La iniciativa, aprobada a raíz de una proposición de ley del PSE, fue aprobada por el pleno del Parlamento vasco con el voto a favor de todos los grupos presentes en la Cámara, PNV, EA, EB, PSE y PP. El texto, que sustituye a la ley de perros guía de 1997, contempla una serie de infracciones con el fin de garantizar el derecho de las personas que se sirven de un perro guía a acceder con él a lugares y transportes públicos, con independencia de que sean de titularidad privada o pública. Entre los supuestos que se consideran como infracciones de la normativa se encuentra el cobro de gastos derivados del acceso de perros de asistencia o impedir el acceso de los discapacitados acompañados de un perro guía a cualquier lugar público. En función de la gravedad de la infracción, se establecen sanciones de entre 300 y 3.000 euros.
En la ley también se define el concepto de perro de asistencia, de forma que serán reconocidos como tales todos aquellos que hayan sido adiestrados por entidades especializadas "de reconocida solvencia" para el acompañamiento, conducción, ayuda de personas con discapacidad.
Además, se deberá garantizar que estos perros cumplen con determinadas condiciones higiénico-sanitarias, como que no estén afectados por ninguna enfermedad transmitible a personas.