El Ejecutivo autonómico ha enviado a la Audiencia Nacional los informes referentes a los fallecidos entre 1936 y 1942, de los cuales 2.352 se registran como fusilados y 6.298 como muertos en el frente o por acción de guerra. Junto con estos expedientes, el Departamento de Justicia también ha remitido a Garzón un informe sindical realizado en 1939, en el que consta el nombre de "desaparecidos forzosos" desde el año 1936.
La Consejería de Azkarraga ha abierto en Euskadi nueve fosas en las que se han encontrado restos humanos. Otras permanecen cerradas porque se desconoce quiénes fueron enterrados en ellas o por no existir solicitud de familiares, y otras tres han sido encontradas vacías.
Durante la comparecencia ante los medios de comunicación para presentar estos datos a finales del pasado mes de septiembre, el consejero de Justicia destacó la importancia de la actuación del juez Baltasar Garzón, que investiga el número de desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo, y confió en que sirva para que se revise la Ley de Memoria Histórica aprobada por las Cortes Generales, porque, en su opinión, adolece de "clamorosas carencias".
Para Joseba Azkarraga, es necesario que "se individualicen las responsabilidades", porque los fusilamientos y desapariciones "fueron delitos, lo siguen siendo, y son imprescriptibles".
