El baremo por el que se regirá la cuantía de las sanciones es muy amplio, aunque Baztarrika ha vaticinado que las multas no sobrepasarán los 500 euros y ha recalcado que lo que se desea es "enfatizar el cumplimiento del decreto sin acudir a este tipo de soluciones coercitivas".

El plazo del que dispondrá cada empresa variará en función de su tamaño, los servicios que ofrece y sus recursos.

El Gobierno vasco calcula que el decreto afectará a unas 2.000 empresas, el 6,5% de las que desarrollan su actividad en Euskadi, que abarcan el 45% de cuota de mercado.

Las pequeñas empresas y comercios quedan exentos de cumplir con esta normativa.

"No estamos hablando de la panadería o el bar de debajo de casa", ha apuntado Rodrigo García, aunque ha advertido de que los negocios de pequeño tamaño que lo deseen, pueden acogerse voluntariamente a ella.

Baztarrika ha dicho que se trata de "un paso cualitativo, importante y ponderado" que quiere "sumar, no restar", en alusión a las críticas que afirman que con este decreto se pretende imponer el euskera sobre el castellano.

El viceconsejero, que ha precisado que algunas empresas ya cumplen con el decreto, ha explicado que las primeras en adaptarse deberán ser las más grandes, tales como telefónicas, energéticas y de transporte regular.

Las "obligaciones lingüísticas" establecen que se deberán formular tanto en euskera como en castellano todo tipo de señalizaciones, rótulos y carteles, impresos y catálogos, además de los contratos y otras notificaciones, como facturas, presupuestos o resguardos de depósitos.