Concretamente, el PP proponía iniciar la tramitación parlamentaria para derogar el capítulo siete de dicho Estatuto que data de 2003 y suprimir un decreto sustentado en esta ley que aprobó el pasado mes de julio el Gobierno Vasco y que obliga a las grandes empresas a ofrecer sus servicios tanto en euskera como en castellano. Según el Ejecutivo vasco, este decreto obligará a unas dos mil empresas a ofrecer sus servicios tanto en euskera como en castellano en un plazo de uno a cuatro años y establece una serie de sanciones a aquellas que incumplan la medida.
La iniciativa del PP, secundada por el PSE, ha sido rechazada con los votos en contra del PNV, EA, EB, Aralar y EHAK.
El parlamentario del PP Iñaki Oyarzábal ha subrayado que el capítulo citado del Estatuto supone unas "imposición" de obligaciones lingüísticas que representa "un ataque frontal a la libertad de empresa e introduce un elemento discriminatorio constitucionalmente insostenible".
Además, según Oyarzábal, el decreto de julio es una "intromisión inaceptable en la esfera de lo privado y un ataque a la libertad de empresa" que perjudica las oportunidades de "todos los vascos que no somos bilingües".
También ha recalcado que esta política lingüística genera "desigualdad de oportunidades" para empresas cuyo personal no está capacitado para atender en las dos lenguas.
Por su parte, Idoia Mendia (PSE-EE) ha apoyado la iniciativa del PP porque, según ha opinado, la ciudadanía tiene el derecho a expresarse en el idioma que quiera "pero también las empresas a trabajar en la lengua que quieran".
Ha señalado que los agentes económicos "ya saben lo que les conviene en su negocio" y ha subrayado que los poderes públicos "no debemos inmiscuirnos en la esfera de lo privado".
Mendia ha abogado por "no imponer" un idioma "y mucho menos sanciones a un sector que no está teniendo las cosas fáciles", ha apostado por llegar a un amplio consenso en esta materia y ha recalcado que "nosotros queremos al euskera tanto como los nacionalistas, tal vez más".
Arantxa Aurrekoetxea (PNV) ha dicho que esta propuesta supone ir en contra de los derechos lingüísticos y ha acusado principalmente al PSE de tener una actitud "totalmente incoherente" con respecto al euskera.
También ha defendido la viabilidad del decreto que obliga a los grandes comercios a prestar sus servicios en ambas lenguas, proceso para el que se han establecido unos plazos "realistas".
Por su parte, Onintza Lasa (EA) ha recordado al PP y al PSE que si hay algún derecho que haya sido vulnerado en Euskadi es el de los que hablan en euskera, mientras que Anton Karrera (EB) ha dicho que el bilingüismo verdadero "no se puede llevar a cabo con los planteamientos" de populares y socialistas.
EHAK no ha participado en el debate y la parlamentaria de Aralar Aintzane Ezenarro ha defendido la intervención de los poderes públicos para acabar con las discriminaciones en el ámbito social y también en materia lingüística ya que "los que estamos discriminados somos los que queremos vivir en euskera".
