El juez añade que los dos partidos "se han convertido en los últimos tres años en un instrumento político en manos de dirigentes de Batasuna y en un medio económico para nutrir a sus dirigentes y cumplir con los fines terroristas Batasuna-ETA". Los efectos de la suspensión decretada por el juez van desde la imposibilidad de concurrir a elecciones hasta la cancelación de sus páginas web, pasando por el bloqueo de sus cuentas, la clausura de sedes y locales y el corte del suministro de electricidad, agua y teléfono.
Por otra parte, Garzón, que ha acumulado en una sola las causas en las que investigaba a la nueva Mesa Nacional de Batasuna, a ANV y a EHAK , ha recibido hoy el visto bueno de la Fiscalía para que remita las actuaciones sobre el último partido al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), para que éste decida si procede contra las parlamentarias Nekane Erauskin y Karmele Berasategi.
El juez cree tener indicios suficientes para acusarlas de colaboración con ETA y asociación ilícita, delitos que ya imputó el pasado miércoles a otros tres responsables de esa formación.
Mientras tanto, en el Tribunal Supremo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado trataban de convencer a los magistrados de la sala del 61 para que dictaran las mismas medidas cautelares que acababa de acordar Garzón, más una nueva sólo solicitada por los servicios jurídicos del Estado.
Se trata de la suspensión de actividades del grupo parlamentario de EHAK en la Cámara de Gasteiz y de los grupos municipales de ANV en los Ayuntamientos.
Según el abogado del Estado, la suspensión de los partidos debe extenderse como consecuencia "lógica y obligada" a su representación en las instituciones, al ser éstas también "un instrumento útil para influir, utilizando el terror, en la conformación de la opinión pública".
La Fiscalía no ha respaldado esta petición al considerar que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el mandato de los cargos electos es personal y que, por tanto, la vinculación con el partido es discutible pese a que sus integrantes compartan ideología.
También los abogados del EHAK han defendido en la vista que el grupo parlamentario y el partido "son dos cosas diferentes" y se han opuesto al resto de medidas cautelares solicitadas alegando que son contrarias a la Ley.
Jone Goirizelaia y Karmelo Landa también han dicho que el Gobierno y la Fiscalía disponían desde 2005 de los mismos indicios de su supuesta vinculación con ETA que alegan ahora en las demanda de ilegalización, por lo que han calificado la actuación política del PCTV durante este tiempo de "situación consentida".
