Esta, según Peio López de Munian, concejal responsable del Departamento de Salud y Consumo, "se ha quedado obsoleta por los cambios legislativos que se han producido hasta ahora, la polémica con los perros peligrosos y el aumento de mascotas".

La ordenanza permitirá pasear animales sin correa, siempre y cuando se hallen bajo control del dueño, no se encuentren niños ni demasiadas personas alrededor y se trate de un espacio apto para los animales, como por ejemplo, ha citado López, La Florida o la franja verde junto al tranvía.

La ordenanza también prohibirá dar de comer a ciertos animales callejeros, como por ejemplo las palomas, a excepción de los gatos del Casco Histórico.

También obligará a registrar a los todos los perros en el censo del Ayuntamiento en el plazo de un mes desde su nacimiento o adquisición, y obligará a comunicar cualquier cambio de dueño, residencia o baja en el Registro General de Identificación Animal de la Comunidad Autónoma del País Vasco (REGIA).

Asimismo, obligará a implantar un microchip en la parte lateral del cuello de los perros y servirá, ha asegurado López, para recoger actividades de animales peligrosos, regular cuestiones de animales de asistencia o permitir la entrada de estos animales a lugares públicos.

Los perros deberán llevar bozal siempre que su raza esté catalogada como peligrosa o el animal posea antecedentes de acciones peligrosas.

Según López, la ordenanza también pretende ampliar los derechos de los animales, ya que prohíbe que un animal esté atado más de ocho horas o que su alojamiento permanente sea un vehículo.

También regulará los comercios que venden animales y el número de mascotas que conviven en un mismo edificio, en función del tamaño de los animales y de la casa.

En cuanto a la entrada en los locales, los animales podrán entrar siempre y cuando exista el visto bueno por parte del dueño y no entre en zonas de manipulación de alimentos; los animales de asistencia, por su parte, siempre podrán entrar independientemente de la voluntad del hostelero, ya que, ha indicado López, "si no, se le está negando la entrada a la persona".

La ordenanza incluye una serie de sanciones catalogadas como leves (de 30 a 300 euros), graves (de 300 a 1500 euros) y muy graves (de 1.500 a 15.000 euros).

De entre las sanciones leves se encuentra no censar a un animal o no recoger heces; de entre las graves se encuentra no alimentar, maltratar o agredir a un animal; y de entre las muy graves se halla matar, abandonar o adiestrar perros para volverlos agresivos.