EL COSTE de la siniestralidad laboral en el Estado español en 2003 alcanzó «al menos» 13.085 millones de euros, el 1,76% del PIB, según un informe de CC.OO. presentado ayer por su secretario confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral, Joaquín Nieto, quien auguró que el coste de 2004 será similar.
El informe distingue entre los costes explícitos (7.194 millones de euros) donde se incluyen el coste de las jornadas perdidas (1.716 millones de euros) y el de cobertura de riesgos profesionales (5.478 millones de euros), y los implícitos (5.891 millones).
Estos últimos incluyen el coste en siniestralidad laboral de los autónomos (1.441 millones, el 11% del total), de la economía sumergida (1.178 millones, el 9%), de los afiliados a MUFACE (329 millones, el 2%), del gasto del sistema público no declarado como profesional (2.832 millones, el 22%) y las sanciones impuestas por Inspección de Trabajo (111 millones, el 1%).
Nieto destacó que el 22% correspondiente al conste que asume el sistema público de salud de atención a accidentes y enfermedades profesionales es «el que pagamos con los impuestos».
Así, explicó que muchos de los accidentes de trabajo se desvían al Sistema Público de Salud porque, inicialmente, no son considerados como tales, y afirmó que los cálculos «más modestos» cifran en 2.832 millones de euros el gasto del sistema público de salud por este concepto.
Nieto destacó que, aunque en 2003 aumentó el porcentaje del PIB que representó el coste de la siniestralidad laboral de 2002 (del 1,72 al 1,76%), este porcentaje es muy bajo en relación con el calculado por la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo (entre el 2,6 y el 3,8%) y la OIT (4%). |
