Este grupo de expertos presentó sus conclusiones durante una jornada organizada en Donostia por el departamento de Justicia del Gobierno Vasco bajo título "Medios de comunicación y conflicto", que se ha centrado fundamentalmente en analizar el procedimiento judicial contra los citados medios vascos por su presunta relación con el terrorismo. En esta jornada, que inauguró esta mañana el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, toman parte los ex directores de Egin, Javier Salutregi, y Egunkaria, Martxelo Otamendi, así como varios procesados en la clausura de ambos diarios, y los abogados Iñigo Iruin y José María Elosua, entre otros.
Este informe ha sido elaborado por los profesores Kai Ambos (Universidad de Gottingen, Alemania), Luis P. Salas Calero (Universidad Internacional de Florida, EEUU), John Vervaele (Universidad de Utrecht, Holanda) y Juan Luis Gómez Colomer (Universidad de Castellón).
Estos profesores recibieron un estudio elaborado por el Instituto Vasco de Criminología con todos los datos y actuaciones relacionadas con los procesos judiciales contra Egin y Egunkaria, material que han contrastado con la legislación vigente hasta llegar a la conclusión de que el cierre de estos medios viola artículos de la Constitución y de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Los juristas resaltan que la clausura de estos medios no tiene "cobertura constitucional" porque no cabe aplicar el artículo 129.2 del Código Penal, que se utilizó en este caso, a empresas periodísticas.
"La Constitución de 1978 sólo habilita la suspensión del derecho a la libertad de información y de expresión a supuestos de estado de excepción o de sitio y no en los casos de terrorismo", sostienen los expertos.
Además, los juristas creen que esta medida vulnera los artículos 10 y 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos "por su carácter desproporcionado", ya que entienden que existen otras medidas "menos gravosas" que la clausura, que en la práctica se ha convertido "en la disolución de unos medios que no podrán ver la luz con independencia del resultado final de los procesos penales en los cuales se ha adoptado".
Tras la lectura de las conclusiones, el profesor Colomer explicó que, desde el punto de vista "estrictamente jurídico", "se ha obrado mal" en los casos de Egin, Egunkaria y Egin Irratia.
A su juicio, el terrorismo debe combatirse con el Estado de Derecho, pero en este caso no se ha aplicado adecuadamente.
Por su parte, Kai Ambos consideró que si el caso llega al Tribunal de Estrasburgo, España podría ser condenada por la violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, aunque dijo esperar que antes los jueces españoles rectifiquen esta situación.
