opción, si bien la solución no depende de una sola administración. La Seguridad Social se gestiona por el Gobierno de Madrid, mientras que las decisiones presupuestarias en la CAV están en manos de Lakua.

El Pacto de Toledo, la comisión del Congreso que reúne a partidos, empresas y sindicatos, está trabajando en una batería de propuestas a futuro sobre pensiones, aunque las conclusiones no se esperan hasta dentro de meses. - DEIA

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