Ayer por la noche estaba convocado un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día, proponer la suspensión de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) hasta que se resuelva la denuncia presentada por la Fiscalía sobre el caso del campo de golf. El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha presentado una denuncia contra el ex alcalde de Labastida, Ignacio Gil (PP), y contra tres empresarios, a los que imputa cinco delitos relacionados con la venta de suelo municipal a un precio muy inferior al del mercado para construir en él un campo de golf y 750 viviendas.
El pleno del Ayuntamiento de Labastida lo componen nueve concejales, dos de EB, dos del PNV, uno de Asociación Vecinal de Labastida, y cuatro del PP.
El alcalde convocó para ayer a las ocho de la tarde un pleno para revisar el plan de ordenación urbana e impedir la construcción del campo de golf, pero no se presentaron los ediles del PP y del PNV, alegando "motivos personales".
A pesar de su ausencia era posible celebrar el pleno, pero no lograr el quórum suficiente para decidir sobre la suspensión del POGU, ya que para ello es necesaria la mayoría absoluta.
Los dos ediles de EB y el de la Asociación vecinal, los presentes, reiteraron "la necesidad de adoptar medidas cautelares en torno a este proyecto, para que después la Justicia no pueda acusarles de no hacer nada desde el consistorio para impedir la comisión de un delito", ha señalado estas fuentes de EB.
El alcalde volverá a convocar el pleno "en cuanto pueda", pero eso será ya probablemente tras las vacaciones de verano, con el mismo orden del día.
