Estas fuentes han precisado que a José María Bravo le resulta "imposible" reunir 500.000 euros, por lo que se verá "abocado" a continuar en la cárcel de Martutene, donde se encuentra recluido desde hace poco más de un año.

Esa era la tercera ocasión en la que Bravo había reclamado su puesta en libertad provisional. En las dos anteriores la Audiencia de Guipúzcoa ratificó la decisión de mantener al imputado en prisión adoptada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Irun que investiga este caso, al entender que existía riesgo de fuga por parte del inculpado.

Sin embargo, en esta tercera oportunidad la Audiencia provincial ha estimado parcialmente la solicitud de puesta en libertad de Bravo porque, en su opinión, las circunstancias han cambiado pues la investigación del presunto fraude ya está avanzada, lo que dificultaría la destrucción de posibles pruebas por parte del inculpado.

El auto de la Sección Segunda, al que hoy ha tenido acceso Efe, recuerda además que en anteriores oportunidades todavía no se había concretado la cuantía del dinero supuestamente estafado, estimada ahora en cerca de 1.800.000 euros.

El escrito alude además al "arraigo del imputado" y a su situación familiar, junto al tiempo que lleva en prisión, como "circunstancias" que avalan su "permanencia en el país" y que prevalecen "sobe las que determinarían su fuga".

El texto judicial aclara que, aunque 1.800.000 euros, puede parecer una suma suficiente "para asegurar su subsistencia" en caso de fuga al extranjero, "debe valorarse" también el hecho de que Bravo es "una persona que por su edad y responsabilidades familiares necesitaría de rentas suficientes, no sólo para sufragar sus propios gastos, sino también para el mantenimiento de sus hijos hasta que cuenten con sus propios medios".

Por este motivo encuentra justificada la puesta en libertad provisional del acusado, aunque le impone "como requisito ineludible" que presente una fianza de medio millón de euros, una cantidad que considera "lo suficientemente elevada como para que su pérdida excluya cualquier intención de fuga".

El auto incluye además otras medidas cautelares adicionales como "la retirada del pasaporte, la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado y la prohibición de abandonar el territorio nacional sin previa autorización".

Además de el ex director de la Hacienda de Irun José María Bravo, también se encuentran imputados en esta causa su esposa Rosa Cobos, la funcionaria de la oficina tributaria de la localidad fronteriza Pilar Gracenea y Pedro María Atristrain, socio del primer procesado.

Bravo está considerado la cabeza de una supuesta trama que, según la denuncia que el fiscal presentó en su momento, supuestamente cobraba diferentes cantidades a contribuyentes morosos que no fueron ingresadas en Hacienda, sino en cuentas corrientes a nombre de los inculpados o entidades mercantiles interpuestas.

Las deudas de los contribuyentes se daban por extinguidas mediante declaraciones de insolvencia o haciendo constar que su expediente había prescrito, conductas que, en opinión de la Fiscalía, podrían ser "indiciariamente" constitutivas de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.