La directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, aseguró ayer, en relación al hecho de que la UPV haya matriculado a 57 presos de ETA recluidos en Francia, que es «muy partidaria» de que «el trabajo, la educación y la cultura entren en los centros penitenciarios», con la «garantía de que esas actividades van a servir para ayudar a la reinserción y reeducación» de los presos «y no para otro tipo de finalidades»
En una rueda de prensa en Donostia, Gallizo explicó que este tema no es de competencia de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias porque, según señaló, se refiere a «personas que están cumpliendo su condena en otros países» y no «están en su jurisdicción».
Por su parte, la ministra española de Educación, María Jesús San Segundo, declaró que había hablado con el rector de la Universidad del País Vasco y éste le había asegurado que está a favor de que se cumpla la legalidad vigente, mientras que el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguró que «en el caso de que existan bases para estimar que se ha intentado conculcar la legalidad ejercerá las acciones pertinentes».
El PSE-EE estará «vigilante»
El coordinador de la Ejecutiva de PSE-EE, Rodolfo Ares, expresó su deseo de que se aplique la legalidad respecto a los presos que desean estudiar en la UPV y dijo que su formación estará «vigilante» para que ésta se aplique.
Por último, el parlamentario del PP Iñaki Ortega pidió la comparecencia del rector de la UPV ante la Diputación Permanente del Parlamento vasco para que aclare las razones por las que ha consentido la matriculación de los citados presos. |
