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El Pacto Escolar de 1992 abre un antes y un después en la escuela vasca moderna

De la legalización de las ikastolas a la futura Ley Vasca de Educación, 40 años de pasos difíciles por la estabilidad

Idoia Alonso - Viernes, 2 de Junio de 2017 - Actualizado a las 18:02h

Un grupo de escolares en su primer día de clase en una ikastola vizcaina.

Un grupo de escolares en su primer día de clase en una ikastola vizcaina. (José Mari Martínez)

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  • Un grupo de escolares en su primer día de clase en una ikastola vizcaina.

BILBAO. A principios de la década de los 80 la extensión de las ikastolas era imparable, sobre todo, a partir de la muerte de Franco. En 1977 -año 1 de DEIA- había 76 ikastolas y 33.851 estudiantes en Hegoalde y el curso 1981-1982 la cifra creció hasta los 69.935 estudiantes. Las ikastolas, que tuvieron que sobrevivir en régimen de semiclandestinidad o clandestinidad durante 20 años, gozaban de gran prestigio en plena eferverscencia de la Transición. Se revelaron a la sociedad como una alternativa, no solo porque enseñaban en euskera cuando nadie lo hacía, sino porque ofrecían un modelo educativo propio y una pedagogía moderna alejada de los estándares que tan bien parodia El Florido Pensil. Las ikastolas eran sinónimo de democracia, de futuro y de identidad euskaldun. Su andadura y la del sistema educativo vasco, como lo conocemos ahora, han ido siempre de la mano. Y ha sido un camino no exento de claroscuros.

A escasos días de que el Gobierno Urkullu arranque la negociación del Pacto Escolar que desemboque en la Ley Vasca de Educación, renacen los fantasmas del Pacto Escolar de 1992 que se plasmó en dos leyes diseñadas por el socialista Fernando Buesa, la de la Escuela Pública Vasca y la de Cuerpos Docentes Propios de 1993. Hoy existe el convencimiento de que aquel pacto -suscrito inicialmente por el PNV y el PSE-EE del gobierno de coalición de Ardanza, con el apoyo de Kristau Eskola- es clave para que los indicadores vascos sean homologables, si no superiores, a los de cualquier país de referencia: baja tasa de abandono y absentismo escolar, nivel de financiación, tasa de titulados superiores… No obstante, fue un acuerdo de mínimos en unos tiempos difíciles que se tradujo en la división del sistema educativos entre centros públicos y concertados, la puesta en marcha del sistema de modelos lingüísticos (A,B,D) y la regulación de los cuerpos docentes del Estado recientemente transferidos.

Con el paso del tiempo, la memoria se diluye y más cuanto el discurso dominante sostiene una versión. Así, a veces, se pasa por alto que la consecución del Pacto Escolar -convertido hoy en tótem de la estabilidad del sistema educativo- tiene grandes luces, pero también profundos desacuerdos que están en el trasfondo del debate de la futura Ley Vasca de Educación: dotar de marco legal a la concertada y su financiación, así como la definición de lo que se entiende como servicio público. El pacto del 16 de junio de 1992 estuvo precedido por grandes hitos como la transferencia de educación en 1980 o el impulso del proyecto EIKE con el que el por entonces consejero de Educación, Pedro Miguel Etxenike, pretendía construir la Escuela Pública Vasca a partir de la unificación de las escuelas estatales transferidas y las ikastolas.

Pero la unificación exigía cambios. Cambios de filosofía dentro de unas ikastolas que estaban inmersas en su proceso legalización y que arrastraban años de debate interno por cuestiones igualmente filosóficas y políticas, como su vinculación con la iglesia o el papel social que debían desempeñar. Estos cambios llevaron a renunciar a la idea de ese primer Gobierno vasco de crear la Escuela Pública Vasca con una sola red tras la profunda crisis de la publificación de las ikastolas que acabó por romper el movimiento. Pedro Miguel Etxenike, Inaxio Oliveri, Fernando Buesa, Isabel Celaá, José Ramón Rekalde, Iñaki Etxezarreta son algunos de los nombres propios de aquella época decisiva para la creación del sistema educativo vasco moderno y que merecen una mención en este repaso a los 40 años de la enseñanza vasca.

Para unos las ikastolas se autoexcluyeron del pacto. Otros, en cambio, mantienen que no tuvieron otro remedio. La corriente de las ikastolas que sostenía el no creía que su publificación, el traspaso de la titularidad de los centros a la Administración propuesta por Buesa, era traicionar su historia porque se condenaba a muerte su autonomía. Así las cosas, el 19 de febrero de 1993 se publica en el Boletín Oficial del País Vasco la Ley de la Escuela Pública Vasca. La norma concedía a las ikastolas un plazo de tres meses, hasta el 25 de mayo, para decidir si se pasaban a la red pública o continuaban como ikastola. Al no haber una postura común, la negociación se llevó ikastola a ikastola, pero aquel debate se trasladó a las calles y a muchas casas.

Finalmente, en el Documento de Armentia (15 de mayo de 1993) las ikastolas acordaron respetar la decisión que adoptase cada uno de los centros. El 26 de mayo, un día después de que expirase el plazo dado por el Gabinete de Fernando Buesa, la fractura era ya un hecho consumado. Según la Federación de Ikastolas, el 55% de los 114 centros que concentraba al 64% del alumnado decidió continuar como ikastola, mientras que el Departamento de Educación declaró que el 56% de las ikastolas se habían pasado a la pública. “No hablaremos más de ikastolas, sino de centros de enseñanza públicos o privados”. Buesa certificaba de este modo el fin de una etapa clave para la educación de la joven democracia de Euskadi y daba la bienvenida al sistema educativo vasco que conocemos 25 años después.

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