Durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara para defender la propuesta, el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, destacó el capítulo en el que se incluye el aumento de la partida presupuestaria de cooperación de aquí a seis años, en el que se contaría con el 0,7% del presupuesto total de gasto del Gobierno vasco. "Ello sin perjuicio de que la totalidad de la ayuda oficial al desarrollo vasca, contando el conjunto de administraciones, deberá avanzar hacia el 0,7% del PIB", manifestó. Explicó que este objetivo supondrá la consolidación, por ley, del 0,7% del presupuesto total de gasto del Gobierno vasco, y no del presupuesto operativo, como ocurría hasta ahora. Advirtió de que, sin embargo, "no se agotan" en este objetivo "todas las responsabilidades" del Gobierno vasco.
Madrazo aludió también a la constitución de la Agencia vasca de Cooperación "como organismo público encargado de ejecutar la política de cooperación". "La razón de ser de esta previsión es el crecimiento y las nuevas necesidades generadas en el área de cooperación en los últimos años, que hacen insuficiente la estructura de gestión actual", manifestó.
En este sentido, se establece un mandato al Gobierno para elaborar un proyecto de ley creador y regulador de este órgano, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley. Aseguró que ésta es "la vía más adecuada" como ha ocurrido en otras comunidades autónomas, como en Cataluña y Andalucía. "La voluntad del Gobierno para poner en marcha esta agencia es tan sincera y firme como lo es la reivindicación del 0,7% del presupuesto total de gasto", indicó.
El texto al que se dio hoy luz verde recoge también el fortalecimiento del Consejo de Cooperación, con la ampliación de las funciones del actual, "haciendo que la orientación de la cooperación pública y las decisiones más importantes en este ámbito sean participativas y contrastadas" y la creación de la Comisión Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo.
La nueva norma reconoce, asimismo, el "papel fundamental" de las ONGD vascas y otras entidades sin ánimo de lucro, a la hora de "canalizar la solidaridad pública" y, en este contexto, sitúa el registro de agentes de cooperación apara el desarrollo que "contribuirá a una mejor acreditación de las entidades perceptoras de fondos públicos".
También establece el reconocimiento jurídico de las personas que, como cooperantes "dedican sus esfuerzos a la solidaridad con los pueblos", tanto "en las vertientes solidarias como profesional". "Su dedicación y su compromiso nos exigen que establezcamos las mejores condiciones que el ordenamiento permita", defendió.
Madrazo manifestó que la ley aprobada hoy ha sido "fruto del diálogo y de la expresión de pluralidad de la sociedad vasca" y resaltó que se ha tomado en cuenta la reflexión de los diferentes grupos, ya que de las 120 enmiendas parciales admitidas a trámites, se han asumido o transaccionado 43, entre ellas, ocho del PSE, 14 del PP, ocho de EB y nueve de Aralar.
Para el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, el texto representa "una respuesta válida, efectiva y eficaz a los retos que tiene la cooperación pública vasca". "Estamos impulsando -aseguró- todos los ideales que conviven en la acción solidaria internacional que los hombres y mujeres defienden".
Enmienda a la totalidad
El PSE y el PP, que se opusieron a la aprobación de la ley, defendieron, durante la sesión plenaria, sendas enmiendas a la totalidad que decayeron en la votación.
Para la parlamentaria socialista Natalia Rojo, la norma debiera "estar cargada de contenido" pero, según sus palabras, "éste no es el caso". Además, dijo intuir que "cada vez que se habla de política social, este Gobienro entra es crisis y las desavenencias de los socios salen a la luz".
Según Rojo, la norma "no presenta ningún compromiso" y "dista mucho de ser una buena ley". Además, dijo no entender que el Gobierno vasco "no haga una apuesta firme por el 0,7% y prorrogue este objetivo hasta 2012". "Es una ley absolutamnete conservadora", reiteró.
Por su parte, el representante del PP Antón Damborenea se mostró convencido de que el Gobierno "no ha hecho ninguna propuesta para llegar a un acuerdo en los temas fundamentales" sobre la ley, "vacua e inútil". "No podemos empezar de cero cuando hay una experiencia tan grande en esta materia en el Estado y en las autonomías", censuró.
También criticó que el objetivo de crear la Agencia Vasca de Coorperación no sea inmediato y consideró que, por esta causa, "el que ha vetado el acuerdo de todos lo grupos ha sido el Gobierno". "*Por qué no hay una Agencia, por qué han mentido a las ONG?", inquirió.
Damborenea acusó al Ejecutivo de utilizar la cooperación "para hacer propaganda y campaña", y afirmó que esta es la causa de que no le interese que haya un organismo autónomo para regular esta cuestión. OTROS GRUPOS El representante de EHAK en la Cámara vasca afirmó que la ley es "un gran paso adelante" y precisó que si el Gobiero mantuviera "el mismo talante en otros proyectos como el TAV, la democracia ganaría mucho". Sin embargo, en su opinión, la Ley de Cooperación es "una excepción" por lo que, en este contexto "debe interpretarse" el apoyo de su grupo.
Mientras, la parlamentaria del PNV Gema González de Txabarri negó que los grupos que integran el Ejecutivo Ibarretxe hayan mantenido diferencias en la eleboración del texto. "Utilizar este argumento -indicó- resta credibilidad al PSE. Su actitud es lamentable".
Explicó que si existe un plazo para poner en marcha la Agencia de Cooperación, se debe a que es precisó un tiempo para establecer el modelo que se quiere establecer en la Comunidad Autónoma.
La parlamentaria de EB, Kontxi Bilbao, dijo a quienes reprochan a los impulsores de la ley que ésta carezca de compromisos, que plantear el objetivo del 0,7% de las Cuentas vascas para 2012, así como duplicar el actual sí lo son.
Por otro lado, justificó la creación de la Agencia vasca de Cooperación para dentro de medio año en que "tampoco existe una demanda inmediata" para que sea así.
Nekane Alzelai, de Eusko Alkartasuna, negó también que le ley diga "no" a la Agencia ni tampoco al 0,7% ni a la cooperación interinstitucional.