Nada menos que 30.000 inmigrantes irregulares africanos –casi 25.300 más que en 2005– arribaron masivamente a lo largo del año que ahora termina a las costas del archipiélago canario. El tranquilo y turístico Puerto de Los Cristianos, al sur de Tenerife, se convirtió en 2006 en un surrealista escenario en el que se combinaban los visitantes europeos en traje de baño y las angustiadas caras de personas de color, exhaustas, con signos de hipotermia y, en algunos casos, con claros indicios de depresión. En años anteriores, las costas andaluzas habían sido las más “castigadas” por las llegadas masivas de estos dolorosos éxodos, aunque también Fuerteventura y Lanzarote eran destinos frecuentes de pateras y otras embarcaciones similares. En 2006, de pronto, la “isla amable” se encontró con una auténtica avalancha de cayucos, procedentes en primer lugar de Mauritania y, después, de Senegal e incluso Guinea Bissau.
Al parecer, el refuerzo del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en las costas andaluzas y los mayores controles de las marroquíes llevaron a un aumento de la presión migratoria en las islas sureñas. En este sentido, el hecho de que el recorrido sea mayor entre el punto de partida y el destino ha complicado el trayecto de las frágiles pateras, de modo que éstas fueron sustituidas por cayucos, embarcaciones de fibra de vidrio más resistentes y autónomas.
A pesar de los intentos de las instituciones de frenar y controlar este fenómeno imparable, las llegadas casi diarias de cayucos con decenas e incluso centenares de personas (el 3 de setiembre arribaron 759 inmigrantes a las costas canarias) obligaron a dotar al archipiélago de más medios materiales y humanos.
92.000 repatriados
Durante este año, un total de 92.000 inmigrantes irregulares fueron repatriados a sus países desde el Estado español, lo que evidencia que Canarias, a pesar de ser la zona más afectada en 2006, no es la única con este problema que afrontar. Por ello, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se reunió con las ONG y las comunidades autónomas para que incrementaran la capacidad de acogida de inmigrantes. Asimismo, en verano el Gobierno español aumentó los medios materiales y humanos para controlar las fronteras, lanzando una ofensiva diplomática que se reforzó desde la aprobación en mayo del informe sobre el Plan África (2006-2008), con el fin de contener la inmigración ilegal.
Mientras Coalición Canaria acusaba hace unos días a instituciones españolas y europeas de «mirar para otro lado» ante el «cementerio del Atlántico» –unas 300 personas murieron intentando alcanzar la costa–, el barómetro del CIS señaló en octubre cómo la inmigración fue de nuevo la mayor preocupación de los ciudadanos.
