El 20 de octubre de 1999, M.B.R. esperaba en un pasillo a que abrieran un aula del Instituto Júlia Minguell cuando varias alumnas la empujaron contra la pared. La sentencia afirma que las chicas tenían "fama de conflictivas" y los responsables sabían que antes de entrar en clase "solía formarse un barullo", pero en el momento de la agresión no había ningún profesor presente. A consecuencia de la "agresión violenta", la chica sufre coxalgia --artritis muy dolorosa--, atrofia severa de la musculatura de la pierna izquierda y cojera deambulatoria, por lo que no puede hacer deporte. Además, puede que deban colocarle una prótesis en la cadera, una operación que se sumará a las cuatro intervenciones a las que ya ha sido sometida.
La Conselleria emitió una resolución administrativa en la que desestimó abonar a la joven y a sus padres los 120.202 euros que solicitaban en concepto de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios, por lo que la familia llevó el caso ante el TSJC.
La Generalitat alegó que los hechos se produjeron "de forma accidental e imprevisible", ya que fueron unas alumnas las que empujaron a M.B.R., lo que, a su entender, rompe la relación causal. Por su parte, la aseguradora sostuvo que los hechos no pueden imputarse a la falta de vigilancia e insinuó la existencia de alguna patología previa.
La Sala Contencioso administrativa afirma en la sentencia que "si el centro escolar conocía la agresividad violenta de esas alumnas, debió haber adoptado las medidas prudenciales con el fin de evitar hechos lamentables como el presente".
Por eso, y teniendo en cuenta la "imposibilidad de que M.B.R. vuelva a tener una vida normal", el tribunal ha condenado a Educación a pagar 100.000 euros a la chica y a sus padres.
