El debate de la moción ha comenzado con la petición previa por parte del PSE a Aralar, partido que presentó la moción, de que retirara la misma del orden del día habida cuenta de que en su contenido se habla de las supuestas torturas practicadas por seis guardias civiles contra los miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola, y se hace sólo dos días después del asesinato de Juan Manuel Piñuel.

La parlamentaria de Aralar Aintzane Ezenarro rechazó la solicitud porque, a su juicio, el consenso mayoritario existente contra el terrorismo de ETA no debe ocultar "otras actitudes denunciables que resultan incompatibles con un Estado garantista" como la tortura y los malos tratos. Ezenarro ha sostenido que dejar de debatir sobre estas cuestiones y obviar su existencia "refuerza" precisamente a ETA.

Todos los grupos políticos, a excepción de PSE y PP, han coincidido en el diagnóstico: la práctica de la tortura por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) es una realidad vigente, no se trata de "hechos aislados" y el Gobierno de España se resiste a adoptar las medidas necesarias para evitar espacios de impunidad y acabar con esta situación. Asimismo, y al margen de las denuncias que realiza ETA, han citado como base de este diagnóstico los informes elaborados por Amnistía Internacional y el Relator de las Naciones Unidas para la Tortura, las sentencias de los tribunales que condenan a agentes del orden por estos delitos, y los indultos concedidos por el Gobierno a muchos de los condenados.

FIN DE LOS INDULTOS

El texto aprobado reprueba la postura "sistemática" del Gobierno de España de "amparar sin excepción a las fuerzas policiales ante las denuncias de torturas o malos tratos" y rechaza concretamente "el total amparo del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a los ocho guardias civiles ante las denuncias de torturas de Igor Portu y Mattin Sarasola". A partir de este primer punto, solicita al Gobierno de Zapatero que inicie una investigación interna, paralela a la judicial, sobre las denuncias de torturas de Portu y Sarasola; adopte las medidas necesarias para "garantizar los derechos humanos", tales como la derogación del régimen de incomunicación y la grabación de los detenidos; e investigar de oficio todas las denuncias presentadas.

Finamente, y a instancias de PNV, EA y EB, se ha añadido un tercer punto a la proposición no de ley para "exigir al Gobierno central el cese de la práctica de concesión sistemática de indultos a las personas condenadas por delitos de torturas".

La respuesta crítica ha venido por boca de los portavoces de PSE y PP. El socialista José Antonio Pastor ha asegurado que el contraste entre la unidad que ayer exhibieron los nacionalistas junto al resto de partidos para luchar contra el terrorismo y el texto aprobado hoy "me hace dudar de si lo de ayer se hizo con sinceridad o sólo para evitar males mayores".

Para Pastor el fin de esta iniciativa es "sembrar dudas sobre nuestro Estado de Derecho y dejar sentado que en España no hay democracia porque a los detenidos se les tortura" y su contenido resulta "obsceno" cuando "aún tenemos a las puertas del Parlamento la fotografía del último asesinado por ETA y cuando ETA amenaza de muerte a toda la militancia socialista usando la tortura como pretexto". "Y aún es todavía más obsceno que esta propuesta la plantee una fuerza que está haciendo imposible aprobar las mociones éticas en Mondragón y otras localidades", ha añadido.

El dirigente socialista ha extendido sus críticas a un tripartito que "viene chupando rueda para rematar la faena, tirar la piedra y esconder la mano" con el probable objetivo de alimentar "su estrategia de coche de locomotoras que algunas dirigentes del PNV prometen poner en marcha". Y lo hace sabiendo que ETA tiene una estrategia de "mentir" y "denunciar torturas como sistema".

Por su parte, el parlamentario del PP Carlos Urquijo ha calificado la iniciativa de "soberano despropósito" y ha subrayado que "lo que no se puede hacer es homenajear ayer al guardia civil asesinado, hacer un discurso de solidaridad a la familia, y hoy venir aquí a arrojar la sombra de la duda y cuestionar el honor de la Guardia Civil cuando es costumbre y norma de ETA denunciar torturas cuando son detenidos". "El presunto autor del atentado de T4, Igor Portu, tenía entre su documentación el manual de ETA 'Haciendo frente a los torturas' que explica qué es lo que tiene que decir y cómo comportarse", ha señalado.