Esta ley, aprobada por el Parlamento vasco el pasado 25 de junio, modifica la Ley contra la Exclusión Social y la Ley de Carta de Derechos Sociales. La medida afectará a los pensionistas que no superen con sus ingresos el SMI y que carezcan de un patrimonio superior a cuatro veces la Renta Básica que les pudiera corresponder anualmente, descontando la vivienda habitual.
Con esta ley se busca garantizar el cien por ciento del SMI para las unidades convivenciales unipersonales, del 125 por ciento para las familias de dos personas y del 135 por ciento para las de tres o más miembros.
La ley afecta a tres grupos. El primero de ellos está formado por las personas que complementarán sus pensiones con la Renta Básica que actualmente está entre los 616 y los 875 euros.
Esta medida beneficiará a 7.527 perceptores actuales de este salario social, con un incremento medio de 84 euros mensuales y mil anuales.
En segundo lugar, como consecuencia de la elevación de la cuantía mínima de los ingresos para recibir la Renta Básica, del 88 por ciento al cien por ciento del SMI, habrá unos tres mil nuevos perceptores de ésta, que complementarán sus pensiones en cincuenta euros mensuales de media, al pasar de los 650 a los setecientos euros.
La ley comenzará a aplicarse desde mañana para estos dos grupos de pensionistas.
El tercer grupo está formado por los 10.250 pensionistas que se verán afectados por la modificación del concepto de unidad convivencial, ya que con esta reforma legal se pretende considerar al pensionista como unidad diferenciada de sus familiares, por lo que los ingresos de unos y otros no se computan.
Esta modificación, que será efectiva desde el 1 de enero del 2009, les permitirá acceder a la Renta Básica y complementar sus ingresos por pensiones con 125 euros mensuales de media, al pasar de 575 a los setecientos euros.