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Aplazado el macroproceso
EL JUICIO contra 32 miembros de las organizaciones juveniles Jarrai-Haika-Segi acusados de los delitos de pertenencia o colaboración con la banda terrorista ETA quedó suspendido hasta el próximo viernes, ante la ausencia de dos de los principales implicados y por defectos en la resolución de los recursos presentados por los abogados de la defensa. Aunque corto, el aplazamiento acrecienta la expectación ante este macroproceso, el primero de los varios que podrían celebrarse en contra del llamado entorno de ETA impulsados por las más que discutibles investigaciones iniciadas hace seis años por Baltasar Garzón; convertido, voluntaria o inconscientemente, en herramienta fundamental de la feroz campaña de criminalización contra la izquierda radical abertzale, y todo el nacionalismo vasco, promovida obsesivamente por Aznar.
DESPUÉS DE TANTO tiempo, parece que llega la hora de comprobar ante un tribunal si realmente existen pruebas válidas y contundentes que demuestren tales acusaciones, o si se trata simplemente de sospechas, insinuaciones, convicciones y juicios de valor; como algunas de las contenidas en el famoso sumario ‘‘18-98’’. Si tuviesen esas evidencias, no se entiende el retraso en la celebración del juicio; hasta el punto de que el fiscal mostró ayer su preocupación por la posibilidad de que, si se produce un nuevo retraso de la vista oral, se rebase el plazo máximo de prisión preventiva de cuatro años, que varios de los encausados cumplen en marzo. Una dilación, en éste y otros procesos, que muchos consideran injustificada, pero que cumple, sin necesidad de sentencia condenatoria, la función de destruir las estructuras políticas, económicas, sociales e informativas (ahí están los casos inexplicables de los diarios ‘‘Egin’’ y ‘‘Egunkaria’’) de la izquierda abertzale. Son unas acciones judiciales, complementadas con otras legislativas, con un trasfondo y unos efectos políticos evidentes, que el PP de Aznar alentó con todos los medios, con el silencio cómplice del PSOE. Les corresponde a los socialistas, ahora en el poder central, asumir las consecuencias de las resoluciones, que las tendrán cualquiera que sea su sentido. No se olvide que este primer macroproceso llega en el momento en que, según los indicios, el presidente Rodríguez Zapatero trata de encontrar o negociar una fórmula que permita la participación en las inminentes elecciones vascas de la ilegalizada Batasuna.
Seguridad rentable
EL ALARMANTE número de muertos en accidente laboral en el primer mes de 2005 debería sensibilizar a todos los agentes económicos, sociales, sindicales y políticos sobre la necesidad de colaboración conjunta para completar y perfeccionar las medidas de seguridad y garantizar el estricto cumplimiento de las mismas. Un esfuerzo que, además de la satisfacción emocional por lograr reducir los efectos de la tragedia, sería rentable en términos económicos; pues, según un informe de CC.OO., el coste de la siniestralidad laboral en el Estado fue de 13.085 millones de euros en 2003. Razones de todo tipo que justifican la urgencia de la elaboración de un Plan Estratégico consensuado entre todos. |
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