En concreto, el magistrado decretó para ellos prisión provisional comunicada y sin posibilidad de fianza al imputarles los delitos de integración en organización terrorista --penado con 12 años de cárcel-- por su presunta pertenencia a Segi, un delito continuado de estragos terroristas y otro de daños terroristas, precisaron las mismas fuentes. Por estas razones, el fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Angel Carballo, vio motivos suficientes para solicitar también al juez prisión incondicional para ambos. Xabier Sagardoi y Luis Goñi, que fueron detenidos cuando participaban en una manifestación en la citada localidad navarra, fueron trasladados en un furgón de la Guardia Civil pasadas las 10 horas a las dependencias judiciales donde comenzaron a prestar declaración ante el juez Grande-Marlaska durante aproximadamente una hora cada uno.
Los agentes de la Guardia Civil que llevaron a cabo la operación por orden del juez procedieron además al registro de algún domicilio en busca de documentación. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que la operación sigue abierta --razón por la que el juez no hizo público hoy su auto de prisión-- y subrayó que las fuerzas de seguridad van a "perseguir" la violencia callejera "con la misma intensidad" que persiguen "la otra violencia", en referencia a la de la banda terrorista ETA.
FAMILIARES EN LA AUDIENCIA NACIONAL
Cerca de una veintena de familiares y simpatizantes aguardaron la llegada de los detenidos en las inmediaciones de la Audiencia Nacional e incluso aplaudieron y vitorearon al paso del furgón en el que iban recluidos sin llegar a tener ningún contacto con ellos al encontrarse en situación de incomunicación. Finalmente agentes de la Policía Nacional evacuaron a este grupo llegado desde Nafarroa a una zona apartada para evitar incidentes.
El responsable del movimiento Pro Amnistía en Navarra, Josu Esparza, y los padres de los dos detenidos acudieron el lunes a la oficina del Defensor del Pueblo de Navarra para trasladar a Francisco Javier Enériz su "preocupación" y queja por la situación de "incomunicación" de los jóvenes.
La Ley permite que, siempre que se produzcan detenciones por asuntos relacionados con terrorismo como son los actos de 'kale borroka', las autoridades sometan a los arrestados a una incomunicación de un plazo máximo de 72 horas antes de ser puestos a disposición judicial. Pero además, el juez puede decretar una ampliación de esta situación de incomunicación de otras 48 horas antes de tomarles declaración como ha sido este caso.
