Durante el año pasado, 74 personas solicitaron asilo político en Bizkaia, según la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi (CEAR), que es la única organización que trabaja en la protección de los derechos de los refugiados que llegan a nuestras fronteras huyendo de la persecución que sufren en sus países de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, o por causas tales como la pertenencia a un determinado grupo social u opinión política.
De las 74 peticiones de asilo tramitadas por CEAR Euskadi durante el año pasado, 45 correspondieron a las efectuadas por hombres y las 29 restantes las realizaron mujeres. En función de su país de origen, el 76% de los refugiados procedían del África subsahariana: Costa de Marfil, Angola, Congo y Liberia. En segundo término se encontraba Suramérica con diez peticiones de asilo -Colombia y Perú principalmente-, seguida de Europa del Este, con ocho nuevas solicitudes.
Esta cifra sitúa a Bizkaia como el séptimo territorio receptor de refugiados a nivel estatal, un puesto nada desdeñable si se toma en consideración el hecho de que el herrialde vizcaino es con, 13.972 inmigrantes "con papeles", uno de los lugares del Estado menos elegidos por los extranjeros como destino.
Aunque las 74 peticiones puedan parecer irrisorias en comparación con las decenas de miles de inmigrantes que intentan entrar en el Estado cada año, los refugiados son, en palabras del presidente de CEAR Euskadi, Javier Galparsoro, «un colectivo especialmente vulnerable, ya que salen de sus países no para mejorar su status económico, sino porque viven situaciones extremas en las que son perseguidos y vapuleados por los regímenes de sus países».
Así y todo, Galparsoro denunció que actualmente existe una crisis generalizada del derecho de asilo, fruto de la «psicosis por la seguridad» que surgió como consecuencia de los atentados del 11-S en Nueva York. En el caso del Estado español se ha agravado aún más esta situación desde la entrada en vigor de la Ley de Extranjería y las duras sanciones económicas impuestas a los transportistas. Un polizón o un refugiado puede costarle a una compañía entre 1 y 1,5 millones de euros.
Como muestra de la naturaleza «mezquina» del procedimiento de asilo, cabe señalar que de cada cien solicitantes, sólo cuatro logran la condición de refugiado. Y es que, según Galparsoro, «el futuro de una persona se ventila sin que su caso haya sido siquiera admitido a trámite por Madrid».
Además, denunció que tanto la Delegación de Gobierno como la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia «incumplen sistemáticamente la legalidad vigente, ya que no garantizan a los polizones el derecho de asistencia letrada y médica, que por ley tienen todas aquellas personas que están en el Estado», sentenció. La asistencia legal y sanitaria a los polizones que llegan escondidos en los barcos que atracan en nuestros puertos, es el gran caballo de batalla de CEAR.
Por ello, destacan la necesidad de que el Gobierno vasco asuma las competencias sobre los puertos. «Euskadi sabe mucho de refugio, ya que muchos vascos tuvieron que emigrar por razones políticas y encontraron protección en otros países», apuntó Galparsoro. Esta actitud, señaló, «nos facilitaría mucho nuestra labor, así como la asistencia médica en la primera visita al barco».
El caso más reciente ha sido el de un joven de 17 años natural de Casablanca que llegó el pasado 23 de diciembre a Pasaia a bordo del "Jana", de bandera de Barbados procedente del puerto ruso de San Petersburgo. «No recibió asistencia letrada y continúa desaparecido» después de que se escapase del hospital al que fue trasladado por la Policía para ser sometido a pruebas que determinasen su edad «sin que la Fiscalía de Menores de la Audiencia Provincial de Donostia lo autorizase», denuncia Galparsoro, quien ha solicitado que se abra una investigación. |
