Según informó la delegación del Gobierno en el País Vasco, esta detención ha sido fruto de las investigaciones que se vienen llevando a cabo por la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Bilbao, dirigidas a prevenir la explotación laboral de la que son víctimas los ciudadanos extranjeros que se encuentran en situación irregular en el Estado español. Como resultado de estas investigaciones, se tuvo conocimiento de que en un restaurante de la localidad vizcaína de Durango se encontraban trabajando varios inmigrantes ilegales, por lo que los agentes procedieron a la detención del matrimonio formado por J.A.A.A. y M.A.A.L., vecinos de Durango y propietarios del referido establecimiento hostelero, como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores y los ciudadanos extranjeros.
La operación policial se inició el pasado día 26 de febrero en colaboración con la Inspección de Trabajo de la capital vizcaína que, junto con la Brigada de Extranjería, procedió a efectuar un control de extranjería y comprobar y verificar la situación administrativa y socio-laboral de los trabajadores del citado establecimiento de hostelería.
De esta forma se constató que en el local trabajaban cuatro ciudadanas de nacionalidad boliviana, una de ellas en situación legal y las otras tres en situación irregular, por lo que también fueron detenidas en aplicación de la normativa vigente en materia de extranjeros. Se trata de N.G.Y., de 32 años, W.S.C., de 23 años, y J.O.O.C., de 22 años, todas ellas vecinas de Durango.
Asimismo, como resultado de las investigaciones se pudo determinar que las ciudadanas bolivianas eran sometidas a una situación de explotación laboral por el matrimonio propietario del restaurante, que las obligaban trabajar durante jornadas de 11 horas diarias, de lunes a sábado, realizando un descanso mínimo para poder comer, y además eran renumeradas por ello con la cantidad de 600 euros mensuales.
Desde la delegación del Gobierno recordaron que la utilización de mano de obra extranjera en situación de irregularidad es una práctica habitual de determinados empresarios que, valiéndose del temor de estas personas a ser expulsados y haciendo creer a los mismos que se va a proceder a regularizar su situación administrativa, son sometidos a una clara sobreexplotación laboral, con jornadas maratonianas, sin cobertura sanitaria y sin derechos de ningún tipo, lo que permite al empleador mayores beneficios económicos, ya que los sueldos abonados son claramente inferiores a los habituales, y además no se realizan pagos a la Seguridad Social, ni impuestos a Hacienda.
El matrimonio ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial y a las ciudadanas extranjeras se le ha aplicado la legislación vigente en materia de extranjería.
