Según estas fuentes, el empresario fue citado en calidad de imputado anoche en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, en Donostia, después de que efectivos del instituto armado acudieran por la tarde a las instalaciones que la constructora Amenabar posee en Zarautz para solicitar a la empresa que aporte documentación a una investigación que podría estar relacionada con el pago de la extorsión terrorista. Las mismas fuentes han precisado que, aunque el empresario rechazó en su declaración cualquier tipo de contacto con ETA, la documentación recabada por la Guardia Civil contradiría esta versión.
La constructora Amenabar, sufrió el pasado 1 de junio un atentado con bomba en sus oficinas que causó tres heridos leves y ocasionó daños en la fachada del inmueble.
Unas semanas antes, el 12 mayo, ETA había hecho explotar otros dos artefactos en sendas excavadoras que la misma constructora, concesionaria de las obras del Tren de Alta Velocidad, tenía en Hernani. El directivo de Amenabar que declaró ayer ante la Guardia Civil es el quinto empresario vasco que testifica en relación con la documentación intervenida al considerado máximo dirigente del aparato político de ETA, Francisco Javier López Peña, "Thierry", detenido en la localidad francesa de Burdeos el pasado 20 de mayo.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ya ordenó el pasado 2 de julio el registro del domicilio del empresario Jesús Guibert, de la compañía Laminados de Hierro Marcial Ucín, y tan sólo un día antes fue inspeccionado el domicilio bilbaíno del consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga.
Con anterioridad, el pasado 12 de junio, y a raíz también del análisis de los documentos intervenidos en esa operación policial, Garzón ordenó el ingreso en prisión incondicional de dos hermanas empresarias detenidas el día anterior en Orio (Guipúzcoa), María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz, a las que acusó de colaborar con ETA y de haber pagado 6.000 euros de forma voluntaria a la banda.
